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Existe una vieja broma en las redacciones. Cuando se acerca una final, una elección o la muerte anunciada de algún anciano ilustre, se preparan varias versiones de los artículos. Si gana A, se publica el A. Si gana B, el B. Si palma el Papa o el Rey, el obituario. Si sobrevive, al cajón hasta que se suba al árbol…

Es una práctica perfectamente razonable. Lo que no suele hacerse es publicar el artículo equivocado, que es exactamente lo que parece haber ocurrido con la columna que Arcadi Espada firmó en El Mundo bajo el solemne título “Nunca es solo fútbol, recordadlo siempre»

Porque, efectivamente, nunca fue solo fútbol. Espada construye una tesis a la medida de la inquina que le tiene a la idea de ese país que sólo está en su cabeza. España perdería porque España está perdida. La selección representa a un país mediocre, enemigo del mérito, entregado a un igualitarismo woke, incapaz de la excelencia y moralmente exhausto. El vestuario es una metáfora nacional. Los once jugadores son cuarenta y ocho millones de españoles con botas.

Todo muy orteguiano.

Solo había un pequeño inconveniente: España no perdió; ganó a Bélgica, ganó a Francia y acabó levantando la Copa del Mundo.

Es difícil imaginar una refutación más elegante. No hizo falta escribir una réplica. Bastó con jugar los partidos.

Lo fascinante del episodio no es el error. Cualquiera puede equivocarse haciendo un pronóstico. Lo interesante es que el texto demuestra que el resultado era irrelevante para Arcada. Leed la columna con calma. No aparece un rival. No aparece un marcador. No aparece una jugada. No aparece una decisión arbitral. No aparece un nombre propio. Podría haberse publicado tras perder con Francia, con Alemania o con el equipo de Rugby de la Complutense.

Esto revela algo bastante más interesante que una torpeza editorial. Revela una forma de entender el periodismo de opinión por parte de El Inmundo. Antes, los articulistas observaban un hecho y elaboraban una interpretación. Ahora, algunos llegan con la interpretación escrita de casa y esperan pacientemente a que los hechos tengan la cortesía de ajustarse al guion.

Cuando la realidad coopera, el articulista parece un profeta. Cuando no coopera, ocurre esto. Hay una frase especialmente deliciosa. Dice Espada: «Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella.» Es una frase magnífica. Tan magnífica que admite la inversión exacta. Ninguna selección triunfa sola: triunfa el país que se proyectaba en ella.

Así que, siguiendo la lógica del propio artículo, habría que concluir que la España mestiza, igualitaria y risueña —esa misma de la que el autor se burlaba en la entradilla— acaba de proclamarse campeona del mundo.

Naturalmente, nadie espera que Arcadi Espada escriba esa columna, porque el problema nunca fue el fútbol, ni siquiera España; el problema era que la conclusión estaba decidida para Espada antes de que rodara el balón.

Este pequeño accidente editorial tiene un enorme valor pedagógico. Durante unos minutos hemos podido ver el mecanismo interno del columnismo contemporáneo. No se trata de explicar la realidad. Se trata de ilustrar una tesis previa. Los hechos son simples figurantes. Si ayudan, se citan. Si estorban, se ignoran. Y si el becario pulsa el botón equivocado y publica el artículo destinado a una realidad alternativa, el truco queda al descubierto.

La selección ganó otro Mundial y El Mundo y Espada perdieron una oportunidad magnífica para recordar cuál debería ser el orden natural de las cosas: Primero ocurre la realidad y después se escribe el artículo. No al revés.

Como muchas veces, estaba tirado en la cama haciendo dooms­crolling, ese estado mental entre el cansancio y la curiosidad malsana en el que uno deja que el algoritmo decida por él. Entre un vídeo de Bad Bunny en la Super Bowl que me hace dudar de mi heterosexualidad y otro de builds rotísimas para Baldur’s Gate 3, me apareció de pronto un vídeo de “inversión inmobiliaria”. Yo qué sé. El algoritmo se ha vuelto loco o ha decidido que ya soy oficialmente un señor mayor. En cualquier caso, lo vi. Y como suele ocurrir con este tipo de contenidos, no era solo una propuesta económica: era toda una visión del mundo condensada en un minuto.

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Vivimos en un ecosistema moral lo suficientemente degradado como para que alguien pueda explicar sin rubor, y sin temor a que le den una paliza- cómo enriquecerse explotando la precariedad ajena. Y hacerlo, además, reclamando admiración. No queda más remedio que escribir. No para debatir, porque con una lógica así no se dialoga. Se señala. Lo que hay ahí no es audacia ni inteligencia. Es bancarrota moral. Es confundir lucidez con parasitismo. Es necesitar una indigencia ética absoluta para presentar la degradación consciente de una necesidad básica como es la vivienda como mérito personal. Y es asumir, sin vergüenza alguna, que vivir de empeorar la vida de otros puede exhibirse en público como si fuera una virtud.

El mensaje del reel era sencillo y pretendidamente incontestable. Comprar una vivienda en una zona buena para alquilarla de forma estable es una mala decisión. Lo inteligente, lo verdaderamente racional, es comprar en barrios humildes, dividir los pisos en habitaciones, meter a cuanta más gente mejor y triplicar la rentabilidad. Los números no mienten. El que compra en zonas consolidadas paga prestigio, paga marca, paga estética. El inversor despierto, en cambio, va donde “dan los números”. El dinero inteligente no busca belleza ni calidad urbana: busca rendimiento.

Este tipo de discurso se presenta siempre como una revelación incómoda, como una verdad que solo los valientes se atreven a decir. No es ideología, insisten, son matemáticas. Pero esa supuesta neutralidad es una trampa. Las matemáticas describen resultados, no justifican decisiones. Que algo sea más rentable no lo convierte en legítimo ni en moralmente aceptable. Si ese fuera el criterio último, cualquier práctica lucrativa sería defendible por el mero hecho de producir beneficios, con independencia de cómo los produce y a costa de quién.

Lo que se está defendiendo aquí no es simplemente una estrategia de inversión más agresiva. Es un modelo que depende estructuralmente de la precariedad; de degradar nuestros barrios. No funciona a pesar de ella, sino gracias a ella. La alta rentabilidad del alquiler por habitaciones en determinadas zonas no surge de la innovación, ni de una mejora del servicio, ni de una asignación más eficiente de recursos. Surge de la escasez de vivienda, de la falta de alternativas y de la necesidad de personas que no pueden permitirse otra cosa. La vulnerabilidad se convierte en la materia prima del negocio.

