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Si dentro de veinte años seguimos por aquí —por cosas de la geopolítica o de la genética— no recordaremos exactamente quiénes eran Ábalos, Santos Cerdán o Koldo; después de todo, no son primeros carteles de la política nacional, más bien actores secundarios que demuestran que la corrupción en España no es un error del sistema. Es el sistema. Una rueda aceitada durante siglos, en la que políticos, funcionarios y empresarios se entienden con una naturalidad que da asco. Y sí, los escándalos salen en prensa, se monta el circo, ruedan unas pocas cabezas —generalmente las prescindibles—, y al poco todo vuelve a la normalidad. Porque aquí el problema nunca ha sido que se robe. El problema es que solo caen los que pillan.

Durante años nos han vendido la corrupción como una enfermedad moral, como si todo se arreglara con más clases de ética o con jueces con puñetas más grandes. Pero el foco siempre ha estado del lado cómodo: el político que cobra la mordida, el concejal con un sobre en el coche, el asesor con sociedades en Panamá. Pero nunca ponemos el objetivo en quien paga. ¿Qué pasa con la empresa que puso el dinero sobre la mesa? Nada. Absolutamente nada. Salvo contadísimas excepciones, las empresas que corrompen en España siguen contratando con la administración como si no hubiera pasado nada. Y lo peor: siguen ganando cantidades obscenas de dinero.

Empresas como OHL, FCC, Ferrovial, Dragados, Indra o Sacyr —algunas investigadas, otras directamente condenadas por sobornos— siguen participando en licitaciones públicas. Cambian de nombre, hacen un lavado de cara, emiten un comunicado diciendo que “colaboran con la justicia”, pagan una multa ridícula y se presentan a la siguiente obra. Y la ganan. ¿Cuál es el incentivo para dejar de pagar mordidas si el castigo es simbólico y el acceso al dinero público sigue garantizado? Ninguno.

La mordida, en España, no es un riesgo. Es un coste más del contrato —un 3 %, je—. Una inversión. Una palanca para conseguir adjudicaciones millonarias. Un atajo rentable. Se disfraza de asesoría, de consultoría, de publicidad institucional. Pero siempre es lo mismo: pagar para ganar. Y mientras no se les cierre esa vía, la corrupción seguirá siendo el método más eficiente para hacer negocios con lo público.

Lo grave no es que existan estas prácticas, sino que el Estado las tolere. Que las administre. Porque aquí no hay inocencia, solo jerarquía: los políticos que reparten contratos lo saben, los empresarios que pagan también, y la administración suele mirar hacia otro lado. A veces por miedo, a veces por comodidad, a veces porque la oposición también cobra. Solo nos enteramos de los casos cuando a alguien le interesa que nos enteremos.

Durante décadas se ha protegido a los corruptores porque “generan empleo”, porque “son esenciales para las infraestructuras del país”, porque “no se puede parar la obra pública”. Es el chantaje perfecto: o me dejas seguir licitando o te dejo sin autopistas, sin hospitales, sin ferrocarriles. Y los gobiernos, de todos los colores, tragan. Han convertido la corrupción en política industrial. En una forma de gobernar sin pasar por el BOE.

Mientras tanto, al presidente de turno se le llena la boca hablando de regeneración, de transparencia, de digitalización de contratos, de compliance. Tonterías. Papel mojado. Mientras las empresas que han pagado comisiones sigan contratando con el Estado, todo lo demás es puro maquillaje.

Lo que haría falta es simple, y por eso nadie quiere hacerlo: prohibir automáticamente que una empresa que haya pagado un soborno vuelva a contratar con cualquier administración pública. Nunca más. Sin matices, sin excepciones, sin cambiar de CIF para empezar de cero. Nadie que haya trabajado en una empresa condenada por pagar mordidas puede trabajar en una empresa que vaya a licitar un contrato público. Desde el bedel hasta el consejero delegado. Tirando del velo societario. Con actas de titularidades reales que dejen al descubierto quiénes son los auténticos beneficiados de la corrupción. Y normalmente no es el político corrupto.

Esto rompería el ciclo. Porque si la mordida no te garantiza el contrato, si te puede dejar fuera del sistema, entonces empieza a ser un mal negocio. Hoy no lo es. Hoy es la forma más rápida de crecer. De entrar en el club. De estar en las fotos en el palco del Bernabéu.

