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Advertencia previa: soy abogado especializado en arrendamientos. Llevo trabajando con ellos desde 2003 y sí, a lo largo de estos años he tenido que desahuciar a alguna ancianita y a personas cuya situación personal hacía bastante difícil explicarles que, jurídicamente, el propietario tenía razón. También he defendido a muchos inquilinos. No siempre ha sido agradable, pero este trabajo consiste a veces en hacer cosas que no quedan demasiado bien cuando las cuentas en Twitter.

Quizá por eso he aprendido a desconfiar de los casos perfectos. En más de veinte años todavía no he encontrado una víctima perfecta, pero tampoco un villano que lo sea del todo. Casi siempre, cuando rascas un poco, aparecen un contrato, una historia anterior, decisiones que nadie cuenta, derechos legítimos enfrentados y algún detalle incómodo que estropea el relato.

El caso de Maricarmen no es una excepción. porque es una de esas historias que vienen ya escritas de fábrica. Solo hay que escoger a los buenos, a los malos, añadir un par de fotografías y esperar a que las redes sociales hagan el resto: Una mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50%, que lleva viviendo desde 1956 en el mismo piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, y que paga religiosamente su alquiler. Al otro lado, una sociedad inmobiliaria que compró la vivienda como inversión y quiere recuperar la posesión. Esta mañana, después de varios intentos frustrados, Maricarmen ha salido de su casa en una camilla.

Hasta aquí, el caso perfecto. El problema es que los casos perfectos no existen.

El padre de Maricarmen alquiló aquella vivienda en 1956. Ella tenía entonces 17 años. Era uno de aquellos contratos de renta antigua que hoy parecen objetos arqueológicos: rentas bajas, duración prácticamente indefinida y posibilidades de subrogación que permitían que una familia permaneciera durante décadas en una vivienda que nunca llegaba a ser suya. Cuando murió su padre en 1960, su madre se subrogó en el arrendamiento. Y cuando su madre hizo lo mismo en 2005, Maricarmen continuó en el piso.

Y aquí empieza la parte aburrida. El Derecho.

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 decidió terminar progresivamente con aquellos contratos eternos. Permitió determinadas subrogaciones, pero estableció límites. En el caso de Maricarmen, la segunda subrogación no podía prolongarse indefinidamente salvo que concurrieran determinados requisitos, entre ellos una discapacidad igual o superior al 65%. Y Maricarmen sólo tiene reconocido un 50% de discapacidad. Esto no es un detalle menor.

De hecho, un juzgado de primera instancia le dio inicialmente la razón, pero la Audiencia Provincial revocó aquella decisión. El asunto intentó llegar al Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso. Jurídicamente, por tanto, la propiedad tenía un título para recuperar la vivienda. Y esto hay decirlo porque, si queremos hablar de este caso, tendremos que hablar de todo. También de que Maricarmen nunca ha sido propietaria del piso, de que la empresa que lo compró no le robó una casa y d de que la propiedad tiene derechos.

Hasta aquí la parte que probablemente me haga perder algún lector.

Ahora viene la otra: Maricarmen llevaba setenta años viviendo allí. Hay una edad a partir de la cual una casa deja de ser cuatro paredes, una referencia catastral y unos metros cuadrados construidos. Allí murieron sus padres. Allí estaban sus muebles, sus fotografías, sus recuerdos y probablemente ese cajón lleno de cosas que todos tenemos y que nadie más entiende para qué sirven. Allí ha transcurrido prácticamente toda su vida adulta.

En 2020 le ofrecieron comprar la vivienda por 247.000 euros. Tenía más de ochenta años y, como suele ocurrir a esa edad, el banco no estaba exactamente deseando concederle una hipoteca a treinta años. No pudo comprarla. La vivienda acabó en manos de Urbagestión. La nueva propiedad quería terminar con la situación anterior. Llegó a reclamar 2.650 euros mensuales para mantener el arrendamiento y, posteriormente, planteó 1.650. Maricarmen cobra unos 1.350 euros de pensión: no hace falta haber estudiado Económicas para darse cuenta de que las cuentas no salen.

Y aquí es donde el caso empieza a incomodarme porque puedo entender perfectamente la posición jurídica de Urbagestión. Ha adquirido un inmueble, existe una resolución judicial que reconoce su derecho a recuperar la posesión y pretende explotarlo a precio de mercado. No hace falta convertir a sus responsables en villanos de Dickens para explicar lo que ha ocurrido.

Pero una cosa es tener derecho a hacer algo y otra muy distinta estar obligado a hacerlo. Parece ser que incluso una persona estaba dispuesta a pagar la diferencia del alquiler para que Maricarmen pudiera permanecer en la vivienda. La propiedad no aceptó. También se pidió aplazar el lanzamiento por razones humanitarias. Tampoco. Esta mañana la comisión judicial entró en el piso y Maricarmen salió en camilla. Todo perfectamente legal.

El piso está en Retiro. No hace falta demasiado esfuerzo para comprender que hoy vale bastante más que los 247.000 euros por los que se lo ofrecieron hace seis años. Tampoco para comprender que 500 euros mensuales por una vivienda de esas características es una renta completamente alejada del mercado.

Ahí está precisamente el conflicto, porque el propietario no tiene por qué regalar el uso de su propiedad. Pero tampoco estamos hablando de una inquilina que dejó de pagar hace seis meses y decidió atrincherarse. Estamos hablando de una mujer que entró en esa casa siendo adolescente y sale de ella con 87 años.

El Derecho sirve para decidir quién tiene razón, pero no siempre para decidir qué está bien. Y quizá ese sea el problema de cómo contamos estas historias. Necesitamos que Maricarmen tenga jurídicamente razón para poder sentir compasión por ella. Necesitamos que la empresa haya cometido alguna ilegalidad para poder reprocharle su comportamiento. Buscamos desesperadamente el detalle que convierta a uno en víctima perfecta y al otro en hijo de puta homologado. Pero la vida tiene la desagradable costumbre de no colaborar.

Urbagestión puede tener razón en los tribunales y su comportamiento seguir pareciéndome miserable. Maricarmen puede carecer ya de derecho a permanecer en la vivienda y su desahucio seguir siendo una barbaridad. Las dos cosas caben a la vez. De hecho, casi siempre caben más cosas de las que nos gustaría. También las administraciones llevan años conociendo el caso. Ayuntamiento, Comunidad, Ministerio, servicios sociales. Todos han aparecido en algún momento ofreciendo, proponiendo, negociando o explicando por qué la solución dependía de otro. La ONU llegó a pedir a España que suspendiera el lanzamiento mientras se buscaba una alternativa habitacional adecuada.

Al final ha ocurrido lo que ocurre tantas veces cuando intervienen muchas administraciones: la competencia era de todos y Maricarmen no era de nadie.

En el negocio inmobiliario existe un concepto llamado coste de vacancia: el dinero que se pierde mientras un inmueble permanece vacío. Supongo que Urbagestión lo tendrá perfectamente calculado. No sé cuántos meses tardará en recuperar ese coste con el nuevo alquiler. Lo que sospecho es que nadie hizo la cuenta del coste reputacional de sacar en camilla a una mujer de 87 años de la casa en la que llevaba viviendo desde 1956.

Sí sé que una sociedad se explica también por las excepciones que está dispuesta a hacer cuando podría legítimamente no hacerlas, porque si no hay un derecho a morir en la casa en la que uno ha vivido quizá debería existir la decencia de permitir que alguien termine sus días en ella.

Begoña Gómez está condenada. Me juego quicos contra pesetas y no los pierdo. No sabemos todavía a cuántos años, porque para eso habrá que esperar al juicio. Es más, ni siquiera sabemos si será condenada a un solo día de prisión. Puede perfectamente ser absuelta. Puede que dentro de unos años el Tribunal Constitucional diga que durante el procedimiento se vulneró alguno de sus derechos fundamentales. Puede incluso que, agotada la larguísima procesión de recursos internos, algún tribunal europeo termine explicándonos que aquello no debió hacerse así. Para entonces será 2035 ó 2039. Para entonces, Juan Carlos Peinado llevará años jubilado, Pedro Sánchez probablemente habrá dejado de ser presidente del Gobierno y todos podremos felicitarnos por el magnífico funcionamiento del Estado de derecho.

Y antes de continuar, conviene dejar una cosa clara: a mí todo lo relacionado con la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno me produce bastante poca simpatía porque ahí también hay mucha mierda que mirar: Que la mujer del presidente mantenga reuniones con empresarios, participe en una cátedra universitaria, se reúna con el rector de la Complutense en La Moncloa, firme cartas relacionadas con esos mismos empresarios que después contratan con la Administración o disponga de una asistente pagada con dinero público que realiza gestiones relacionadas con sus actividades profesionales son cosas que merecen ser explicadas. Algunas tendrán una explicación perfectamente razonable. Otras quizá sean simplemente feas. Y alguna puede resultar delictiva. Precisamente para averiguarlo tenemos jueces.