Para que este modelo resulte defendible, es necesario reducir la vivienda a un activo financiero cualquiera. Pero esa reducción es conceptualmente falsa y moralmente peligrosa. La vivienda no es un bien ordinario. Es el soporte material de la vida cotidiana, de la intimidad, de la estabilidad personal y familiar. Tratarla como una ficha más en una cartera de inversión implica asumir que esas dimensiones son irrelevantes frente al beneficio. Cuando se celebra que meter más personas en menos espacio es “optimización”, lo que se está diciendo, sin rodeos, es que la dignidad es un coste prescindible.

El lenguaje neoliberal delata la lógica de fondo. No se habla de hogares, sino de activos. No se habla de personas, sino de riesgo. Un solo inquilino es peligroso; treinta inquilinos son diversificación. El impago deja de ser un problema humano para convertirse en una variable estadística que se diluye cuanto más fragmentada esté la vivienda. Cada persona pasa a ser sustituible, intercambiable, fácilmente reemplazable. Esa sustituibilidad no es un efecto colateral: es el objetivo.

Este modo de pensar no aparece por accidente. Es la consecuencia directa de expulsar cualquier consideración ética del análisis económico. Cuando se presume de tener treinta inquilinos en lugar de uno como si fuera una genialidad, lo que se está celebrando es la capacidad de reducir el poder de negociación de cada individuo y de hacer que ninguno importe demasiado. Es una lógica conocida en otros ámbitos de explotación: cuanto menos imprescindible es cada persona, más rentable resulta el sistema.

La degradación del mercado inmobiliario no se produce de golpe, sino de forma paulativa. Cada piso convertido en colmena elimina una posibilidad de vivienda estable. Cada propietario que opta por el alquiler por habitaciones porque “da más” contribuye a tensionar el mercado del alquiler tradicional y a empujar a más personas hacia ese mismo modelo precario. La precariedad genera rentabilidad, y la rentabilidad genera más precariedad. Presentar este proceso como una demostración de inteligencia financiera no es solo cínico: es una forma de legitimar activamente el deterioro.

Para reforzar esta legitimación, se construye una caricatura del inversor que no participa en este juego. El que compra en una buena zona “paga marca”. El que busca estabilidad “compra prestigio”. El que prioriza barrios consolidados, servicios públicos y cohesión vecinal es presentado como un consumidor superficial. Pero lo que realmente se desprecia no es el prestigio, sino la idea misma de que la vivienda deba servir para algo más que para extraer el máximo ingreso posible.

En este marco, la ciudad desaparece como proyecto colectivo. No importa el impacto sobre los barrios, la convivencia, la saturación de servicios o la transformación del tejido social. Todo eso queda fuera del análisis porque no figura en la cuenta de resultados individual. El inversor racional no se pregunta qué ciudad está ayudando a construir, sino cuánto puede sacar de ella. Y esa renuncia a cualquier responsabilidad colectiva es una de las claves de la inmoralidad de este enfoque.

Cuando se señala este problema, la respuesta suele refugiarse en la legalidad. Si es legal, no hay nada que reprochar. Pero la legalidad es un mínimo, no un ideal. Muchas prácticas hoy consideradas injustas fueron legales durante años, y muchas leyes actuales van por detrás de realidades sociales que ya se han degradado. Apelar a la ley para cerrar el debate moral es una forma cómoda de evitar la pregunta esencial: ¿qué tipo de mercado inmobiliario estamos dispuestos a normalizar?

Invertir y obtener beneficios no es inmoral, pero convertir la degradación habitacional en estrategia óptima y presentarla como una forma superior de inteligencia sí que lo es. Porque no se limita a describir una realidad: la promueve, la celebra y la reproduce. Porque convierte una necesidad básica en una oportunidad de extracción y ridiculiza cualquier límite como si fuera ingenuidad.

Durante unos meses, en algún punto entre 2020 y 2021, pareció que como sociedad habíamos aprendido algo. No fue una gran revelación, pero sí una idea elemental: si estás enfermo, no vayas a trabajar. Quédate en casa. No hay mérito en presentarse con fiebre, no hay profesionalidad en toser a un compañero a medio metro, no hay responsabilidad en convertir el lugar de trabajo en un foco de contagio. Era una noción tan básica que resultaba incómodo admitir que había hecho falta una pandemia global para interiorizarla. Durante un tiempo, al menos, pareció asumida.

Ese tiempo ya pasó.

Y no hablo en abstracto. Hablo también de mí. Esta semana he ido a trabajar con casi 39 de fiebre. Lo he hecho convencido de que era necesario, de que no podía faltar, de que mi ausencia iba a causar un problema serio. Me creí imprescindible. Me senté delante de un ordenador mareado, sudando, rindiendo mal, pero con la sensación —absurda— de estar haciendo lo correcto. No lo estaba. No es responsabilidad: es pura inercia y una dosis considerable de ego.

Ya hemos vuelto a una normalidad que consiste en fingir que los cuerpos no importan, que la biología es una molestia secundaria y que los virus solo existen cuando protagonizan ruedas de prensa. Las oficinas vuelven a llenarse de personas con gripe, fiebre, congestión y tos persistente. A veces por decisión propia, muchas otras porque el mensaje sigue ahí, implícito o explícito: hay que estar. “No será para tanto”, “seguro que puedes aguantar”, “ya descansarás luego”. Como si “aguantar” fuera una virtud y no una forma bastante eficaz de empeorar las cosas.

Lo más inquietante no es que ocurra, sino lo rápido que lo hemos normalizado. No ha habido reflexión ni ajuste. Simplemente hemos vuelto a lo de antes porque es lo más cómodo para todos, empezando por quienes no asumen las consecuencias directas. Cuestionar esta dinámica obligaría a revisar demasiadas certezas: cómo se mide la productividad, por qué se sigue confundiendo compromiso con presencia física y hasta qué punto hemos interiorizado que enfermar es una molestia que hay que esconder.

Durante la pandemia se repitió hasta el cansancio —con datos, estudios y expertos exhaustos— que muchos contagios se producen precisamente en los espacios laborales compartidos. Se nos explicó que quedarse en casa cuando uno está enfermo no era falta de implicación, sino prevención básica. Que el teletrabajo era viable en muchos casos. Que la flexibilidad no destruía a las empresas ni paralizaba el mundo.

