Si el fantasma de Felipe Sánchez Román levantase la cabeza y leyera las noticias de hoy sobre la izquierda española, volvería a meterse directamente en la tumba, asqueado. Y tendría que venir alguien a explicarle que esta vez tampoco ha sido posible, que hay diferencias insalvables y que el compañero del otro partido es un cabrón. Después de noventa años, hay que reconocer que la explicación sabe a poco. Al menos podrían dejarlo descansar sin encargarle que comprenda las sensibilidades de cada organización.
Sánchez Román fue un jurista y político republicano que ayudó a redactar el programa del Frente Popular y después no lo firmó, porque rechazaba la incorporación de los comunistas en el acuerdo. Había ganado la cátedra de Derecho Civil de la Universidad Central con veintitrés años -Con veintitrés años, yo estaba haciendo fansubs de Getbackers!- y renunciado a ella en protesta contra Primo de Rivera. Participó en el Pacto de San Sebastián y fue diputado constituyente. Era un republicano liberal, partidario de las reformas, con un partido pequeño y un considerable prestigio jurídico. Durante 1935 estuvo con Azaña y Martínez Barrio en las conversaciones para recuperar la colaboración con los socialistas. Trabajó en aquel acuerdo hasta encontrarse con un límite que no quiso cruzar.
En aquellas conversaciones pesaba la experiencia de las elecciones de 1933 y el siguiente bienio funesto. Republicanos de izquierda y socialistas habían concurrido separados en buena parte de España, con resultados desastrosos, agravados por una ley electoral que favorecía extraordinariamente a las candidaturas ganadoras. Estas podían obtener alrededor de las tres cuartas partes de los diputados de una circunscripción. Una diferencia relativamente pequeña de votos bastaba para producir una distancia parlamentaria enorme, y repartirse el electorado entre partidos próximos podía dejar a muchos de sus candidatos fuera de las Cortes.
Había razones políticas para entenderse, empezando por la amnistía de los presos de la revolución de 1934. También querían recuperar las reformas del primer bienio. Pero tenían que ganar unas elecciones y ya habían comprobado lo que costaba presentarse separados. Con aquella ley electoral, el desacuerdo podía costarles otra legislatura fuera del Gobierno.
El pacto se firmó el 15 de enero de 1936. Las negociaciones habían sido difíciles y los participantes conservaron discrepancias importantes, algunas recogidas expresamente en el programa. Los republicanos rechazaban la nacionalización de la banca y otras propuestas obreras. Se acordó que gobernaran los partidos republicanos con apoyo de las organizaciones obreras, aunque las diferencias sobre el futuro contribuirían a debilitar el entendimiento. Sánchez Román se quedó fuera. Contar todo aquello como una súbita fraternidad de las izquierdas exige tragarse un poco de vómito.
Noventa años después, cuando vuelve a discutirse la unidad electoral, me interesa esa negociación mucho más que la posibilidad de recuperar el nombre. Frente Popular suena rotundo y permite entusiasmar a los propios mientras se proporciona material de campaña a los contrarios, pero una denominación no resuelve cómo se presenta una candidatura en una provincia que reparte cuatro diputados. Ahí hay que abrir las cuentas y aceptar que quizá contradigan lo que a uno le apetecía hacer.
Las noticias de hoy, le ponen nombres a la discusión. Frente Amplio y Podemos han cerrado el plazo de coaliciones sin un acuerdo general para el Congreso, con excepciones en Canarias y la Comunidad Valenciana. En Madrid competirán Emilio Delgado e Irene Montero; en Cataluña, Podemos ha pactado con ERC y los comunes concurrirán con Frente Amplio. El PSOE va por su cuenta. Para el Senado, en cambio, los socialistas y Frente Amplio sí han conseguido pactar ampliamente. La incompatibilidad admite, por lo visto, un tratamiento distinto según la circunscripción.