La presunción de inocencia no obliga a presumir que una persona sea una Santa Mártir de la Democracia, ni tampoco exige considerar éticamente irreprochable cualquier conducta mientras no aparezca tipificada en el Código Penal. Existe una enorme extensión de terreno entre ser un ciudadano ejemplar y ser un delincuente, y buena parte de la vida pública sucede precisamente allí.

Por eso investigar a Begoña Gómez no sólo era legítimo, sino inevitable. Pero esto a lo que estamos asistiendo es otra cosa. El juez Peinado acaba de enviarla a juicio por tráfico de influencias y malversación después de casi dos años y medio de instrucción y apenas unos días antes de cumplir 72 años y jubilarse obligatoriamente. La causa comenzó en abril de 2024 a partir de una denuncia del “sindicato” Manos Limpias y llegó a extenderse por cinco posibles delitos. Al juicio llegan dos. Por el camino, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en numerosas ocasiones al instructor, ha eliminado partes de la investigación y ha levantado medidas cautelares que había impuesto a Gómez, incluida la retirada del pasaporte.

También ha hecho otra cosa que no debemos esconder: ha considerado que existen elementos suficientes para que Gómez sea juzgada por tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía pide su absolución y las acusaciones sostienen lo contrario. La Audiencia ha decidido que la discusión debe celebrarse delante de un jurado; Perfecto, que se celebre.

El problema es que durante demasiado tiempo hemos cometido el error de convertir a Peinado en una especie de personaje de sainete. El juez extravagante e iluminado: Un gañán que un día imagina que los policías encargados de proteger a la mujer del presidente pueden ayudarla a fugarse y al siguiente continúa tirando de algún hilo nuevo de una investigación que parecía no terminar nunca. Resulta tranquilizador pensarlo así porque transforma un problema institucional en uno biográfico. Hay cuarenta y tantos millones de españoles, unos cuantos miles de jueces y, por pura estadística, alguno tenía que salir peculiar. Pero Peinado no actúa en el vacío. Sus resoluciones producen efectos. Sus investigaciones y sus imputaciones producen efectos. Cada nuevo auto atraviesa en cuestión de minutos la frontera que separa un juzgado de instrucción de una portada de periódico, de ahí salta a una tertulia y termina convertido en arma parlamentaria.

Y aquí llegamos al problema que verdaderamente me preocupa. Una parte de la judicatura española parece haber olvidado que la independencia judicial no significa independencia del sistema institucional al que pertenece. Un juez no debe obediencia al Gobierno. Por supuesto que no. Pero sí debe lealtad a las reglas, a los límites de su función y a la posición que ocupa dentro de un Estado en el que existen otros poderes igualmente legítimos.

Un juez debe investigar al Gobierno cuando existan indicios de delito. Debe procesar a un ministro si corresponde. Debe condenarlo si se prueba su culpabilidad. Y debe hacer exactamente lo mismo con la mujer del presidente. Pero un juez no puede convertirse en oposición al Gobierno; y cuando determinados sectores judiciales empiezan a comportarse —o a ofrecer motivos razonables para que se perciba que se comportan— como un actor más del enfrentamiento político, el problema deja de ser Begoña Gómez. Tenemos entonces una cuestión institucional bastante más seria.

Como decía George Carlin, uno de los grandes filósofos políticos de nuestro tiempo que tuvo la desgracia de ganarse la vida como humorista, no hace falta ninguna conspiración. Las conspiraciones necesitan reuniones, órdenes y señores hablando en habitaciones oscuras. Las dinámicas institucionales son mucho más sencillas. Basta con que suficientes personas compartan una determinada concepción de cuál es su papel y encuentren alrededor un ecosistema político y mediático dispuesto a amplificar cada actuación. Nadie necesita llamar a Peinado para explicarle qué tiene que hacer, como tampoco es necesario que Peinado llame a nadie para saber cuáles serán las consecuencias de lo que haga.

El tiempo judicial es el aliado perfecto de esta clase de situaciones porque separa la acción de su corrección. Una resolución discutible se dicta hoy. El recurso se resuelve dentro de seis meses. El Constitucional llegará dentro de unos años. Y Estrasburgo, si alguna vez tiene que llegar, aparecerá cuando aquello que debía reparar pertenezca casi a la arqueología política. Entonces declararemos solemnemente que se vulneró un derecho y a otra cosa.

Somos extraordinariamente buenos reparando jurídicamente acontecimientos políticamente irreparables. Podemos anular una resolución, pero no podemos retirar las portadas que produjo. Podemos declarar vulnerado un derecho, pero no borrar los años durante los cuales aquella actuación produjo efectos políticos. Podemos concluir en 2033 que algo ocurrido en 2026 nunca debió ocurrir y felicitarnos porque finalmente las instituciones funcionaron.

Por eso la cuestión de Begoña Gómez importa bastante menos que Begoña Gómez. Puede haber utilizado su posición de una manera impropia. Puede haber confundido de forma poco edificante las posibilidades profesionales de Begoña Gómez con las posibilidades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Puede haber comportamientos que merezcan reproche aunque finalmente ningún tribunal encuentre en ellos un delito. Y también puede haber cometido un delito. Para eso celebramos juicios. Lo que no podemos hacer es escoger entre dos relatos infantiles: Begoña, santa mártir de la democracia, perseguida por jueces fascistas; o Begoña, Lady Macbeth de la Moncloa, dirigiendo desde una cátedra universitaria una gigantesca trama de corrupción.

Cabe una posibilidad mucho menos satisfactoria para todos: que en las actividades de Begoña Gómez haya cosas feas que investigar y que, al mismo tiempo, la forma en que se ha desarrollado parte de esa investigación revele algo todavía más preocupante: una degradación de la lealtad institucional de determinados sectores de nuestra judicatura. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.

Peinado se jubila esta misma semana. Ha firmado el auto de apertura de juicio oral y deja a Begoña Gómez camino de un juicio con jurado – su herencia política-. Quizá el jurado la condene. Quizá la absuelva. Quizá dentro de cinco años el Constitucional tenga algo que decir. Quizá dentro de diez venga Europa a explicarnos que en algún momento del camino hicimos las cosas mal.

Y si Begoña Gómez ha cometido un delito, que pague por él.

Pero si no lo ha cometido, para cuando alguien termine de decirlo definitivamente habrá cumplido ya su condena.

Hay algo profundamente irritante en descubrir que hasta la mafia tiene ciertos escrúpulos. No demasiados, tampoco nos pongamos estupendos. La mafia extorsiona, trafica, corrompe, rompe piernas y, llegado el caso, mata. No es mi intención iniciar aquí una campaña de rehabilitación de la Cosa Nostra. Pero en determinados negocios existe una regla elemental que hasta un delincuente comprende perfectamente: si vas a vivir de las apuestas, tienes que pagar al que gana.

Durante buena parte del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, las apuestas deportivas estuvieron íntimamente relacionadas con el corredor de apuestas, el bookie, que aceptaba las apuestas, fijaba las cuotas, llevaba las cuentas y, cuando terminaba el partido, cobraba a unos y pagaba a otros. En casi todo el país, el negocio era ilegal y estaba relacionado con organizaciones criminales, y estas necesitaban que sus clientes volvieran la semana siguiente. Si apostabas cien dólares a que los Yankees ganaban y ganaban, cobrabas. Si perdías, pagabas. Y si no pagabas, probablemente descubrías que el departamento de recobros tenía métodos poco homologables por el Banco de España.

No hay nada noble en aquello. El jugador compulsivo es un cliente magnífico para el corredor, como lo es para cualquier negocio de apuestas. Le acepta dinero que no debía apostar, puede darle crédito que no debe concederle y contribuye encantado a su ruina mientras siga pagando; y si deja de pagar, entonces tiene un problema, porque el juego clandestino añade además usura, amenazas y violencia. No añoremos lo que nunca mereció ser añorado.