Pero ese aprendizaje tenía fecha de caducidad. No porque fuera incorrecto, sino porque incomodaba.

El relato actual es simple y peligroso: “ya no hay pandemia, así que no pasa nada”. Como si los virus hubieran desaparecido por decreto. Como si la ausencia de una emergencia oficial anulara cualquier responsabilidad colectiva. La enfermedad vuelve a tratarse como un asunto privado, incluso cuando sus efectos se reparten entre compañeros que no han elegido exponerse.

Aquí entra en juego una cultura laboral tóxica muy arraigada, que yo mismo he reproducido sin cuestionar: la glorificación del aguante. Esa idea de que ir a trabajar enfermo demuestra carácter, compromiso, profesionalidad. Que pedir una baja es exagerar. Que quedarse en casa con fiebre es casi sospechoso. Yo he comprado ese discurso. He actuado en consecuencia. Y el resultado no fue ejemplaridad, sino riesgo innecesario para otros y un rendimiento claramente peor.

Lo irónico es que, durante la pandemia, muchas empresas demostraron que podían ser flexibles. Que podían confiar. Que podían priorizar la salud sin que todo se viniera abajo. Y, sin embargo, en cuanto desapareció la presión externa, esa flexibilidad se replegó. No porque no funcionara, sino porque aceptar que funcionaba obligaba a reconocer algo incómodo: muchas normas laborales no son necesarias, solo heredadas.

Volver al “ven aunque estés enfermo” es trasladar el riesgo al individuo mientras se mantiene intacta la estructura. Se apela al sacrificio personal, pero se ignora el impacto colectivo. Se normaliza que alguien con síntomas se siente en una oficina cerrada, pero se cuestiona a quien pide quedarse en casa para no contagiar. Y así, poco a poco, se interioriza la idea de que el problema no es el sistema, sino quien no se adapta a él.

No se trata de vivir con miedo ni de dramatizar cada resfriado. Se trata de no olvidar una lección básica: compartimos espacios, aire y tiempo. Lo que le pasa a uno rara vez se queda solo en uno. Yo no era indispensable con 39 de fiebre. Nadie lo es. Pensarlo no nos hace responsables; nos hace parte del problema.

Quizá el verdadero fracaso no sea haber relajado las medidas, sino haber olvidado por qué existían. No eran exageraciones ni manías temporales. Eran respuestas prácticas a una realidad evidente. Fingir que ya no importa es cómodo, pero profundamente irresponsable.

Así que aquí estamos otra vez, en invierno, con oficinas llenas de toses, transporte público convertido en un experimento permanente y un consenso silencioso de que esto es “lo normal”. Como si no se hubiera demostrado que podía hacerse mejor. Como si aprender algo hubiera sido solo una obligación pasajera.

La pandemia no nos hizo más solidarios ni más conscientes. Durante un breve periodo, nos obligó —a empresas y a trabajadores— a comportarnos mejor de lo que queríamos. En cuanto dejó de ser obligatorio, muchos dejaron de hacerlo. Y otros, como yo, volvimos a creernos indispensables, incluso cuando apenas podíamos mantenernos en pie.

En la oficina desayunan con cava todos los días desde que Junts anunciara que rompía el bloque de investidura, pensando que la situación en el soviet bolivariano de la España de Sanchinistan es absolutamente insostenible.

Ya hace mucho tiempo que aprendí a no discutir con los jefes, pero eso no quita que esté convencido de que no vamos a ir a elecciones -por lo menos en los próximos meses-, por mucho que el ambiente huela a disolución. Ni el PSOE ni el PP tienen la más mínima intención de jugársela en las urnas. Y no porque teman perder —eso ya lo dan por amortizado—, sino porque sus “aliados” se les están comiendo la tostada con una tranquilidad pasmosa. Cada semana que pasa, los socios menores ganan foco, marcan los ritmos y reducen al partido grande a una figura de protocolo, esa especie de mayordomo institucional que todavía firma los decretos pero ya no manda del todo.

En Valencia, el relevo de Mazón por Pérez Llorca ha sido el gesto clásico del político que cambia de corbata para seguir igual. Feijóo lo vendió como renovación, pero lo que tiene es un incendio con el nombre de Vox escrito en la pared. El socio “incómodo” ya dicta la agenda y se permite incluso marcarle el tono moral a los populares, que solo pueden asentir con sonrisa de contención. Feijóo mira la escena desde Madrid con cara de “todo controlado” mientras se le descosen los pactos por las costuras. Convocar elecciones allí sería darle a Vox la campaña hecha y el escaño de propina.

El PSOE, por su parte, se aferra al discurso del agravio y la épica de la resistencia, pero la realidad es que ya no tiene a Junts sujetándole el andamio. El apoyo se les ha evaporado entre chantajes cruzados y calendarios imposibles, y ahora todas las leyes pendientes —la de vivienda, la de función pública, la de seguridad nacional— cuelgan de un hilo tan fino que ya ni en Moncloa saben si se aprobarán o se archivarán con dignidad. Sánchez sobrevive a base de comunicados, improvisación y la esperanza de que el calendario juegue a su favor. Pero en política el tiempo nunca es neutral: mientras sus socios se pasean por los platós como árbitros morales del Estado, el PSOE se queda mirando las votaciones como quien espera una moneda al aire.

En Extremadura las elecciones ya están convocadas, y nadie parece tener demasiadas ganas. Feijóo llega con un PP desorientado y una derecha fracturada; el PSOE, con la esperanza tímida de rascar un titular o una foto de victoria moral. Ninguno cree de verdad que vaya a ganar, solo que el otro puede perder un poco más. Y eso, en la política actual, ya cuenta como éxito.

El fondo del asunto es que los dos grandes partidos están atrapados en el mismo bucle: no pueden ir a elecciones porque sus aliados y sus propios barones se han vuelto imprevisibles. Feijóo necesita tiempo, y no solo para mantener a raya a Vox, sino para desactivar a Ayuso, que le pisa los talones y ya hace campaña con la naturalidad de quien no necesita permiso. Si Feijóo no logra neutralizarla antes de 2027, su liderazgo acabará como tantos otros en el PP: envuelto en elogios póstumos y cenas discretas.