Y que no vengan con el cuento de que “la empresa no es responsable de lo que hizo un directivo concreto”. Eso no cuela; nunca lo hizo. Si los beneficios fueron para la empresa, la responsabilidad también. Si cobraron millones gracias a una adjudicación podrida, tienen que quedar fuera del sistema. Y si la empresa cambia de nombre para evitar la sanción, se le aplica lo mismo. Porque los directivos, los accionistas, las prácticas… todo sigue igual. Solo cambian el logo.

Pero en España eso sería demasiado radical. Demasiado serio. Demasiado justo. Aquí preferimos el teatrillo: escándalo, investigación, comparecencia parlamentaria con lágrima de cocodrilo incluida y “me han engañado, no sabía nada”. Una multa menor que el beneficio obtenido, un pacto con la fiscalía, y a la semana siguiente ya están licitando otra vez.

Pero ojo: la corrupción no llegó con la democracia ni con la Transición, ni siquiera con Franco. Viene de mucho antes. Está en el ADN del Estado moderno español. Ya en el siglo XIX, Agustín Fernando Muñoz —marido de la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias— amasó una fortuna obscena adjudicando concesiones ferroviarias a dedo mientras se presentaba como “empresario liberal”. El dinero público y el negocio privado empezaron a dormir juntos desde entonces. En la Restauración, la política se financiaba con favores urbanísticos; en la dictadura de Primo de Rivera, las obras públicas eran directamente un sistema de clientelismo armado. En la República, Nombela y el estraperlo. Franco lo perfeccionó con su “capitalismo de amiguetes”, basado en constructoras fieles al régimen que hacían caja a golpe de monopolio. Y cuando llegó la democracia, en lugar de desmontar esa maquinaria, los “nuevos” partidos la hicieron suya. FILESA fue el ejemplo perfecto: una red de financiación ilegal del PSOE, disfrazada de consultoras, que cobraban comisiones a empresas a cambio de contratos. Es decir, el modelo clásico de mordida, pero con membrete moderno. Nada nuevo.

Pero ojo, si hay algo que funciona peor que el castigo simbólico, es el olvido planificado. El caso Gürtel dejó probado que varias constructoras financiaban ilegalmente al PP a cambio de contratos públicos. ¿Y qué pasó con esas constructoras? Nada. Siguieron operando. En el caso Palau, Ferrovial pagaba “donaciones” a Convergència para llevarse obra pública. ¿Consecuencias reales? Ninguna. En el caso Lezo, OHL fue señalada por pagos irregulares. ¿Alguien la ha vetado? No. Y así todo.

El mensaje es claro: si tienes pasta, puedes corromper al político de turno sin salir del juego. Puedes pagar mordidas, financiar partidos, manipular concursos… y luego seguir firmando contratos con el Estado. Esa es la verdadera impunidad. No la del político que va a prisión, sino la de la empresa que lo sobornó y sigue cotizando en bolsa.

La única forma seria de luchar contra esto es cerrar el grifo. Que cualquier empresa que haya participado en una trama de corrupción pierda el acceso al dinero público. Que no pueda presentarse a concursos, ni como adjudicataria principal ni como subcontratada. Que no pueda firmar convenios, ni recibir subvenciones. Y que eso sea automático, no negociable, sin espacio para abogados que negocien el «impacto económico de la sanción».

Hasta que eso no ocurra, la corrupción seguirá siendo un negocio rentable. Y cada escándalo será solo otro capítulo más de una historia que todos conocemos de memoria. Porque aquí no se trata de acabar con la corrupción. Aquí el único objetivo ha sido siempre gestionar quién reparte la mordida.

La justicia española no es neutral. Es como ese portero de discoteca pija que sonríe al chaval engominado y dice que el aforo está completo cuando trata de entrar una pareja de ecuatorianos. Tiene normas, sí, pero se aplican con tacto de afinidad ideológica. O de clase. O de parroquia.

Nos lo dicen sin decirlo. Cada vez que una jueza permite avanzar una causa delirante por “ofensa a los sentimientos religiosos”, cada vez que un fiscal mantiene viva una denuncia de Abogados Cristianos contra un artista o una feminista, cada vez que se abre diligencia contra un meme o un hilo de Twitter mientras una agresión fascista queda en el limbo —no queda acreditada la motivación ideológica de la paliza, aunque los agresores gritaran “maricón al paredón” mientras machacaban la cabeza con sus Doc Martens—. No es que no lo veamos. Es que ya ni lo esconden.

Abogados Cristianos —saluda, Polonia— ha presentado más de 120 demandas y querellas en los últimos cinco años. Más del 70 % han acabado archivadas, pero eso no importa: el objetivo no es ganar, es asfixiar al disidente. Si protestas contra la Iglesia o ironizas con su simbología, te persiguen. No con bates, sino con papel timbrado, con la complicidad de una judicatura que raramente los frena.