Pero hay una cosa transparente: aquello era una apuesta. No era un negocio honrado. Era un negocio transparente. Tú pones cien dólares a que ganan los Yankees. El corredor te ofrece una cuota. Si aciertas, cobras; si no, pierdes los cien dólares. El negocio está a la vista y también lo está el conflicto de intereses entre quienes participan en él. El beneficio del bookie tampoco tiene demasiado misterio. Imaginemos un acontecimiento con dos resultados que tienen exactamente un cincuenta por ciento de posibilidades. Una apuesta justa debería pagar 2,00: apuestas cien y, si aciertas, recibes doscientos. El corredor ofrece 1,90 a cada resultado. Si consigue cien euros apostados a cada lado, recauda doscientos, entrega ciento noventa al ganador y se queda diez. La realidad es más complicada, claro, las cuotas cambian y el libro nunca está perfectamente equilibrado, pero el principio permanece: las probabilidades incorporan un margen favorable a quien organiza las apuestas. La casa no necesita hacer trampas para ganar dinero: las propias cuotas ya están construidas para pagar su intervención.

Y entonces decidimos quitarle al negocio lo poco que le quedaba de obscena sinceridad y cogimos un negocio que ya tenía matemáticamente las probabilidades a su favor y decidimos industrializarlo.

El bookie necesitaba un partido, pero las casas de apuestas modernas no quieren esperar a nada. Puedes apostar antes del partido, durante el partido y en el descanso; al ganador, al próximo goleador, a los córners, a las tarjetas o al siguiente juego de un partido de tenis. El acontecimiento deportivo deja de ser simplemente aquello sobre lo que apuestas y se convierte en materia prima de la que extraer nuevas oportunidades para apostar.

Y aquí aparece una diferencia bastante más importante que la comodidad. Antes existía un momento reconocible en el que uno decidía apostar. Ahora la tecnología permite convertirlo en una actividad continua. El teléfono ofrece bonos, cuotas mejoradas, cashback, apuestas supuestamente gratuitas y promociones que caducan dentro de unos minutos. Si pierdes, incluso puedes recibir saldo para volver a jugar. No te devuelven cinco euros para que te tomes una cerveza: te los devuelven para que hagas otra apuesta.

Esto no convierte al antiguo corredor en una buena persona. Ambos modelos tienen una relación particularmente siniestra y depredadora con la ludopatía: el cliente incapaz de dejar de jugar es precisamente el que seguirá entregándoles dinero. La diferencia es que la plataforma moderna dispone de algo con lo que el bookie ni siquiera podía soñar. Sabe cuándo apuestas, cuánto, a qué deportes, qué promociones funcionan contigo y qué consigue que vuelvas a abrir la aplicación. Puede hacer que apostar sea inmediato, ubicuo y cada vez menos parecido a aquella decisión consciente de sacar cien dólares del bolsillo y entregárselos a un tipo que anotaba Yankees en una libreta.

Y todavía quedaba un paso más: conseguir que incluso la palabra apuesta resultara innecesaria.

Novig, por ejemplo, acaba de incorporar a Sydney Sweeney en ropa interior como socia estratégica y accionista para promocionar su plataforma. Novig no se presenta como una casa de apuestas convencional, sino como un mercado de predicción deportiva. Y existen diferencias reales. En lugar de aceptar la cuota que ofrece una casa, los participantes compran y venden posiciones entre ellos y los precios se forman en el mercado. Técnicamente no es lo mismo.

Lo interesante es el lenguaje. Ya no apuestas: compras un contrato. No tienes una apuesta abierta: tienes una posición. No eres un apostante: eres un participante en un mercado. Podemos añadir una interfaz que recuerde a una plataforma financiera, hablar de liquidez y contratar a Sydney Sweeney para explicarnos las bondades del invento. Pero si pongo cien dólares porque creo que los Lakers van a ganar, gano dinero si ganan y pierdo mis cien dólares si pierden, mi pobre cerebro analógico sigue empeñado en utilizar una palabra bastante antigua para describirlo: apostar.

Y quizá sea ahí donde aparece la honestidad de la mafia. No porque aquellos tipos fueran honrados u honestos. No lo eran. También vivían de la debilidad ajena y estaban encantados de seguir aceptando apuestas del hombre que estaba destruyendo su vida. La diferencia es que el viejo depredador enseñaba los dientes. No te decía que estaba mejorando tu experiencia deportiva, ni te convertía en miembro de una comunidad, ni llamaba posición a tu apuesta. Te preguntaba cuánto querías jugar y tú sabías perfectamente quién era él, qué quería de ti y qué estabas haciendo.

El negocio sigue necesitando perdedores y entre ellos siempre encontrará a quienes ya no saben dejar de jugar. Lo verdaderamente moderno no es esa depredación. Es haber construido alrededor de ella una industria tecnológica, publicitaria y lingüística capaz de presentarla como una experiencia divertida, sofisticada y hasta vagamente financiera.

España siempre fue un país de emigrantes. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo de vez en cuando, sobre todo ahora que hemos decidido que “migrante” es una palabra que sirve fundamentalmente para designar al señor de Senegal que se juega la vida en un cayuco y no a tu abuelo bajándose de un barco en Buenos Aires con una maleta de cartón, cuatro duros y la dirección de un primo escrita en un papel.

Allá se fueron muchos españoles. Muchísimos. A Argentina, a México, a Cuba, a Venezuela. A Francia, Alemania o Suiza. Unos porque habían perdido una guerra y quedarse aquí no parecía una idea particularmente saludable —tendrían alergia al plomo—. Y otros porque, sencillamente, en España no había nada para ellos que no fuera hambre y miseria. Allí tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y España acabó convirtiéndose para buena parte de esa gente en una cosa que contaban los abuelos, junto con las recetas de cocina, unas cuantas palabras que se pronunciaban raro y una foto amarillenta de un pueblo de Salamanca.

En 2022 decidimos que algunos de esos descendientes podían ser españoles. Hasta aquí, todo bien. El problema ha llegado cuando hemos descubierto que los españoles votan.

La llamada Ley de Nietos —que no se llama Ley de Nietos, naturalmente, porque las leyes nunca se llaman como las llama todo el mundo— es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma permite optar por la nacionalidad española a determinados nacidos fuera de España descendientes de quienes hubieran sido originariamente españoles y, entre otros supuestos, de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Después llegó una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública explicando cómo debía aplicarse aquello, y ahí está buena parte del lío que nos ocupa.

Porque las solicitudes empezaron a llegar por cientos de miles. Luego por millones. Y el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en el censo electoral empezó, lógicamente, a crecer. Esto último es importante porque uno de los efectos un tanto extravagantes que nuestro ordenamiento atribuye a tener la nacionalidad española es que uno puede votar en las elecciones españolas.

Y entonces, en la mente de quienes creen que el ladrón es de su condición, apareció el pucherazo.

No un pucherazo de los de toda la vida, porque aquí no tenemos urnas con doble fondo, sacos de papeletas apareciendo misteriosamente a las tres de la mañana, muertos votando en Buenos Aires ni funcionarios consulares rellenando sobres a escondidas. El fraude denunciado consiste, hasta donde sabemos, en que hay muchos nuevos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y esos españoles pueden votar.

Y, claro, a saber qué votan.

Vox e Iustitia Europa acudieron a los tribunales para pedir que se suspendieran esas inscripciones en el CERA. La Junta Electoral Central se había negado a hacerlo. La Fiscalía se opuso. La Abogacía del Estado también, planteando una cuestión que, a mí, qué quieren que les diga, me parece bastante razonable: si el Estado ha tramitado un expediente, ha concedido a una persona la nacionalidad española y esa persona es, por tanto, española, ¿cómo demonios le privamos después de uno de los derechos fundamentales que corresponden a los españoles sin revisar antes el acto que la convirtió en española?

Pues se puede.

Este martes 8 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones y las nuevas altas derivadas de estos procesos de nacionalización, salvo en los casos en los que los registros consulares certifiquen el cumplimiento de las condiciones relativas al exilio del ascendiente exigidas por el auto.

Y aquí hay que hacer una precisión porque, además de abogado, soy un señor bastante pesado con estas cosas y no quiero que dentro de tres días venga alguien a explicarme en Twitter algo que ya sé: el Tribunal Supremo no ha quitado la nacionalidad a nadie. Tampoco ha dicho todavía que esas nacionalidades fueran concedidas ilegalmente. Ni siquiera ha resuelto aún el fondo del asunto.

Estos señores siguen siendo españoles. Simplemente, y de momento, no pueden votar.

La distinción es jurídicamente importantísima y políticamente bastante divertida. Hemos inventado una nueva categoría de ciudadano: el español que es español para todo salvo para votar, momento en el que su nacionalidad entra en una especie de superposición cuántica hasta que el Supremo decida si es español del todo.

Y ojo, porque el problema jurídico existe. No pretendo hacerme trampas al solitario —aquí que no me contesta nadie—. Se puede discutir perfectamente si la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se pasó de frenada al interpretar la disposición adicional octava. Se puede discutir si el legislador quiso decir exactamente lo que después dijo la Administración que quería decir. Y los tribunales están, entre otras cosas, para controlar que la Administración no convierta mediante una instrucción una ley en otra cosa.