Sánchez tampoco puede moverse. Sin Junts, su aritmética parlamentaria es un castillo de naipes y cualquier ley puede convertirse en el golpe de viento final. Tiene que resistir sin gobernar demasiado, fingir control mientras negocia cada coma con partidos que viven mejor siendo árbitros que socios. Convocar elecciones sería regalarle a la derecha el argumento de que “Madrid no escucha” y arriesgarse a un resultado donde el PSOE ni sume ni lidere.

Así que no, no habrá elecciones pronto. No porque el país no las necesite, sino porque a quienes mandan no les conviene. Los unos temen a sus socios, los otros a sus compañeros de bancada. Feijóo quiere tiempo para coser sus costuras internas; Sánchez, para evitar que el castillo se le derrumbe del todo. Y mientras tanto, la ciudadanía observa resignada cómo ambos partidos se reparten los restos del poder, como dos gatos frente a una sardina: uno la araña, el otro la huele, pero ninguno se atreve a dar el mordisco final por miedo a quedarse sin nada.

“En la sombría oscuridad del lejano futuro, sólo hay guerra”.

Y una pila de miniaturas sin destroquelar que me produce mucha ansiedad.

Buena parte del hobby de los moñecos consiste en personalizar las miniaturas. Durante décadas, los aficionados han modificado figuras con masilla verde, limas, piezas sueltas y pintura, transformando un producto estandarizado en algo único. Esa práctica artesanal forma parte del ADN del wargaming desde mucho antes de que la industria descubriera su rentabilidad. Pero en los últimos diez años, la irrupción de las impresoras 3D ha multiplicado exponencialmente las posibilidades creativas de la gente que, en vez de manos, tenemos muñones. Lo que antes era lento y limitado hoy está al alcance de cualquiera con un archivo STL, una impresora 3D y un poco de tiempo libre. Y esa transformación silenciosa ha terminado por abrir una grieta profunda entre la comunidad y la empresa que domina el sector.

Acompáñenme para esa estremecedora historia de terror, hipocresía y gente con una higiene corporal discutible.

Games Workshop – Citadel, la empresa responsable de Warhammer y que acapara un 90% del mercado del wargamming a nivel mundial – fuente, “my tanned balls”- ha demandado al estudio italiano Ghamak, especializado en esculturas 3D imprimibles, por “concorrenza sleale”, competencia desleal según el artículo 2.598 del Código Civil italiano. No es la primera vez que GW intenta proteger su dominio sobre Warhammer, pero esta vez -al igual que en el pleito de Chaperhouse syudios, del que hablaremos otro día- no va tras copias exactas salidas de un taller de resina de Shenzhen -al que sólo se tiene acceso a través de una discreta ML-: acusa a Ghamak de beneficiarse sistemáticamente de su inversión en Propiedad Intelectual a través de un catálogo que, sin reproducir signos distintivos, resulta funcionalmente intercambiable con el suyo. Esta vía legal evita la necesidad de demostrar infracciones pieza a pieza: basta con alegar que la actividad económica del demandado se basa en “parasitismo” —aprovechar la reputación y el trabajo ajeno sin un esfuerzo equivalente.

El caso es llamativo porque Ghamak no es cualquier escultor. Lleva años ofreciendo líneas completas de miniaturas “compatibles”, muchas inspiradas en facciones icónicas, bien conocidas por jugadores de Warhammer. No se trata de bits sueltos o guiños puntuales -como lo era Chaper House-: es un catálogo paralelo capaz de equipar un ejército entero, vendiendo por fuera del circuito oficial. Y eso, desde la perspectiva jurídica italiana, encaja en el molde perfecto de la competencia parasitaria. No hace falta confusión de marca ni plagio literal: basta con demostrar que la estrategia comercial depende de la existencia del competidor dominante. En este caso, GW.

La ironía es obvia para cualquiera que haya prestado atención a su historia. La empresa británica nunca se caracterizó por su imaginación virginal. Los Necrones nacieron como copias directas de los Terminators de James Cameron, los Tiranidos lo eran de Alien de Giger y Scott, los Arbites son un calco amable de los jueces de Mega City One – GW era la depositaria d ellos derechos para un juego de miniaturas del Juez Dredd en los 80-. Y en los conceptos pasa lo mismo: el Imperio de la Humanidad bebe de Dune y el Caos surge en línea directa de Michael Moorcock. Warhammer nació mezclando tropos ajenos y construyendo con ellos un lenguaje visual potente. Y hoy, tras décadas de apropiación, exige a otros lo que nunca hizo.

La elección de la competencia desleal como estrategia legal no es casual. Litigar por copyright obliga a demostrar qué pieza fue copiada, cuándo, con qué originalidad y bajo qué derechos. La figura del parasitismo permite en cambio un ataque más amplio y económico: no se discute la forma de una hombrera, sino la lógica entera de un negocio. Si GW logra que un tribunal italiano confirme que Ghamak vive de su inversión creativa, el golpe será devastador para un sector de escultores independientes que floreció gracias a la impresión 3D. No se trata de un simple pleito comercial: es una declaración de intenciones sobre quién manda en el hobby.

Italia es un terreno fértil para esta jugada. El artículo 2.598 del Código Civil permite sancionar conductas que, sin ser infracción clásica de marca o autor, se consideren contrarias a la “correttezza professionale”. Basta con probar que una empresa basa su actividad en colgarse de otra. Ghamak, con un catálogo construido alrededor de equivalentes funcionales, es el blanco perfecto para establecer un precedente que disuada a otros. GW no necesita demostrar que inventó nada; sólo que otros están monetizando su universo estético. Es una maniobra quirúrgica: un caso bien escogido, un tribunal favorable y una doctrina jurídica flexible.

Para los escultores 3D, la amenaza es clara. Hasta ahora han operado en una zona gris: evitando marcas registradas, cambiando detalles visuales y confiando en que la diversidad estilística bastaría para blindarlos. Pero si un juez dicta que basta con “aprovechar la inversión” para que exista parasitismo, el margen se reduce drásticamente. La estética compartida se vuelve un campo minado. Y si GW gana, no será necesario demandar a todos: bastará con este caso para intimidar al resto.

