Hace casi veinticinco años estuve viviendo en Lavapiés, concretamente en la corrala de la calle Espino; antes de que empresas patrimoniales vinculadas a discretas family offices empezaran a pensar en gentrificar el barrio. Por aquel entonces estaban muy ocupadas duplicando las rentas en Chueca; el invento de TriBall vendría después. Conviene respetar la cronología, incluso cuando uno está poniendo a parir al sector que le da de comer.
TriBall, para quienes no lo recuerden, fue aquel proyecto de convertir el entorno de Ballesta en una especie de Soho madrileño, comprando locales y transformando comercialmente la zona. Se presentó en 2008, con unas expectativas de revalorización bastante explícitas, aunque dos años después las crónicas ya hablaban de objetivos incumplidos. El Hombre Malo escribió entonces en Plutonverbenero denunciando que el Ayuntamiento de Gallardón estaba poniendo sus recursos al servicio de aquella operación privada. Han pasado dieciséis años y seguimos discutiendo quién decide qué gente sobra en un barrio.
No voy a contarles que el Lavapiés donde viví era un falansterio. Había problemas: drogas, miseria, suciedad, pero también gente humilde que podía pagar una casa en el centro de Madrid. Cuando ahora leo las noticias sobre Tribulete pienso en eso, porque llevo suficientes años trabajando con inmuebles para saber lo que significa que alguien descubra las posibilidades de un edificio cuyos vecinos pagan menos de lo que el mercado permitiría cobrar.
Hoy hemos conocido el archivo provisional de la causa penal por presunto acoso inmobiliario de Tribulete, 7. La magistrada considera que no hay indicios suficientes de que las obras se utilizaran para expulsarlos y, según los pasajes del auto publicados por la prensa, las goteras, humedades, grietas y desprendimientos no eran excepcionales durante unas obras de esas características.
A mí, leyendo lo que han contado los vecinos, me parece que las obras se utilizaron precisamente para incordiarlos hasta que se fueran. Que hubiera trabajos que realizar no cambia esa impresión. Una reforma puede ser necesaria y aprovecharse para hacerle la vida imposible a quien sigue viviendo dentro, igual que uno puede tener derecho a reclamar una deuda y no tenerlo a perseguir al deudor por la calle megáfono en mano.
El artículo 173.1 del Código Penal castiga con entre seis meses y dos años de prisión a quien realiza reiteradamente actos hostiles o humillantes con la finalidad de impedir el disfrute legítimo de una vivienda. Para entendernos, hacerle la vida imposible a alguien donde tiene derecho a vivir. Hay que demostrar que los actos se repiten y que persiguen ese propósito. Lo complicado suele estar en esto último, porque quien quiere echarte rara vez tiene la amabilidad de explicarte por escrito cómo piensa conseguirlo.
Elix Rental Housing, la socimi gestionada por AltamarCAM y ELIX, compró el edificio en marzo de 2024. Y en AltamarCAM encontramos a su cofundador y presidente ejecutivo, Claudio Aguirre Pemán, primo de Esperanza Aguirre. Lo del primo no explica por sí solo lo ocurrido en Tribulete, pero tampoco veo por qué tendría que ahorrárselo al lector.
Los residentes denunciaron ruidos, filtraciones, inundaciones y desprendimientos que relacionaban con una estrategia para forzar su salida. La propiedad negó el acoso y defendió la necesidad de las reformas y las alternativas de alojamiento que había ofrecido. No he conseguido el auto completo; mi opinión se basa en las informaciones publicadas, y con ellas la explicación de los vecinos me resulta bastante más que convincente. Precisamente porque se como funciona el sector.
Por mi trabajo sé cómo se hacen las cuentas de una compra de estas características. Se estudian los contratos, las rentas y los vencimientos; cuánto cuesta adquirir el edificio, cuánto habrá que gastarse y qué podrá cobrarse después. Si recuperar una vivienda permite reformarla y volver a alquilarla por bastante más dinero, cada mes que continúa el inquilino afecta a las previsiones. No hace falta que nadie me descubra esa parte del negocio.
Y si el vecino no se marcha cuando uno esperaba, las cuentas empiezan a salir peor. Puede negociarse con él, esperar a que termine su contrato o acudir a los tribunales cuando corresponda. También puede intentarse que termine harto y se vaya por su cuenta. Esto último es lo que denunciaban los de Tribulete.
Para examinarlo habrá que mirar cómo se ejecutaron las obras, qué consecuencias tuvieron, cuánto duraron los problemas y qué respuesta recibieron quienes los sufrían. El interés económico en recuperar las viviendas no demuestra por sí solo un delito, pero explica por qué importa relacionar lo que ocurre dentro del edificio con las decisiones de quien lo ha comprado.
Y aquí llegamos al problema, porque demostrar para qué hace alguien las cosas siempre es complicado, pero si quien tiene que examinarlo se empeña en mirar cada episodio por separado, ya podemos irnos a casa. Una gotera puede producirse durante unas obras, un desprendimiento también, y el ruido, naturalmente, es inevitable. Todo tiene explicación hasta que uno junta las explicaciones y descubre que quien necesita recuperar las viviendas está haciendo unas obras que, según denuncian quienes siguen dentro, les hacen la vida imposible. Ahí es donde habría que mirar.
Los abogados sabemos que las intenciones se deducen de los hechos, y los jueces también. Nadie espera encontrar un acta del consejo de administración donde se acuerde por unanimidad amargarles la existencia a los del tercero centro. Habrá que estudiar lo que pasó antes, durante y después, porque el vecino difícilmente podrá aportar una confesión del propietario.
Que las obras tengan licencia no resuelve esa cuestión. Tampoco que algunas fueran necesarias. Se puede arreglar una cubierta y aprovechar la manera de hacerlo para que el vecino termine marchándose-¡uy, se ha caido el falso techo; una cosa no impide la otra. Precisamente por eso importa cómo se ejecutaron los trabajos y qué hicieron sus responsables cuando los residentes protestaron.
Pero si la Toga Nostra no quiere verlo, no va a haber manera de demostrarlo. Siempre faltará algo. Cada incidente tendrá su explicación y el propósito de expulsar a los vecinos seguirá sin aparecer, porque habremos tenido el cuidado de desmontar los hechos antes de examinarlos juntos. Después podremos escribir que no hay indicios suficientes y dejarles abiertas las acciones civiles, que queda estupendamente al final de un auto.
El vecino tendrá que seguir gastando dinero para explicar lo que lleva meses sufriendo. Y nosotros tendremos un delito de acoso inmobiliario que, sobre el papel, protege su derecho a vivir en casa, pero que a la hora de aplicarlo exige una intención que nadie parece dispuesto a reconocer.
Si no quieren verlo, que al menos disimulen un poco. Porque exigir pruebas y cerrar los ojos son cosas bastante distintas.