Pero resulta cada vez más difícil mirar cada uno de estos asuntos como si acabáramos de llegar a España esta mañana.

José María Aznar lo explicó mucho mejor de lo que podría hacerlo yo en noviembre de 2023, cuando Pedro Sánchez negociaba su investidura y la amnistía: «El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva».

Magnífica frase —pa’ enmarcarla—, sobre todo viniendo de gente que ha utilizado la palabra sedición con bastante más alegría por bastante menos.

No hace falta ninguna conspiración. No hace falta imaginar a Feijóo llamando a un magistrado del Supremo desde un teléfono rojo ni a un señor con gabardina entregando instrucciones en el aparcamiento de Génova. Ese tipo de caricatura, además de probablemente falsa, nos impide ver algo bastante más interesante.

Vox recurre. Iustitia Europa recurre. Manos Limpias denuncia. Hazte Oír se persona. El Partido Popular lleva al Constitucional lo que pierde en las Cortes. Cualquier denuncia se convierte inmediatamente en titular, cualquier imputación en condena y cualquier resolución favorable, aunque sea cautelar, en la demostración retrospectiva de que todo lo denunciado era verdad desde el principio.

Y no es que falten ejemplos.

En diciembre de 2022 el Gobierno consiguió aprobar en el Congreso una reforma que modificaba la forma de renovación del Tribunal Constitucional. El PP no tenía los votos para impedirla, así que hizo otra cosa: recurrió al propio Tribunal Constitucional y le pidió que impidiera al Senado votar las enmiendas. Y el Constitucional, por seis votos contra cinco, lo hizo. Por primera vez en nuestra democracia el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes paralizó una reforma antes de que el Parlamento pudiera siquiera terminar de convertirla en ley. Y, para hacer la cosa un poquito más bonita, aquella reforma afectaba precisamente a la renovación del propio Tribunal Constitucional y en la decisión participaron magistrados con el mandato caducado a los que esa renovación afectaba.

Pero fue todo perfectamente normal.

Después vino Tsunami Democràtic. Una causa abierta desde 2019 que, justo mientras se negociaba la amnistía en 2023 —qué cosas tiene el calendario—, pasó a investigar a Puigdemont por terrorismo. Terrorismo, además, con su correspondiente directiva europea, lo que abría la posibilidad de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión y complicar bastante que la futura amnistía sirviera para amnistiar precisamente a Puigdemont. Durante meses tuvimos a Puigdemont, el terrorismo y la amnistía juntos en los titulares. Hasta que en julio de 2024 la Audiencia Nacional declaró inválidas las diligencias practicadas desde 2021 porque la instrucción se había prorrogado fuera de plazo. García-Castellón archivó la causa y el Supremo terminó archivando también la investigación por terrorismo contra Puigdemont.

Pero para entonces los titulares ya llevaban meses publicados.

Y tenemos a Begoña Gómez. Manos Limpias denuncia, el juez Peinado investiga y durante dos años vamos descubriendo sucesivamente que la mujer del presidente del Gobierno está un poco más cerca de sentarse en el banquillo. La causa sigue abierta y la Audiencia Provincial ha avalado parte de la investigación —ya he dicho que aquí no me hago trampas al solitario—, pero también ha tenido que ir poniendo límites al instructor: le ordenó excluir la investigación sobre el rescate de Globalia si no aparecían hechos nuevos, le tumbó la pretensión de hacerse con todos los correos enviados y recibidos por Gómez desde su cuenta institucional entre 2018 y 2025 por falta de proporcionalidad y ha anulado su intento de llevarla ante un jurado al considerar que no había indicios concluyentes y consistentes suficientes para dar ese paso.

Mientras tanto, dos años de portadas.

Y los jueces hacen —vaya si hacen—.

Desde hace años estamos viendo cómo la batalla política que se pierde en las Cortes continúa inmediatamente en los tribunales. Lo vimos literalmente en 2022, cuando el Partido Popular consiguió que un tribunal impidiera una votación que no podía ganar en el Parlamento. Lo vimos con la amnistía. Lo vemos con denuncias de organizaciones cuya actividad consiste en buena medida en judicializar la política. Y lo hemos visto ya en demasiados asuntos como para seguir fingiendo que cada uno ocurre en una habitación distinta y que es de pésimo gusto abrir las puertas y mirar el pasillo.

Por cierto, que en la vista sobre la Ley de Nietos el propio fiscal resumió bastante bien el asunto al acusar a Vox de presentar un «recurso contra todo» para «suspender todo el sistema». No es exactamente un peligroso bolchevique de Twitter diciendo que los jueces son fachas. Es el fiscal ante el Tribunal Supremo.

Esto no significa que los jueces reciban órdenes del Partido Popular. No digo eso —bueno, un poco sí—. No tengo ninguna prueba de que suceda y, francamente, tampoco hace falta para explicar lo que está pasando.

La derecha política española ha descubierto que perder unas elecciones o una votación parlamentaria no significa necesariamente perder la batalla. Siempre queda llevarla a los tribunales. Y para eso cuenta con asociaciones y partidos dispuestos a recurrir sistemáticamente cualquier decisión del Gobierno y con una judicatura que, por razones históricas, sociológicas e institucionales que quizá algún día deberíamos tener el valor de discutir sin que inmediatamente nos acusen de querer acabar con la separación de poderes, parece bastante dispuesta a convertirse en el terreno en el que esa batalla continúa.

Y las medidas cautelares son particularmente estupendas para esto.

Primero no votas.

Luego ya veremos si tenías derecho a votar.

Dentro de dos años, tres, cinco, cuando llegue la sentencia definitiva, podremos descubrir que efectivamente aquellas nacionalidades se concedieron conforme a Derecho, o que no, o que unas sí y otras no. Para entonces las elecciones para las que querían votar habrán pasado. El Derecho tiene estas cosas tan graciosas cuando los tiempos judiciales se encuentran con los tiempos políticos.

El Estado español examinó sus expedientes, dictó resoluciones, los inscribió en sus registros y les dijo que eran españoles. Después la Junta Electoral Central se negó a impedir que esos españoles ejercieran los derechos que corresponden a los españoles. Vox recurrió y el Tribunal Supremo ha decidido cautelarmente que no voten.

Feijóo ha tardado poquísimo en celebrarlo: «Teníamos razón».

Bueno.

No.

El Tribunal Supremo no ha dicho que tengan razón. Precisamente porque todavía no ha resuelto el recurso. Lo que ha dicho es que mientras decide si tienen razón, unos cuantos ciudadanos españoles no podrán votar.

Pero políticamente da igual. La fotografía está hecha. El titular está publicado. El supuesto pucherazo ha adquirido existencia y el objetivo inmediato está conseguido.

Ya llegará la sentencia. Dentro de dos años, cinco o diez. Y entonces sabremos si esos españoles tenían derecho a votar en unas elecciones que para entonces llevarán años celebradas.

El que pueda hacer, que haga.

Y vaya si hacen.

Vivo de alquiler porque no puedo comprar la casa en la que querría vivir. Esto no es una decisión vital; No he llegado casi a los cincuenta años, contemplado las ventajas de las distintas formas de tenencia inmobiliaria y decidido que lo mío es la libertad de espíritu que proporciona poder mudarme cada pocos años con mis muebles, mis libros, mis minis y mis hijas.

Y como yo, unos cuantos millones de españoles.

Esto, por alguna razón, parece resultar ofensivo para una determinada clase de propietario que considera que el hecho de poseer una vivienda le otorga no sólo el derecho a obtener una rentabilidad por ella, sino también el de decidir qué partes de la Ley de Arrendamientos Urbanos está dispuesto a cumplir. Porque alquilar una vivienda en España se ha vuelto imposible, según nos cuentan estos tipos.

La inseguridad jurídica. La intervención del mercado. La protección del inquilino. Los cinco años -siete si eres gran tenedor-. Las actualizaciones de renta. El Gobierno. Los inquiokupas, naturalmente. Siempre los okupas. Uno escucha a determinados propietarios y tiene la impresión de que poner un piso en alquiler es una actividad filantrópica de altísimo riesgo, situada jurídicamente en algún punto entre abrir un comedor social en Mogadiscio y prestar dinero a un desconocido en un casino y no una actividad económica con una rentabilidad media entre el 3,5 y el 8%. Y por ello siguen alquilando.

Sólo que algunos listos han encontrado una solución: Once meses.