El contraste con el pasado de GW es difícil de ignorar. La empresa ha prosperado durante décadas construyendo sobre ideas ajenas. Lo hizo en un momento en que las fronteras de la propiedad intelectual eran más difusas, cuando los universos de ciencia ficción eran patrimonio cultural informal más que activo legal. Hoy, con el derecho europeo reforzando la protección de diseños y ampliando el alcance de la competencia desleal, GW puede usar herramientas que antes no existían para blindar un ecosistema que, paradójicamente, se formó gracias a la porosidad de esas mismas fronteras.

El caso recuerda inevitablemente a Chapterhouse Studios, el pleito estadounidense que acabó en un veredicto mixto -y que acabó quebrando al ratón-: GW ganó algunos puntos, pero no logró monopolizar un estilo. El derecho italiano es diferente. La noción de parasitismo ofrece una ruta más cómoda para una gran empresa: en vez de probar originalidad pieza a pieza, basta con convencer al tribunal de que la otra parte vive de su sombra. Y en este caso, Ghamak ha hecho lo bastante visible y estructurado como para servir de ejemplo. No es un enemigo al azar: es un aviso para toda una comunidad.

La paradoja es que GW intenta embotellar un río que lleva décadas fluyendo. Warhammer es un lenguaje visual compartido, no sólo un catálogo de productos. Sus jugadores, sus fans, sus creadores independientes han contribuido a expandirlo más allá de lo que la empresa por sí sola podría haber hecho. Pero el derecho no está diseñado para premiar comunidades difusas: favorece a quienes tienen estructura, abogados y capacidad de litigar. Y en esa asimetría, GW juega con ventaja.

Cuando el juez italiano dicte sentencia —o incluso antes— el ecosistema del hobby puede cambiar. Si GW gana, el efecto disuasorio será inmediato: menos creadores, menos diversidad, más miedo. Si pierde, los escultores ganarán un poco de oxígeno y la empresa aprenderá que no todo se puede domesticar. Mientras tanto, en las mesas de juego seguirán desplegándose ejércitos híbridos, mezcla de plástico oficial y proxies caseros. Como siempre. Porque antes de que GW proclamara su derecho divino sobre estos mundos imaginarios, ya estábamos jugando con ellos.

A mis 48 años, el transporte público dejó de ser una opción. No porque no lo haya usado: al contrario. Durante más de treinta años, viviendo en el noroeste, me he movido en autobuses interurbanos, Cercanías y Metro, renegando del coche; he pasado incontables horas de mi vida leyendo libros y comics, mirando por la ventanilla, cabeceando a las siete de la mañana en un vagón que olía a sueño y escuchando las noticias. Durante años, ese era mi día a día, y funcionaba. No era perfecto, claro que no, pero era posible: el transporte público ofrecía una alternativa razonable para entrar y salir de Madrid sin sentir que estabas sacrificando tu salud mental.

Ahora, no. Desde mi última mudanza, y teniendo que dejar a la peque en el cole -¡a las siete y media de la mañana!-, las combinaciones que antes eran soportables se han vuelto impracticables, los horarios son cada vez más inestables y las frecuencias de los trenes un chiste. Si antes, viviendo mucho más lejos de la ciudad, tardaba una hora y poco en llegar a mi trabajo combinando Cercanías y metro, hoy esa misma ruta puede alargarse a hora y media… si no hay averías, si no hay retrasos, si no hay huelga encubierta de maquinistas o fallos eléctricos que paralizan media línea a las ocho de la mañana. Por eso, como mucha otra gente, he acabado rindiéndome: voy en coche. No porque quiera. Porque no me queda otra.

Y aquí empieza el verdadero problema: el coche no es una solución. Desde hace tres o cuatro meses, el acceso a Madrid por la A-6 se ha convertido en una pesadilla diaria. No hay hipérbole o exageración posible que haga justicia a la realidad de esos atascos interminables que empiezan antes de Las Rozas y se extienden hasta el corazón de la ciudad. Lo que durante años fue un trayecto de treinta y cinco minutos se ha transformado en un viaje de una hora y diez minutos como mínimo. Día tras día. Lluvia o sol.

Lo malo es que este colapso no tiene misterio: una combinación perfecta entre planificación electoral y fin del teletrabajo. José Luis Martínez-Almeida ha decidido que su campaña municipal de 2027 se construya sobre obras y cintas inaugurales, y ha convertido los accesos a la ciudad en su escaparate favorito.

Se han abierto zanjas, desviado carriles, levantado estructuras y cortado accesos sin una planificación técnica real, sino pensando en cuándo tocará sacar la foto de la inauguración -me juego kikos contra pesetas -¡y no los pierdo!- que la gran mayoría serán inauguradas con las obras a medias en los dos primeros meses de 2027-. No se ha escalonado ni coordinado nada. Todo al mismo tiempo, como si los ciudadanos fuéramos figurantes en su teatrillo de campaña. La obra del nudo norte, el Bernabéu, la A5, El soterramiento de la M30 en Ventas…

Al mismo tiempo, el lento desmantelamiento de las políticas de teletrabajo ha devuelto a la carretera a miles de personas que habían desaparecido desde la pandemia. Antes, a las siete y media de la mañana, el atasco era manejable: ahora es un tapón total. Cada empresa que obliga a sus trabajadores a volver a la oficina contribuye un poco más a este colapso. Y no hay alternativa: el transporte público no absorbe esta avalancha, porque lleva años abandonado. El Cercanías -¡salude, señor Puente, que usted también tiene parte de culpa en esta situación! no da abasto, el metro está saturado y los autobuses interurbanos se atascan en el carril BUS/VAO.

El resultado es un embudo perfecto, un castigo diario del que no hay salida. Y eso es lo más perverso: no es un accidente. Es una decisión política. No solo la de priorizar el coche sobre cualquier otra forma de movilidad, sino la de utilizar el atasco como fondo de campaña, como escenario en el que el alcalde posa con casco y sonrisa, mientras cientos de miles de personas pierden tres horas diarias de su vida para ir y volver del trabajo.

Madrid no está colapsada por casualidad. Madrid está colapsada porque alguien, desde un despacho en Cibeles, ha decidido que el atasco es rentable. Para ellos. No para nosotros.

Games Workshop ha anunciado esta semana un nuevo set de cabezas de marines espaciales en el que, a simple vista, algunas parecen femeninas. Todo lo femenina que puede ser una mujer transhumana sometida a los espantosos procesos quirúrgicos y de lavado de cerebro necesarios para fabricar una Adepta Astartes.