Sí, hay jueces progresistas. Pero no están en el Consejo General del Poder Judicial. No presiden tribunales superiores. Y cuando incomodan, los trasladan o los silencian. El poder judicial no se depura, se reproduce. Como una herencia maldita.

Las asociaciones conservadoras como la APM dominan los órganos clave. El CGPJ ha estado bloqueado años porque al PP no le interesa perder esa ventaja. Y cuando alguien propone reformarlo, se grita “ataque a la independencia judicial”, como si independencia significara blindaje de casta.

Y así, en lugar de actuar como contrapoder, la justicia actúa como trinchera. Mientras Abogados Cristianos patrulla los juzgados con la cruz en alto, el sistema se lo permite todo. En 2024, su patrimonio declarado superó los 1,2 millones de euros. No están solos: reciben respaldo de fundaciones próximas a Vox, y se benefician de un código penal que aún conserva joyas como el delito de “escarnio a la religión”.

El aparato judicial no es ajeno a esa narrativa. Es parte; es cómplice. Comparte un lenguaje, una idea de orden, una estética. Las togas no necesitan decir “viva Cristo Rey” para aplicar el derecho como si lo pensaran. Porque el juez más izquierdista no deja de ser un engranaje de la represión del Estado. Y cuando eres un martillo, todo parece un clavo.

Esto no es nuevo. La Alemania de los años veinte ya tuvo una judicatura aristocrática y reaccionaria que facilitó el ascenso nazi. Procesaban a comunistas con rigor y a golpistas de derechas con indulgencia. Cuando Hitler tomó el poder, muchos jueces no fueron depurados: ya estaban dispuestos. No se resistieron. Colaboraron.

No estamos ahí, pero el patrón se parece demasiado. En España lo llamamos lawfare, y consiste en usar la justicia como ariete político. Un diputado pierde el escaño por una condena discutible; una artista es procesada por un montaje visual; una activista es citada por tuitear una crítica religiosa. No es justicia: es ideología cavernaria disfrazada de legalidad.

Todo esto opera con la lógica del miedo. ¿Quién se atreve a cuestionar, a crear, a incomodar, si sabe que puede acabar en un juzgado? ¿Quién levanta la voz, si el coste es años de procesos, escarnio público y desgaste económico?

Y mientras tanto, lo que sí debería perseguirse —corrupción, violencia institucional, discurso de odio real— queda en segundo plano. Porque la energía del sistema se concentra en vigilar irreverencias, no injusticias. En castigar herejías, no delitos.

Algunos dirán que exageramos. Que también se archivan querellas contra la izquierda. Que hay pluralismo. Claro que sí. También en la dictadura había jueces honestos. La excepción no invalida el problema. Y el problema es estructural.

Hay una justicia que se parece demasiado a sus orígenes: elitista, cerrada, autorreferencial. Y como toda estructura que no se renueva, tiende a proteger lo suyo. Por eso los ultracatólicos no necesitan ganar todos los juicios. Solo necesitan que se los admitan. Que les den entrada. Que no se les cierre la puerta.

Esto es un sistema. Y se puede cambiar. Hace falta democratizar el acceso a la carrera judicial, eliminar delitos anacrónicos, limitar el poder de asociaciones ideológicas, y despolitizar —de verdad— los nombramientos. Pero no hay voluntad. Porque quienes podrían reformarlo, se benefician de que nada cambie.

Y mientras no se haga, la toga seguirá sirviendo a los de siempre. Los de las querellas por blasfemia. Los de la misa diaria y la cuenta en Suiza. Los que creen que el Estado debe proteger la fe, pero no a las personas.

Porque lo grave no es que exista un grupo como Abogados Cristianos. Lo grave es que el Estado de derecho les haga de chófer. Les abra la puerta. Les ría la gracia.

Y por eso escribimos esto. Para que no digan que no lo sabíamos. Para que no aleguen sorpresa cuando llegue la sotana.

Porque si la toga se convierte en sotana,
la democracia acaba en misa de difuntos.

Ha sido un fin de semana de locos; como los de antes de que dejara el Turno -a veces los echo de menos-. Todo empezó con una llamada a las tres y cuarto de la madrugada y no hay llamadas buenas a esa hora. Era el padre de un antiguo cliente mío —un cliente satisfecho— de los que te llama su abogado a pesar de que haga diez años que no llevas este tipo de temas. El señor es uno de esos viejecitos prudentes que alquilan para complementar la pensión. Le temblaba la voz: “Han reventado la puerta del piso de la abuela en Delicias. El piso de la abuela —ya fallecida y en herencia yacente— estaba alquilado desde hace más de un año. Resulta que era un laboratorio de drogas. Tubos de ensayo, prensas, extractores. Como en Breaking Bad.