Buscad un piso de alquiler en Madrid. Encontrareis una sorprendente cantidad de propietarios dispuestos a alquilar su vivienda durante exactamente once meses. Pro lo visto, España está llena de Erasmus de cuarenta y siete años, trabajadores desplazados y profesores visitantes que llegan en octubre y, exactamente once meses después, evaporan todas sus pertenencias y desaparecen. Ironía. No es eso lo que está ocurriendo.

Lo que ocurre es que se ha extendido entre estos tipejos la creencia de que escribir «CONTRATO DE TEMPORADA» en la primera página y «DURACIÓN: ONCE MESES» en la segunda hace desaparecer la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El pequeño inconveniente es que la ley no dice eso en ninguna parte.

La LAU distingue entre el arrendamiento destinado a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del inquilino y el arrendamiento por temporada. Y la diferencia entre ambos no es que uno dure doce meses y el otro once. Es la causa. Si usted viene a Madrid a hacer un máster durante nueve meses, necesita una vivienda temporal. Si lo trasladan durante un año por trabajo, necesita una vivienda temporal. Si está haciendo unas obras en su casa y necesita vivir en otro sitio durante cuatro meses, necesita una vivienda temporal y para eso existe el contrato de temporada.

Si usted alquila un piso porque necesita una casa en la que vivir indefinidamente, la cosa cambia bastante. Y no importa demasiado que en la portada del contrato alguien haya escrito TEMPORADA con mayúsculas o que el propietario haya decidido que dentro de once meses usted desarrollará espontáneamente la necesidad de vivir en otro sitio. Los contratos -las cosas- son lo que son, no lo que las partes deciden llamarlos. Una vaca no se convierte en caballo porque escribamos CABALLO en el lomo.

Y esto nos lleva al propietario indignado, que explica en redes sociales que la regulación está expulsando la vivienda del mercado del alquiler mientras anuncia la suya por once meses para intentar que esa misma regulación no se le aplique. Porque hay una diferencia importante entre decir «las normas actuales hacen que no me resulte rentable alquilar mi vivienda» y decir «como las normas actuales no me gustan, voy a fingir que mi inquilino está aquí de vacaciones». Lo primero es una posición perfectamente legítima y lo segundo tiene otro nombre -uno muy feo-.

Si la regulación hace que alquilar su vivienda no le compense, existe una solución extraordinariamente sencilla: No la alquile; nadie está obligado a ser casero.

Véndala y compre letras del tesoro. Déjesela a sus hijos. Pida una hipoteca sobre ella. Lo que usted no tiene es un derecho constitucional a obtener de un piso la rentabilidad que considere adecuada bajo las condiciones jurídicas que le parezcan convenientes porque la propiedad otorga derechos y también impone límites. Resulta curioso que haya que explicarlo precisamente a quienes pasan el día hablando de seguridad jurídica.

Y después están los listos. Los del rent to rent.

Porque no podía faltar en esta historia alguien que descubriese cómo ganar dinero con una vivienda sin tener siquiera la molestia de comprarla. La teoría es maravillosa: alquilo un piso, lo divido económicamente en habitaciones, realquilo esas habitaciones por separado y me quedo con la diferencia.

Si me dieran un euro por cada video con un chaval de Pozuelo de veintisiete años delante de un coche que posiblemente tampoco sea suyo explica cómo generar «ingresos pasivos» sin capital y cómo usted sigue levantándose a las siete de la mañana porque tiene mentalidad de pobre tendría un par de euros, probablemente – pero me sirve para explicar el asunto-

El rent to rent no es una institución jurídica típica – tipificada, no de habitual-. Es un nombre en inglés que hemos puesto a determinadas operaciones de arrendamiento y subarrendamiento porque «realquilar el piso de otro» queda bastante peor en Instagram y TIK TOK. Y el subarriendo de vivienda ya tenía reglas antes de que llegasen los gurús. La LAU exige, en los arrendamientos de vivienda, consentimiento escrito del propietario, sólo permite el subarriendo parcial y establece límites a su precio. Además, el legislador empieza a cerrar otras vías de escape. Cataluña ya ha establecido que, en los supuestos sujetos a su regulación, trocear contractualmente una vivienda no permite multiplicar alegremente la renta: la suma de las habitaciones no puede utilizarse como mecanismo para superar el límite aplicable a la vivienda completa.

Y existe una reforma estatal en tramitación que apunta precisamente en esa dirección, aunque todavía no está aprobada.

Y ojo, alquilar habitaciones no tiene nada de malo. Se ha hecho toda la vida. Lo hace el estudiante que comparte piso, quien necesita reducir gastos o el inquilino que, con autorización, subarrienda una habitación que no utiliza. Otra cosa es convertir la fragmentación de una vivienda en un modelo industrial destinado a conseguir de cuatro personas lo que no puedes cobrarle legalmente a una.

Eso no aumenta la oferta de vivienda. La exprime. Y el inquilino que simplemente necesitaba una casa ha firmado uno de esos contratos de once meses, y el día 334 debe empezar a embalar los platos.

Pregúntese por qué su contrato es “temporal”. ¿Está desplazado temporalmente? ¿Estudia durante un periodo determinado? ¿Tiene otra residencia habitual? ¿Existe alguna circunstancia concreta que explique que dentro de once meses deje de necesitar esa vivienda? ¿O simplemente respondió a un anuncio de un piso, explicó que buscaba una casa para vivir y la inmobiliaria le puso delante un contrato de temporada porque «el propietario sólo alquila así»?

Si es esto último, guárdalo todo: El anuncio. Los mensajes. Los correos electrónicos. El empadronamiento. Los suministros. La escolarización de los niños. La correspondencia. Cualquier elemento que permita demostrar cuál era la finalidad real del arrendamiento.

Y antes de marcharse porque el propietario le comunique solemnemente que «el contrato termina», consulte con un abogado. Quizá tenga que irse; quizá no. Quizá consiga que el biutre cague un poco mas blando durante unos días. Eso dependerá de las circunstancias reales y del contrato, no de una misteriosa frontera jurídica situada entre el mes once y el doce.

Los propietarios tienen derecho a cobrar sus rentas, a que se cuide su propiedad, a reclamar frente a quien incumple y a obtener una rentabilidad por su inversión. Lo que no tienen es derecho a escoger qué leyes se les aplican y si un negocio sólo resulta rentable mientras la persona que está al otro lado desconozca sus derechos, quizá el problema no sea la regulación.

Quizá el problema sea el negocio.

A finales de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron en apenas unas horas la frontera entre Marruecos y Ceuta, muchas de ellas bordeando a nado los espigones fronterizos. Las cifras fueron cambiando a medida que avanzaba la crisis —Interior llegó a hablar de unas 50.000 entradas, aunque buena parte regresó posteriormente a Marruecos—, pero el número exacto importa menos que lo que ocurrió: durante unas horas una frontera exterior de la Unión Europea sencillamente dejó de funcionar. No es la primera vez que ocurre: en mayo de 2021 unas 10.000 personas entraron en Ceuta en circunstancias parecidas, mientras las fuerzas de seguridad marroquíes reducían de forma evidente el control de su lado de la frontera. Cinco años después ha vuelto a ocurrir, sólo que esta vez a una escala mucho mayor, porque la frontera española con Marruecos funciona bastante bien siempre que Marruecos quiere que funcione.

Y esto nos lleva a una de esas expresiones que hemos repetido tanto que ya no significa nada: Marruecos es un país amigo con el que incluso tenemos un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. España y Marruecos son vecinos, socios comerciales y colaboran en materia policial, antiterrorista y migratoria. Están condenados a entenderse porque ninguno puede coger su país y moverlo quinientos kilómetros. Pero eso no significa que sean aliados. Sus intereses coinciden en muchas cosas y son directamente incompatibles en otras.

Marruecos reclama históricamente la Ceuta, Melilla y el resto de enclaves españoles en el norte de África, igual que España reclama de Gibraltar, También considera el Sáhara Occidental parte de su territorio y aspira, con toda lógica, a convertirse en la potencia dominante del Magreb occidental. Nada de eso convierte a Marruecos en malvado. Los Estados tienen intereses y procuran defenderlos. La parte extraña no es que Marruecos lo haga, sino que nosotros nos sorprendamos cada vez que ocurre. Hay además algo que conviene decir, aunque suene fatal: Ceuta y Melilla, en términos estrictamente económicos, no son especialmente importantes para España. Son territorio español, viven españoles allí y cualquier amenaza a su soberanía debe ser tomada en serio. Pero una cosa es el valor político de un territorio y otra su valor material. Entre ambas ciudades viven unas ciento setenta mil personas. Su aportación a la economía española es pequeña, no contienen recursos extraordinarios y su importancia estratégica no es la de hace un siglo. Su pérdida sería una catástrofe política, no económica.