Fiel a su estilo, GW no ha dicho ni mu. No confirma, no niega, solo observa. Están nadando y guardando la ropa. Miran de reojo al fandom para medir la temperatura antes de mojarse. Si la cosa explota, siempre pueden decir que fue un error y que no eran mujeres, sino asiáticos raros.

Porque la sempiterna bronca sobre los “marines espaciales mujeres” en Warhammer 40,000 no va de trasfondo. Va de dinero. Y de cultura. Y de quién manda en el imaginario cuando una franquicia nacida en los ochenta quiere seguir vendiendo plástico en el siglo XXI.

Games Workshop es una empresa -¡sopresa!-. No una hermandad de caballeros templarios del hobby, ni una secta dedicada al Emperador. Es una compañía cotizada en bolsa, con accionistas, balances trimestrales y un instinto comercial más afilado que cualquier cuchilla de modelismo. Durante décadas, su negocio se basó en venderle a un perfil muy concreto: varón, blanco, friki de adolescencia larga, con poder adquisitivo. No hacía falta complicarse más: eso funcionaba. Los marines espaciales eran hombres porque nadie, en Nottingham, se planteó que pudieran no serlo.

El universo nació con testosterona de serie. El lore se escribió para vender miniaturas, no para sostener dogmas teológicos. Cuando se endureció con los años, no fue por coherencia narrativa, sino porque la fórmula funcionaba. Los códex, las legiones, los primarcas… todo servía para un único fin: mantener las luces encendidas. Y si algo no daba dinero, se borraba. Así de sencillo.

Pero el mundo cambió. La cultura friki dejó de ser un refugio de cuatro tipos que no se duchaban y se convirtió en un mercado masivo. La vieja guardia envejeció y la empresa, que de tonta no tiene un pelo, empezó a tantear otros perfiles de cliente. Las campañas de marketing se hicieron más inclusivas, aparecieron personajes femeninos en otras facciones, y, sobre todo, empezó a insinuar que quizá, algún día, podrían existir marines mujeres. No lo hizo por militancia feminista. Lo hizo porque el Excel le dijo que convenía tantear el terreno.

Y entonces ardió el fandom. Literalmente. Foros, Reddit, Twitter, YouTube: el pequeño ejército de gatekeepers del canon se levantó en armas digitales. Como siempre, con la misma letanía: “no es canon”, “nos quieren imponer ideología”, “esto es política”. Como si Warhammer no hubiera sido político desde el minuto cero, como si un universo que glorifica en su sátira despiadada teocracias fascistas, exterminios y cruzadas imperiales fuese apolítico por naturaleza.

La realidad es que buena parte de esa reacción no huele a lore: huele a sobaco. Y a sudor de huevos. No en sentido figurado, sino literal. Es el olor rancio de cierta parte del fandom: los que siguen convencidos de que Warhammer es su club, su cueva de machos autoelegidos, su patio cerrado donde nada cambia desde que tenían 14 años y llevaban camisetas de Judas Priest -Con mis saludos y respetos al tío más gay del universo, Rob Halford-. Para ellos, ver una mujer con servoarmadura no es un cambio de trasfondo. Es una afrenta personal.

Pero Warhammer no es sólo ese fandom rancio-. Hay una comunidad enorme y creciente que no solo acepta la inclusión: la celebra. Jugadoras, personas queer, racializadas, y también muchos tíos que no necesitan sentirse protagonistas únicos para disfrutar un juego de muñequitos. No son minoría ruidosa: son mayoría silenciosa, pero cada vez más visible. Y son, no casualmente, el público al que GW quiere venderle el futuro de su marca.

Por eso la empresa no ha dicho “sí” ni “no”. No ha proclamado un giro histórico ni ha cerrado la puerta. Juega a lo suyo: tantear el mercado. Sabe que si lanza marines mujeres de golpe, habrá escándalo… pero también ventas. Sabe que si no lo hace, la polémica le sirve igual: mantiene a los ofendidos gritando y a los nuevos públicos expectantes. Un win–win de manual. El Emperador no manda: manda el beneficio neto.

Y este no es un caso aislado. Es un capítulo más de la guerra cultural que atraviesa toda la cultura pop. Lo mismo pasó con las jedis mujeres en Star Wars, con los elfos racializados en The Rings of Power, con las protagonistas femeninas en The Last of Us Part II. Siempre la misma coreografía: una parte del fandom grita que “les han robado su infancia” cuando lo único que ocurre es que han dejado de ser el centro del universo cultural.

Games Workshop no va a decidir este debate desde la moral, ni desde la coherencia narrativa. Lo hará desde el balance trimestral. Si lanzar marines mujeres amplía su mercado, lo hará. Si no, no. Así de simple. El lore es maleable, el Excel no.

La batalla real no se libra en los códex ni en los foros de trasfondo. Se libra en el campo cultural. Entre quienes quieren que el universo de Warhammer siga oliendo a sótano cerrado de los noventa, y quienes quieren que sea un espacio más amplio, diverso y, sobre todo, vivo.

Si algún día aparecen marines mujeres en el catálogo oficial, no será porque GW haya visto la luz. Será porque ha visto la oportunidad de negocio. Y si no aparecen, no será por respeto al canon, sino porque los números no salen. El Emperador podrá seguir sentado en su trono dorado, pero el que decide es el mercado.

El PSOE, no el Gobierno, ha anunciado esta mañana su intención de blindar constitucionalmente el derecho al aborto. No han faltado quienes lo han saludado como un paso histórico en la defensa de los derechos de las mujeres. Conviene ser claros desde el principio: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es irrenunciable y debe estar protegido. Nadie que se diga demócrata debería cuestionar que una mujer pueda interrumpir un embarazo sin ser criminalizada ni empujada a la clandestinidad. Dicho esto, hay que mirar detrás del telón: lo que se presenta como una reforma constitucional es oportunismo político.

No es la primera vez que se plantea el blindaje. Sumar lo propuso hace meses y el PSOE lo rechazó porque no había apoyo parlamentario. Tenían razón entonces, y la siguen teniendo ahora. La diferencia es que en esta ocasión el PSOE ha hecho suyo el argumento, no porque los números hayan cambiado, sino porque necesita airear otra conversación. El juicio de la mujer del presidente, las investigaciones sobre su hermano, la falta de presupuestos, la crisis diplomática con Palestina. Todo queda en un segundo plano cuando se invoca la Constitución. Lo que hace unos meses era inviable, hoy se presenta como bandera.