Esa fue la palabra que lo cambió todo: narcopiso. Porque no era solo el delito. Era la imagen, el titular, la sospecha. Y la pregunta inevitable, que me lleva otra vez a escribir uno de estos posts que sólo me importan a mí: ¿es responsable penalmente el dueño del piso?

Conocí al padre -mi nuevo cliente- esa misma mañana. Hombre mayor, tranquilo, de esos que anotan los pagos a mano y guardan los contratos en carpetas plastificadas. “Yo no sabía nada”, repetía. “Nunca vi nada raro.” Pero el piso estaba destrozado, precintado, con una orden judicial de registro y una investigación abierta por tráfico de estupefacientes. La policía había intervenido 12 kilos de sustancias, básculas de precisión, ventilación forzada y un diario de operaciones. El escenario perfecto para una condena. ¿Pero también para él?

En Derecho penal, la responsabilidad no se transmite como las deudas de una herencia. Hay que participar, colaborar o, como mínimo, mirar hacia otro lado con demasiada intención. Ser dueño de una propiedad no te convierte en cómplice por defecto, pero tampoco te absuelve si tu pasividad es tan intensa que parece consentimiento. Esto lo ha dejado claro el Tribunal Supremo en múltiples sentencias, como la STS 271/2017, donde señala que la ignorancia deliberada no excluye la responsabilidad criminal cuando el acusado tuvo a su alcance elementos objetivos para conocer el ilícito.

Si sabes que están vendiendo droga en tu piso y te callas, eres parte del problema. Y si no lo sabes, pero deberías haberlo sabido —porque había indicios claros, porque los vecinos te avisaron, porque el olor químico era evidente y decidiste mirar hacia otro lado— también puedes tener un pie dentro del proceso penal. El artículo 65 del Código Penal permite aplicar el delito a quienes, sin ser autores directos, cooperan necesaria o conscientemente.

El problema, como casi siempre, está en los matices. ¿Qué significa «debería haberlo sabido»? En el caso de Delicias, los vecinos llevaban meses quejándose: ruidos, olores, visitas a deshoras. Mi cliente admitió que había recibido algún comentario, pero no le dio importancia. “No me gusta molestar”, dijo. Y esa frase, tan española, tan razonable en la vida cotidiana, es letal en términos jurídicos. Porque el Derecho no premia al discreto. Premia al diligente.

Si un propietario no toma ninguna medida ante señales evidentes de actividad ilegal, puede ser acusado no solo de encubrimiento (art. 451 CP), sino incluso de cooperación necesaria (art. 28 y 29 CP) o de facilitación de medios para un delito. Eso sí: no basta con que sea su piso. Tiene que haber algún nexo, una omisión significativa, un beneficio económico consciente o una tolerancia más que evidente. Por ejemplo, cobrar alquileres en efectivo, sin contrato, sin preguntar a qué se dedican los inquilinos, no querer saber. Eso no es ignorancia. Eso es colaborar a media voz.

Por suerte, en este caso, el contrato existía. Era legal, estaba registrado en el IVIMA. Mi cliente había firmado un alquiler estándar con una pareja aparentemente normal. Además, hubo un detalle que lo salvó: cuando comenzaron los rumores, él envió dos burofaxes, uno en enero y otro en marzo. No con acusaciones, sino pidiendo explicaciones. Exigiendo saber si se estaba incumpliendo el contrato. Amenazando, incluso, con resolverlo por uso indebido del inmueble. Y esa pequeña muestra de diligencia ha sido su escudo.

El artículo 27.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prevé la resolución del contrato si el arrendatario da al inmueble un destino distinto del pactado. Incluso sin sentencia, esa cláusula permite iniciar un desahucio exprés por uso ilícito. No bastó para evitar el daño mediático, ni el destrozo del piso, ni la noche en vela. Pero sí bastó para que la policía y el juez hayan entendido que no era cómplice. Era, como tantos otros, una víctima.

Ahora bien, aunque no tuvo responsabilidad penal, sí se enfrenta a una posible responsabilidad civil —por los daños a la finca— y también administrativa. La Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015) permite sancionar con multas al titular de un inmueble si tolera actos ilícitos continuados, aunque no los haya cometido directamente. La comunidad de propietarios lo denunció por daños. El seguro se niega a cubrir nada porque la póliza excluye expresamente actividades delictivas. Y el Ayuntamiento ha abierto un expediente por uso irregular del inmueble.