Precisamente por eso son una palanca magnífica. Marruecos puede provocar a España un enorme problema político actuando sobre dos territorios cuyo valor material es pequeño. Pero quizá llevemos demasiado tiempo mirando la palanca y no todo aquello que intenta mover. Porque unos cientos de kilómetros más al oeste están Canarias. Y no me refiero solamente a las islas. Un archipiélago proyecta derechos sobre el mar: Zona Económica Exclusiva, plataforma continental, pesca, subsuelo y recursos. Cuando uno mira Canarias así deja de ver unas islas y empieza a ver una cantidad enorme de Atlántico. Y enfrente está el Sáhara Occidental.

Para Naciones Unidas, el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, pero Marruecos considera que forma parte de Marruecos y controla la mayor parte. Podemos discutir durante horas sobre historia y autodeterminación, pero existe una consecuencia geográfica mucho más sencilla: al igual que un archipiélago, una costa también genera derechos marítimos. Por tanto, importa bastante de quién sea la costa que está enfrente de Canarias. España presentó en 2014 ante Naciones Unidas una solicitud relativa a la extensión de su plataforma continental al oeste de Canarias. Marruecos ha planteado sus propias pretensiones marítimas y en 2020 aprobó legislación delimitando sus espacios atlánticos. Hay zonas que tendrán que ser delimitadas conforme al Derecho internacional y mediante negociación.

No hay fragatas marroquíes camino de Tenerife. Hay algo mucho más aburrido: mapas, coordenadas, diplomáticos y abogados discutiendo sobre derechos que pueden seguir teniendo valor dentro de cien años.

Y entonces llegó Donald Trump. En 2020 Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. A cambio Marruecos normalizó relaciones con Israel dentro del proceso de los llamados Acuerdos de Abraham. Desde entonces la relación entre Marruecos e Israel ha ido bastante más allá de intercambiar embajadores. Hay cooperación militar, compras de armamento, tecnología y seguridad. Israel consigue un socio estable en el norte de África y Marruecos obtiene tecnología militar y una relación estrecha con un país con enorme influencia en Washington. Todos ganan algo. Aquí tendemos a pensar que Estados Unidos, llegado el caso, preferirá España a Marruecos porque nosotros somos aliados de la OTAN.

No funciona así. España es muy importante para Estados Unidos. Rota importa. Morón importa. Nuestra pertenencia a la OTAN y a la UE importa. Pero Washington no tiene que escoger entre España y Marruecos. Puede preferir a uno para unas cosas y al otro para otras. Y Marruecos ofrece algunas ventajas mientras que nosotros damos problemas porque  tenemos elecciones, Parlamento, prensa, tribunales, oposición, legislación europea y organizaciones de derechos humanos. Un gobierno puede cambiar y cambiar con él la política exterior. En cambio, Marruecos es una monarquía autoritaria. El rey conserva un poder político enorme, existen importantes restricciones a la libertad de expresión y el Sáhara es una cuestión particularmente sensible. Estados Unidos lo sabe perfectamente: lo cuenta en sus propios informes sobre derechos humanos. Y después coopera militarmente con Marruecos. Porque una cosa son los derechos humanos y otra la geografía.

A Estados Unidos y a Israel no les molestan las dictaduras cuando sirven a sus propios intereses: para determinadas cuestiones, un régimen autoritario es un socio más sencillo y predecible que una democracia europea sometida a elecciones, jueces y opinión pública. Eso no significa que Estados Unidos e Israel hayan organizado lo ocurrido en Ceuta. No hay pruebas de ello y no hacen falta para entender el problema. Marruecos tiene sus propios objetivos y hoy está en una posición internacional más fuerte para perseguirlos. Estados Unidos reconoce su soberanía sobre el Sáhara e Israel se ha convertido en un socio estratégico y militar importante. Mientras tanto España necesita de Marruecos algo extremadamente concreto: que controle nuestra frontera.

Y ésa es una dependencia que Rabat puede utilizar. Hablar de presión híbrida tampoco convierte a los inmigrantes en soldados. El chaval que intenta llegar nadando a Ceuta no ha diseñado la política exterior de Mohamed VI; sólo quiere entrar en Europa y está dispuesto a jugarse la vida para conseguirlo; cerca de un centenar de personas la han perdido en los últimos intentos de cruce. Si un Estado aprovecha esas personas para presionar a otro, el responsable es quien las instrumentaliza, no quienes son instrumentalizados. Confundir ambas cosas, además de miserable, nos hace mirar precisamente hacia quien menos capacidad tiene para decidir lo que está ocurriendo. Por eso creo que estamos mirando demasiado a Ceuta.

Ceuta y Melilla importan y su soberanía no debería ser negociable. Marruecos las reclama y probablemente seguirá haciéndolo dentro de cincuenta años. Pero el Sáhara y las aguas frente a Canarias pueden tener una importancia estratégica mucho mayor. Controlar definitivamente el Sáhara consolida para Marruecos una enorme fachada atlántica. Y enfrente de esa costa están Canarias y un espacio marítimo cuyos límites, recursos y derechos importarán mucho después de que todos los gobiernos actuales hayan desaparecido. España necesita buenas relaciones con Marruecos. Convertir cada conflicto con Rabat en una reedición de las Navas de Tolosa es una estupidez., porque Marruecos no tiene ninguna obligación de preferir los intereses españoles cuando los nuestros choquen con los suyos. No es una traición. Es política exterior. La única pregunta verdaderamente incómoda es si España tiene igual de claro cuáles son los suyos. – y yo no lo tengo nada claro-

Dentro de unas semanas Ceuta desaparecerá de las noticias. Habrá otra reunión bilateral, los ministros se darán la mano y alguien volverá a hablar de las excelentes relaciones entre dos países amigos y aliados. Pero el Sáhara seguirá allí. Canarias también. Y mientras todos miramos la valla, hay una cantidad enorme de océano que no sale en televisión.

Existe una vieja broma en las redacciones. Cuando se acerca una final, una elección o la muerte anunciada de algún anciano ilustre, se preparan varias versiones de los artículos. Si gana A, se publica el A. Si gana B, el B. Si palma el Papa o el Rey, el obituario. Si sobrevive, al cajón hasta que se suba al árbol…

Es una práctica perfectamente razonable. Lo que no suele hacerse es publicar el artículo equivocado, que es exactamente lo que parece haber ocurrido con la columna que Arcadi Espada firmó en El Mundo bajo el solemne título “Nunca es solo fútbol, recordadlo siempre»

Porque, efectivamente, nunca fue solo fútbol. Espada construye una tesis a la medida de la inquina que le tiene a la idea de ese país que sólo está en su cabeza. España perdería porque España está perdida. La selección representa a un país mediocre, enemigo del mérito, entregado a un igualitarismo woke, incapaz de la excelencia y moralmente exhausto. El vestuario es una metáfora nacional. Los once jugadores son cuarenta y ocho millones de españoles con botas.

Todo muy orteguiano.

Solo había un pequeño inconveniente: España no perdió; ganó a Bélgica, ganó a Francia y acabó levantando la Copa del Mundo.

Es difícil imaginar una refutación más elegante. No hizo falta escribir una réplica. Bastó con jugar los partidos.

Lo fascinante del episodio no es el error. Cualquiera puede equivocarse haciendo un pronóstico. Lo interesante es que el texto demuestra que el resultado era irrelevante para Arcada. Leed la columna con calma. No aparece un rival. No aparece un marcador. No aparece una jugada. No aparece una decisión arbitral. No aparece un nombre propio. Podría haberse publicado tras perder con Francia, con Alemania o con el equipo de Rugby de la Complutense.

Esto revela algo bastante más interesante que una torpeza editorial. Revela una forma de entender el periodismo de opinión por parte de El Inmundo. Antes, los articulistas observaban un hecho y elaboraban una interpretación. Ahora, algunos llegan con la interpretación escrita de casa y esperan pacientemente a que los hechos tengan la cortesía de ajustarse al guion.

Cuando la realidad coopera, el articulista parece un profeta. Cuando no coopera, ocurre esto. Hay una frase especialmente deliciosa. Dice Espada: «Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella.» Es una frase magnífica. Tan magnífica que admite la inversión exacta. Ninguna selección triunfa sola: triunfa el país que se proyectaba en ella.

Así que, siguiendo la lógica del propio artículo, habría que concluir que la España mestiza, igualitaria y risueña —esa misma de la que el autor se burlaba en la entradilla— acaba de proclamarse campeona del mundo.