El problema es que para reformar la Constitución no basta con un titular. Se necesitan mayorías reforzadas que este Gobierno ni siquiera puede soñar. Ni PSOE, ni Sumar, ni los aliados habituales suman los votos necesarios. Y para mayor paradoja, algunos de esos aliados —PNV, Junts— se encuentran en el lado contrario en este asunto. No comparten la defensa del aborto como derecho fundamental y menos aún su blindaje. La geometría parlamentaria con la que el PSOE sobrevive en otros terrenos aquí se desmorona. Y lo saben perfectamente.

La política no es un eje simple de izquierdas y derechas. Tampoco una cuadrícula que se ordena de manera estable. Es más bien una esfera donde cada conflicto abre un frente propio. En esa esfera, quien ayer era aliado puede ser adversario mañana. El aborto muestra esa fragilidad con toda claridad. El PSOE vende la ilusión de una izquierda cerrada en bloque en torno a este derecho, pero en el terreno real sus apoyos se disipan.

En la otra orilla, la derecha sigue atrapada en su moral de sacristía. El Partido Popular lleva años en equilibrio inestable: no se atreve a derogar la ley vigente, porque sabe que el rechazo social sería contundente, pero tampoco se atreve a defender el derecho de las mujeres de manera frontal, porque teme perder el voto conservador. Se refugia en plazos, límites y matices técnicos, pero debajo permanece una visión paternalista y condescendiente. Vox, en cambio, no necesita disfraces: exige la prohibición y la penalización. Su proyecto es claro, devolver a la mujer a la tutela del Estado y de la Iglesia.

En este paisaje, el PSOE lanza su propuesta. No como un proyecto serio, porque un proyecto serio necesitaría negociación, pedagogía, pactos que no existen. Lo lanza como globo sonda, como titular que distrae. Se invoca la Constitución como si fuera un talismán capaz de purificar la agenda política. Pero la Constitución, incluso esta que a menudo se siente lejana, no es un decorado de campaña. Es la norma suprema, y si la tenemos es para cumplirla, no para usarla en la pantomima del poder.

El aborto merece blindaje, pero no de esta manera. No como artificio. No como un anuncio destinado a los telediarios. Lo que merece es un proceso político serio, transparente, apoyado en consensos que hoy no existen. Una mayoría parlamentaria que solo puede construirse con tiempo, diálogo y pedagogía social. Mientras tanto, el derecho al aborto ya existe en nuestra legislación, respaldado por la jurisprudencia constitucional y por la voluntad mayoritaria de la sociedad. Lo que necesita no es un titular, sino recursos efectivos en la sanidad pública, formación en el sistema educativo y garantías contra quienes buscan erosionarlo desde tribunales, parlamentos autonómicos o mediante la objeción de conciencia que, en comunidades como Navarra o ciudades como Ceuta, hace imposible abortar en un hospital público.

El daño no es que el blindaje no prospere. El daño es que se utilice como humo. Convertir la Constitución en juguete electoral erosiona su legitimidad. Convertir los derechos de las mujeres en herramienta de distracción degrada la política. Si algún día España decide abrir la Constitución, debe hacerlo en serio, con la solemnidad y el consenso que requiere. Si no es posible, lo honesto es reconocerlo y, mientras tanto, trabajar para que el derecho a decidir sea real en la vida cotidiana: en un centro de salud, en un hospital, en cada territorio del país.

Si el PSOE quiere blindar algo, que blinde la posibilidad de abortar en cualquier hospital del país. Y que deje la Constitución fuera de sus trucos de magia.

וַיִּכָּנְעוּ הַפְּלִשְׁתִּים וְלֹא־יָסְפוּ עוֹד לָבוֹא בִּגְבוּל יִשְׂרָאֵל

“Y fueron humillados los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel.”

1 Samuel 7:13

La historia nos juzgará por nuestras acciones, o en este caso, por nuestras inacciones. Dentro de cien o doscientos años alguien abrirá un libro y se preguntará cómo pudimos permitirlo. Nos mirarán como hoy miramos a quienes practicaron la política de apaciguamiento con Hitler: con una mezcla de vergüenza ajena y de incredulidad, incapaces de entender cómo se podía contemporizar lo intolerable.

Me educaron en la creencia de que hay que condenar “la violencia venga de donde venga”. Que hay que poner a Israel y a Hamás en la misma balanza y, con gesto grave, proclamar que “los dos son igual de malos”. Como si esto fuera un patio de colegio y los bedeles nos obligaran a darnos la mano después de la pelea o un episodio de The West Wing donde todos se sientan en la mesa oval y se reparten culpas por igual.

Pero el Derecho —y también la moral— saben de proporciones. No es lo mismo el que tira una piedra que el que responde con un misil. No es lo mismo secuestrar a un civil que convertir una ciudad entera en escombros. No es lo mismo asesinar brutalmente a 1.200 personas, como hizo Hamás el infausto 7 de octubre, que someter a dos millones de seres humanos al hambre, al bloqueo y a la aniquilación sistemática durante décadas, como hace el Estado de Israel.

La responsabilidad de Hamás existe y debe decirse sin rodeos: su ataque fue un crimen de guerra, y sus rehenes -los que queden- siguen siendo la prueba viva de ello. Pero aquí se agota la equidistancia. Porque lo que hace Israel en Gaza, con el sello oficial de un Estado moderno, con ejército regular, con un presupuesto militar que hace palidecer a muchos países europeos, no es defensa: es castigo colectivo. Y el castigo colectivo está prohibido en artículo 33 del IV Convenio de Ginebra. Da igual cuántos portavoces lo disfracen de “operación quirúrgica”: cuando reduces un hospital a escombros, no estás combatiendo a Hamás, estás asesinando a los que no pueden huir y estás impidiendo que los supervivientes reciban atención médica.

¿Israel tiene derecho a defenderse? Si, pero el Derecho internacional le pone límites. Esos límites son la proporcionalidad y la distinción entre combatientes y civiles. Y cuando la proporción es de 65.000 muertos palestinos frente a 1.200 israelíes, cuando la distinción entre “objetivo militar” y “niños bajo una tienda de campaña” se diluye bajo toneladas de bombas inteligentes y drones autónomos, no hablamos ya de defensa: hablamos de crímenes contra la humanidad.