Vox, por su parte, estudia no presentar candidatos al Senado en algunas provincias y pedir allí el voto para el PP. De momento es una posibilidad, no una decisión tomada. Responde a los acuerdos de la izquierda para esa Cámara, donde en las circunscripciones provinciales ordinarias se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres nombres. Coordinar el voto puede permitir llevarse tres puestos; dispersarlo puede salir carísimo. En esa mecánica hay un parecido con 1936 más directo que en el Congreso. Y ellos sí han entendido el trabajo que tenían. They’ve understood the assignment. Abascal parece dispuesto a considerar que un senador del PP puede resultarle más útil que un candidato propio sin escaño. Tiene cojones que haya que mirar a Vox para encontrar esa disposición a hacer las cuentas.
Para el Congreso, el sistema actual es proporcional, con circunscripciones provinciales, salvo las particularidades de Ceuta y Melilla, y reparto D’Hondt. La fragmentación tiene consecuencias distintas de las de 1936. En las provincias que eligen pocos diputados, una candidatura puede reunir miles de votos y quedarse sin representación aunque supere la barrera legal del tres por ciento. Necesita entrar entre los cocientes que obtienen escaño, y eso depende de sus competidores y del número de puestos disponibles. Los votos que no lo consiguen tampoco se trasladan después a una candidatura amiga.
En una provincia imaginaria de cinco diputados -coff coff, Ciudad Real-, con resultados del 45, el 35, el 12 y el 8 por ciento, las dos primeras candidaturas obtendrían tres y dos escaños. Si las pequeñas se presentaran juntas y conservaran sus votos, conseguirían un diputado y la primera bajaría a dos. Se podría haber votado exactamente igual, con idénticas preferencias políticas, y obtener otro reparto por haber acordado antes una candidatura común.
Ese es el problema de prometer que ya habrá entendimiento después. Puede haberlo, con toda la sinceridad del mundo, cuando el diputado necesario para hacerlo útil se haya quedado en otra bancada. La afinidad entre dos programas no permite sumar los votos que se perdieron durante el reparto. Hace falta discutir antes cómo evitarlo, por desagradable que resulte sentarse con alguien que lleva meses poniéndote a parir.
Los votantes, desde luego, pueden mandar el acuerdo a paseo. Nadie garantiza que una coalición conserve los apoyos de sus integrantes. Algunos se irían y otros podrían volver desde la abstención. Presentarse juntos puede resultar provechoso en una provincia y perder sentido en otra. Esto obliga a estudiar qué se puede hacer entre PSOE, Frente Amplio, Podemos y las demás fuerzas, sin dar por demostrado que la candidatura más amplia será siempre la mejor. También obliga a quien defiende ir por separado a explicar sus expectativas con algo más que una declaración de principios.
Sería bastante miserable atribuir la decisión de Sánchez Román a un capricho después de saber que había renunciado a una cátedra bajo una dictadura. Pero tampoco podemos conceder esa dignidad de antemano a cualquier desacuerdo entre dirigentes. Quien rompa una negociación tendrá que explicar qué propuesta considera inaceptable. Los puestos de salida también pueden provocar desacuerdos, pero cuesta tomarse en serio que se discutan invocando las convicciones.
El programa de 1936 dejaba escritos sus desacuerdos y permitía saber qué habían aceptado hacer juntos. Esa franqueza serviría hoy para discutir medidas de vivienda o compromisos laborales sin fingir una conversión ideológica colectiva. Podría incluso explicar por qué merece la pena soportarse durante una legislatura.
Lo que me resulta difícil de aceptar es que se pida al votante que cargue además con las consecuencias de una división que nadie se ha molestado en justificarle. Que escuche durante meses a personas que aspiran a representarlo explicarse mutuamente por qué son incompatibles y después tenga que acudir a salvarlas de los resultados. Y todavía leer, al día siguiente, que faltó movilización.
Porque la derecha si que va a sacar sus 12 millones de votos. Como siempre.