Naturalmente, nadie espera que Arcadi Espada escriba esa columna, porque el problema nunca fue el fútbol, ni siquiera España; el problema era que la conclusión estaba decidida para Espada antes de que rodara el balón.

Este pequeño accidente editorial tiene un enorme valor pedagógico. Durante unos minutos hemos podido ver el mecanismo interno del columnismo contemporáneo. No se trata de explicar la realidad. Se trata de ilustrar una tesis previa. Los hechos son simples figurantes. Si ayudan, se citan. Si estorban, se ignoran. Y si el becario pulsa el botón equivocado y publica el artículo destinado a una realidad alternativa, el truco queda al descubierto.

La selección ganó otro Mundial y El Mundo y Espada perdieron una oportunidad magnífica para recordar cuál debería ser el orden natural de las cosas: Primero ocurre la realidad y después se escribe el artículo. No al revés.

Como muchas veces, estaba tirado en la cama haciendo dooms­crolling, ese estado mental entre el cansancio y la curiosidad malsana en el que uno deja que el algoritmo decida por él. Entre un vídeo de Bad Bunny en la Super Bowl que me hace dudar de mi heterosexualidad y otro de builds rotísimas para Baldur’s Gate 3, me apareció de pronto un vídeo de “inversión inmobiliaria”. Yo qué sé. El algoritmo se ha vuelto loco o ha decidido que ya soy oficialmente un señor mayor. En cualquier caso, lo vi. Y como suele ocurrir con este tipo de contenidos, no era solo una propuesta económica: era toda una visión del mundo condensada en un minuto.

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Vivimos en un ecosistema moral lo suficientemente degradado como para que alguien pueda explicar sin rubor, y sin temor a que le den una paliza- cómo enriquecerse explotando la precariedad ajena. Y hacerlo, además, reclamando admiración. No queda más remedio que escribir. No para debatir, porque con una lógica así no se dialoga. Se señala. Lo que hay ahí no es audacia ni inteligencia. Es bancarrota moral. Es confundir lucidez con parasitismo. Es necesitar una indigencia ética absoluta para presentar la degradación consciente de una necesidad básica como es la vivienda como mérito personal. Y es asumir, sin vergüenza alguna, que vivir de empeorar la vida de otros puede exhibirse en público como si fuera una virtud.

El mensaje del reel era sencillo y pretendidamente incontestable. Comprar una vivienda en una zona buena para alquilarla de forma estable es una mala decisión. Lo inteligente, lo verdaderamente racional, es comprar en barrios humildes, dividir los pisos en habitaciones, meter a cuanta más gente mejor y triplicar la rentabilidad. Los números no mienten. El que compra en zonas consolidadas paga prestigio, paga marca, paga estética. El inversor despierto, en cambio, va donde “dan los números”. El dinero inteligente no busca belleza ni calidad urbana: busca rendimiento.

Este tipo de discurso se presenta siempre como una revelación incómoda, como una verdad que solo los valientes se atreven a decir. No es ideología, insisten, son matemáticas. Pero esa supuesta neutralidad es una trampa. Las matemáticas describen resultados, no justifican decisiones. Que algo sea más rentable no lo convierte en legítimo ni en moralmente aceptable. Si ese fuera el criterio último, cualquier práctica lucrativa sería defendible por el mero hecho de producir beneficios, con independencia de cómo los produce y a costa de quién.

Lo que se está defendiendo aquí no es simplemente una estrategia de inversión más agresiva. Es un modelo que depende estructuralmente de la precariedad; de degradar nuestros barrios. No funciona a pesar de ella, sino gracias a ella. La alta rentabilidad del alquiler por habitaciones en determinadas zonas no surge de la innovación, ni de una mejora del servicio, ni de una asignación más eficiente de recursos. Surge de la escasez de vivienda, de la falta de alternativas y de la necesidad de personas que no pueden permitirse otra cosa. La vulnerabilidad se convierte en la materia prima del negocio.

Para que este modelo resulte defendible, es necesario reducir la vivienda a un activo financiero cualquiera. Pero esa reducción es conceptualmente falsa y moralmente peligrosa. La vivienda no es un bien ordinario. Es el soporte material de la vida cotidiana, de la intimidad, de la estabilidad personal y familiar. Tratarla como una ficha más en una cartera de inversión implica asumir que esas dimensiones son irrelevantes frente al beneficio. Cuando se celebra que meter más personas en menos espacio es “optimización”, lo que se está diciendo, sin rodeos, es que la dignidad es un coste prescindible.

El lenguaje neoliberal delata la lógica de fondo. No se habla de hogares, sino de activos. No se habla de personas, sino de riesgo. Un solo inquilino es peligroso; treinta inquilinos son diversificación. El impago deja de ser un problema humano para convertirse en una variable estadística que se diluye cuanto más fragmentada esté la vivienda. Cada persona pasa a ser sustituible, intercambiable, fácilmente reemplazable. Esa sustituibilidad no es un efecto colateral: es el objetivo.

Este modo de pensar no aparece por accidente. Es la consecuencia directa de expulsar cualquier consideración ética del análisis económico. Cuando se presume de tener treinta inquilinos en lugar de uno como si fuera una genialidad, lo que se está celebrando es la capacidad de reducir el poder de negociación de cada individuo y de hacer que ninguno importe demasiado. Es una lógica conocida en otros ámbitos de explotación: cuanto menos imprescindible es cada persona, más rentable resulta el sistema.

La degradación del mercado inmobiliario no se produce de golpe, sino de forma paulativa. Cada piso convertido en colmena elimina una posibilidad de vivienda estable. Cada propietario que opta por el alquiler por habitaciones porque “da más” contribuye a tensionar el mercado del alquiler tradicional y a empujar a más personas hacia ese mismo modelo precario. La precariedad genera rentabilidad, y la rentabilidad genera más precariedad. Presentar este proceso como una demostración de inteligencia financiera no es solo cínico: es una forma de legitimar activamente el deterioro.

Para reforzar esta legitimación, se construye una caricatura del inversor que no participa en este juego. El que compra en una buena zona “paga marca”. El que busca estabilidad “compra prestigio”. El que prioriza barrios consolidados, servicios públicos y cohesión vecinal es presentado como un consumidor superficial. Pero lo que realmente se desprecia no es el prestigio, sino la idea misma de que la vivienda deba servir para algo más que para extraer el máximo ingreso posible.

En este marco, la ciudad desaparece como proyecto colectivo. No importa el impacto sobre los barrios, la convivencia, la saturación de servicios o la transformación del tejido social. Todo eso queda fuera del análisis porque no figura en la cuenta de resultados individual. El inversor racional no se pregunta qué ciudad está ayudando a construir, sino cuánto puede sacar de ella. Y esa renuncia a cualquier responsabilidad colectiva es una de las claves de la inmoralidad de este enfoque.

Cuando se señala este problema, la respuesta suele refugiarse en la legalidad. Si es legal, no hay nada que reprochar. Pero la legalidad es un mínimo, no un ideal. Muchas prácticas hoy consideradas injustas fueron legales durante años, y muchas leyes actuales van por detrás de realidades sociales que ya se han degradado. Apelar a la ley para cerrar el debate moral es una forma cómoda de evitar la pregunta esencial: ¿qué tipo de mercado inmobiliario estamos dispuestos a normalizar?

Invertir y obtener beneficios no es inmoral, pero convertir la degradación habitacional en estrategia óptima y presentarla como una forma superior de inteligencia sí que lo es. Porque no se limita a describir una realidad: la promueve, la celebra y la reproduce. Porque convierte una necesidad básica en una oportunidad de extracción y ridiculiza cualquier límite como si fuera ingenuidad.

Durante unos meses, en algún punto entre 2020 y 2021, pareció que como sociedad habíamos aprendido algo. No fue una gran revelación, pero sí una idea elemental: si estás enfermo, no vayas a trabajar. Quédate en casa. No hay mérito en presentarse con fiebre, no hay profesionalidad en toser a un compañero a medio metro, no hay responsabilidad en convertir el lugar de trabajo en un foco de contagio. Era una noción tan básica que resultaba incómodo admitir que había hecho falta una pandemia global para interiorizarla. Durante un tiempo, al menos, pareció asumida.

Ese tiempo ya pasó.

Y no hablo en abstracto. Hablo también de mí. Esta semana he ido a trabajar con casi 39 de fiebre. Lo he hecho convencido de que era necesario, de que no podía faltar, de que mi ausencia iba a causar un problema serio. Me creí imprescindible. Me senté delante de un ordenador mareado, sudando, rindiendo mal, pero con la sensación —absurda— de estar haciendo lo correcto. No lo estaba. No es responsabilidad: es pura inercia y una dosis considerable de ego.