La historia tiene memoria larga y nosotros somos sus cómplices cuando miramos hacia otro lado. Permitimos el genocidio del pueblo armenio armenio en 1915 con excusas diplomáticas y sordera política; no fuimos capaces de frenar la maquinaria del exterminio cuando la evidencia era abrumadora. Y aunque el Holocausto nos obligó —tarde y mal— a reconocer la maldad intrínseca de querer aniquilar a un pueblo entero, esa lección no parece haberse convertido en una regla irrevocable de conducta internacional. Hoy, frente a lo que ocurre en Palestina, muchos se preguntan si estamos repitiendo el mismo pecado de pasividad: denunciar crímenes aquí y ahora, sí, pero no actuar con la firmeza que exige impedir una posible destrucción de una comunidad. Hay informes de organismos internacionales y ONG que describen políticas del Estado israelí en términos que van desde el apartheid hasta la limpieza étnica; El fin declarado de buena parte de los políticos israelíes es acabar con los territorios palestinos. Todo porque Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán hace casi 4.000 años. No es equivalente equiparar terroristas con el aparato de un Estado, pero tampoco podemos permitir que, bajo el paraguas de la seguridad, se diseñen prácticas que borren a un pueblo. Y sí, conviene recordar que la solución de Naciones Unidas de 1947 fue aceptada por los representantes sionistas de la época y rechazada por los líderes árabes; eso no exime a nadie hoy de responsabilidad moral ni jurídica por políticas que empujan hacia la aniquilación de esperanzas, derechos y vidas.

Algunos dicen que es “complicado”. Que hay “matices”. Y claro que los hay: el matiz entre un crimen y una masacre. El matiz entre un grupo terrorista y un Estado miembro de la ONU. El matiz entre la desesperación de los sitiados y la impunidad de los sitiadores. Llamar a todo “conflicto” o “guerra entre iguales” es una forma elegante de borrar la ocupación, el apartheid, el control del agua, de los campos y de los cielos.

Imaginemos que el mismo estándar se aplicara en un tribunal penal: un acusado de asesinato múltiple sentado junto a un genocida. ¿Los condenamos igual porque “ambos mataron”?

Condenar a Hamás es fácil. Condenar a Israel cuesta, porque incomoda a gobiernos aliados e intereses económicos, porque toca fibras de culpa histórica, porque hay lobbies atentos a cada palabra. Pero el Derecho no se escribe en los despachos de relaciones públicas, se escribe sobre cadáveres. Y Gaza y Cisjordania llevan demasiado tiempo funcionando como un folio en blanco para la impunidad.

Así que no, no son lo mismo. No pesan igual en la balanza de la ética ni en el Código Penal del sentido común. Israel ha convertido Palestina en un campo de pruebas de la deshumanización, y eso no se limpia con comunicados diplomáticos. Hamás es responsable de sus crímenes, pero el Estado de Israel es responsable de un sistema entero de opresión, ocupación y exterminio. Y en un tribunal de justicia —si algún día lo hubiera— las togas sabrían distinguirlos.

Mi hija no puede leer un reloj de agujas. Tiene un trastorno de la percepción visoespacial, que además de afectarle en forma de discalculia, hace que las manecillas de un reloj sean un jeroglífico imposible.

Y no pasa nada.

Para ella —como para la mayoría de los críos de su generación— el tiempo se mide en pantallas, en notificaciones, en números claros y exactos. La vida no se detiene porque alguien no sepa distinguir la aguja corta de la larga.

La reacción histérica basta leer los comentarios del siguiente reel de Instagram- de gente que tiene demasiado tiempo libre cuando unos concursantes de OT admiten lo mismo demuestra lo contrario: que los adultos confundimos necesidad con símbolo. Nadie necesita un reloj analógico para saber la hora. Igual que nadie necesita ya un telegrama para mandar un mensaje. La utilidad se fue hace tiempo. Y, sin embargo, el reloj de agujas sigue ocupando un lugar de prestigio en la sociedad porque ha dejado de ser un utensilio y se ha convertido en un fetiche. No es un instrumento para orientarse en el día a día, sino un objeto de admiración. Los relojes mecánicos son pequeñas catedrales portátiles: engranajes que laten como corazones metálicos, complicaciones que desafían el absurdo del tiempo, cajas que condensan siglos de artesanía. Quien se ata un reloj a la muñeca no busca saber si son las cuatro y cuarto; para eso le basta con mirar el móvil; busca sentir que lleva historia, belleza y precisión.

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Esa es la diferencia esencial: el reloj de pulsera ya no es una necesidad, pero sí un imprescindible para quienes saben verlo como lo que es, un artefacto cultural. Igual que nadie necesita un vinilo para escuchar música, pero muchos lo veneran como experiencia sensorial insustituible. Igual que nadie necesita escribir con pluma estilográfica, pero hay quienes disfrutan el roce del plumín como una ceremonia íntima. Del mismo modo, en los años 80 a muchos jóvenes les habría parecido casi marciano encontrar un teletipo en una oficina, un fonógrafo de cilindros de cera en el salón de casa o una calculadora mecánica de manivela en una mesa de trabajo: objetos que para sus abuelos eran cotidianos y para ellos ya eran pura arqueología.

Reírse de un chaval porque no sabe leer la hora en un reloj analógico es tan mezquino como ridiculizarlo porque no sabe usar una cámara de carrete. No es su mundo, ni falta que hace. La paradoja es que quienes se indignan por esa supuesta carencia no defienden la función del reloj, sino su aura. Lo que echan de menos no es que los jóvenes lleguen puntuales: es que veneren el mismo objeto que ellos veneran.

Y, ojo, esa veneración es legítima. Admirar un reloj mecánico es rendirse a un milagro de la ingeniería que sigue latiendo, aunque se le haya pasado la época. Es aceptar que hay objetos que no sirven para lo que fueron creados, pero sobreviven porque son bellos. No son necesarios, pero son imprescindibles para quienes han decidido que lo inútil puede ser, precisamente, lo más valioso.

Mi hija jamás llevará un reloj de agujas por necesidad. Quizá algún día admire que exista gente capaz de perder años de vida en diseñar un mecanismo que no hace falta, pero que sigue inspirando. Ahí está el secreto: el reloj ya no mide el tiempo, mide nuestra obstinación por encontrar sentido más allá de la utilidad.

O por lo menos espero que pueda malvender la colección de relojes de su viejo en Wallapop cuando me suba al árbol.