Ya hemos vuelto a una normalidad que consiste en fingir que los cuerpos no importan, que la biología es una molestia secundaria y que los virus solo existen cuando protagonizan ruedas de prensa. Las oficinas vuelven a llenarse de personas con gripe, fiebre, congestión y tos persistente. A veces por decisión propia, muchas otras porque el mensaje sigue ahí, implícito o explícito: hay que estar. “No será para tanto”, “seguro que puedes aguantar”, “ya descansarás luego”. Como si “aguantar” fuera una virtud y no una forma bastante eficaz de empeorar las cosas.

Lo más inquietante no es que ocurra, sino lo rápido que lo hemos normalizado. No ha habido reflexión ni ajuste. Simplemente hemos vuelto a lo de antes porque es lo más cómodo para todos, empezando por quienes no asumen las consecuencias directas. Cuestionar esta dinámica obligaría a revisar demasiadas certezas: cómo se mide la productividad, por qué se sigue confundiendo compromiso con presencia física y hasta qué punto hemos interiorizado que enfermar es una molestia que hay que esconder.

Durante la pandemia se repitió hasta el cansancio —con datos, estudios y expertos exhaustos— que muchos contagios se producen precisamente en los espacios laborales compartidos. Se nos explicó que quedarse en casa cuando uno está enfermo no era falta de implicación, sino prevención básica. Que el teletrabajo era viable en muchos casos. Que la flexibilidad no destruía a las empresas ni paralizaba el mundo.

Pero ese aprendizaje tenía fecha de caducidad. No porque fuera incorrecto, sino porque incomodaba.

El relato actual es simple y peligroso: “ya no hay pandemia, así que no pasa nada”. Como si los virus hubieran desaparecido por decreto. Como si la ausencia de una emergencia oficial anulara cualquier responsabilidad colectiva. La enfermedad vuelve a tratarse como un asunto privado, incluso cuando sus efectos se reparten entre compañeros que no han elegido exponerse.

Aquí entra en juego una cultura laboral tóxica muy arraigada, que yo mismo he reproducido sin cuestionar: la glorificación del aguante. Esa idea de que ir a trabajar enfermo demuestra carácter, compromiso, profesionalidad. Que pedir una baja es exagerar. Que quedarse en casa con fiebre es casi sospechoso. Yo he comprado ese discurso. He actuado en consecuencia. Y el resultado no fue ejemplaridad, sino riesgo innecesario para otros y un rendimiento claramente peor.

Lo irónico es que, durante la pandemia, muchas empresas demostraron que podían ser flexibles. Que podían confiar. Que podían priorizar la salud sin que todo se viniera abajo. Y, sin embargo, en cuanto desapareció la presión externa, esa flexibilidad se replegó. No porque no funcionara, sino porque aceptar que funcionaba obligaba a reconocer algo incómodo: muchas normas laborales no son necesarias, solo heredadas.

Volver al “ven aunque estés enfermo” es trasladar el riesgo al individuo mientras se mantiene intacta la estructura. Se apela al sacrificio personal, pero se ignora el impacto colectivo. Se normaliza que alguien con síntomas se siente en una oficina cerrada, pero se cuestiona a quien pide quedarse en casa para no contagiar. Y así, poco a poco, se interioriza la idea de que el problema no es el sistema, sino quien no se adapta a él.

No se trata de vivir con miedo ni de dramatizar cada resfriado. Se trata de no olvidar una lección básica: compartimos espacios, aire y tiempo. Lo que le pasa a uno rara vez se queda solo en uno. Yo no era indispensable con 39 de fiebre. Nadie lo es. Pensarlo no nos hace responsables; nos hace parte del problema.

Quizá el verdadero fracaso no sea haber relajado las medidas, sino haber olvidado por qué existían. No eran exageraciones ni manías temporales. Eran respuestas prácticas a una realidad evidente. Fingir que ya no importa es cómodo, pero profundamente irresponsable.

Así que aquí estamos otra vez, en invierno, con oficinas llenas de toses, transporte público convertido en un experimento permanente y un consenso silencioso de que esto es “lo normal”. Como si no se hubiera demostrado que podía hacerse mejor. Como si aprender algo hubiera sido solo una obligación pasajera.

La pandemia no nos hizo más solidarios ni más conscientes. Durante un breve periodo, nos obligó —a empresas y a trabajadores— a comportarnos mejor de lo que queríamos. En cuanto dejó de ser obligatorio, muchos dejaron de hacerlo. Y otros, como yo, volvimos a creernos indispensables, incluso cuando apenas podíamos mantenernos en pie.

En la oficina desayunan con cava todos los días desde que Junts anunciara que rompía el bloque de investidura, pensando que la situación en el soviet bolivariano de la España de Sanchinistan es absolutamente insostenible.

Ya hace mucho tiempo que aprendí a no discutir con los jefes, pero eso no quita que esté convencido de que no vamos a ir a elecciones -por lo menos en los próximos meses-, por mucho que el ambiente huela a disolución. Ni el PSOE ni el PP tienen la más mínima intención de jugársela en las urnas. Y no porque teman perder —eso ya lo dan por amortizado—, sino porque sus “aliados” se les están comiendo la tostada con una tranquilidad pasmosa. Cada semana que pasa, los socios menores ganan foco, marcan los ritmos y reducen al partido grande a una figura de protocolo, esa especie de mayordomo institucional que todavía firma los decretos pero ya no manda del todo.

En Valencia, el relevo de Mazón por Pérez Llorca ha sido el gesto clásico del político que cambia de corbata para seguir igual. Feijóo lo vendió como renovación, pero lo que tiene es un incendio con el nombre de Vox escrito en la pared. El socio “incómodo” ya dicta la agenda y se permite incluso marcarle el tono moral a los populares, que solo pueden asentir con sonrisa de contención. Feijóo mira la escena desde Madrid con cara de “todo controlado” mientras se le descosen los pactos por las costuras. Convocar elecciones allí sería darle a Vox la campaña hecha y el escaño de propina.

El PSOE, por su parte, se aferra al discurso del agravio y la épica de la resistencia, pero la realidad es que ya no tiene a Junts sujetándole el andamio. El apoyo se les ha evaporado entre chantajes cruzados y calendarios imposibles, y ahora todas las leyes pendientes —la de vivienda, la de función pública, la de seguridad nacional— cuelgan de un hilo tan fino que ya ni en Moncloa saben si se aprobarán o se archivarán con dignidad. Sánchez sobrevive a base de comunicados, improvisación y la esperanza de que el calendario juegue a su favor. Pero en política el tiempo nunca es neutral: mientras sus socios se pasean por los platós como árbitros morales del Estado, el PSOE se queda mirando las votaciones como quien espera una moneda al aire.

En Extremadura las elecciones ya están convocadas, y nadie parece tener demasiadas ganas. Feijóo llega con un PP desorientado y una derecha fracturada; el PSOE, con la esperanza tímida de rascar un titular o una foto de victoria moral. Ninguno cree de verdad que vaya a ganar, solo que el otro puede perder un poco más. Y eso, en la política actual, ya cuenta como éxito.

El fondo del asunto es que los dos grandes partidos están atrapados en el mismo bucle: no pueden ir a elecciones porque sus aliados y sus propios barones se han vuelto imprevisibles. Feijóo necesita tiempo, y no solo para mantener a raya a Vox, sino para desactivar a Ayuso, que le pisa los talones y ya hace campaña con la naturalidad de quien no necesita permiso. Si Feijóo no logra neutralizarla antes de 2027, su liderazgo acabará como tantos otros en el PP: envuelto en elogios póstumos y cenas discretas.

Sánchez tampoco puede moverse. Sin Junts, su aritmética parlamentaria es un castillo de naipes y cualquier ley puede convertirse en el golpe de viento final. Tiene que resistir sin gobernar demasiado, fingir control mientras negocia cada coma con partidos que viven mejor siendo árbitros que socios. Convocar elecciones sería regalarle a la derecha el argumento de que “Madrid no escucha” y arriesgarse a un resultado donde el PSOE ni sume ni lidere.

Así que no, no habrá elecciones pronto. No porque el país no las necesite, sino porque a quienes mandan no les conviene. Los unos temen a sus socios, los otros a sus compañeros de bancada. Feijóo quiere tiempo para coser sus costuras internas; Sánchez, para evitar que el castillo se le derrumbe del todo. Y mientras tanto, la ciudadanía observa resignada cómo ambos partidos se reparten los restos del poder, como dos gatos frente a una sardina: uno la araña, el otro la huele, pero ninguno se atreve a dar el mordisco final por miedo a quedarse sin nada.