El Derecho administrativo es más frío, más automático. No le importa tanto si lo sabías o no: le importa que no lo evitaste. Y muchas veces, eso es suficiente para que te sancionen.

Este tipo de situaciones, tan comunes como poco comprendidas, nos recuerdan que alquilar un piso no es una actividad pasiva. Es una cesión de uso, sí, pero con condiciones. Y si las condiciones se incumplen, el propietario tiene la obligación de reaccionar. No basta con tener un contrato. Hay que vigilar su cumplimiento. Hacer visitas si hay sospechas. Preguntar. Intervenir. Denunciar si hace falta. Lo contrario, esperar que todo se solucione solo, es como invitar al desastre a pasar la noche.

Así que si tienes un piso alquilado, haz contratos. Regístralos. Pide referencias. Y, sobre todo, si algo huele raro —literal o figuradamente—, actúa. Lo peor que puedes hacer es esperar a que sea otro quien te lo diga. Porque entonces, ya no serás el dueño de un piso. Serás el dueño de un problema. Y de esos, el Código Penal no se compadece.

Mi cliente, por cierto, está pensando en vender el piso. No quiere volver a entrar en él. Me dice que lo que más le ha dolido no es el dinero. Ha sido ver su nombre, su apellido, junto a la palabra “narcopiso” en una página web. A veces, lo más difícil de limpiar no son las paredes.

Este es el nivel de nuestra política. Esta señora es diputada nacional, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, presidenta del PP de León y, según ella misma se define, “apasionada de la Política y la Historia”.

A veces, uno ve a una persona lanzarse de cabeza a un charco con la convicción de quien cree estar cruzando el Rubicón. Ester Muñoz, diputada y tuitera habitual, ha tenido uno de esos momentos. Reacciona indignada a la noticia de que la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía sostiene que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba”, y lo argumenta de una forma demoledora: “Pues la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la CE, ¿se puede aprobar una ley de esclavitud?”

Sí. Ha dicho eso. En voz alta. Sin que se le note la mueca, con foto institucional. Estamos ante un ejemplo perfecto de ejercer la política como quien discute pegando manotazos en la barra del bar —versión protocolo y americana azul marino—.

Podríamos soltar un par de chascarrillos sobre su poca capacidad y seguir adelante. Pero eso sería ignorar el poder corrosivo de la estupidez cuando viene desde una figura pública, a la que se le presupone cierto conocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema jurídico y político.

Lo que hace Muñoz aquí no es solo una torpeza argumental. Es una falacia de hombre de paja de manual. Toma una doctrina consolidada —la libertad del legislador dentro del marco constitucional— y la convierte en una caricatura grotesca: “Ah, ¿que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba? Pues venga, volvamos a esclavizar. Y si sobra tiempo, montamos un buffet de canibalismo consensuado”.

Desgraciadamente, en nuestro zeitgeist, funciona. Especialmente en redes. Basta con llevar una idea al extremo más monstruoso y presentarla como si fuera la consecuencia inevitable del argumento original. ¿Que el Derecho permite lo que no prohíbe? Entonces legalicemos el incesto. ¿Que los jueces interpretan la ley? Pues dictadores con toga. ¿Que la amnistía no está expresamente prohibida? Entonces esclavitud y antropofagia. Así se hace política hoy: como si Twitter fuera un examen de primero de Derecho para alumnos aplicados del cinismo.

Pero el problema no es solo metodológico. Es, sobre todo, jurídico. Porque Muñoz intenta hacer pasar por “sentido común constitucional” una visión interesadamente equivocada del Derecho español. La ponencia del TC no dice que el legislador pueda hacer cualquier cosa. Dice que puede hacer todo lo que no esté prohibido por la Constitución. No “todo lo que esté expresamente permitido”. Es una diferencia clave. Mi hija de once años la entiende.

Es, de hecho, la diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura reglamentista. En el primero, el legislador tiene margen mientras no contradiga la Constitución. En el segundo, solo puede hacer lo que un texto previo haya autorizado palabra por palabra. Lo que Muñoz presenta como una defensa del principio de legalidad es, en realidad, su negación.

El principio de legalidad no exige que todo esté escrito con detalle. Exige que toda actuación del poder esté sujeta a la Constitución y a la ley. Que haya límites, sí, pero no que el legislador sea un notario de lo ya redactado. Si así fuera, ninguna ley podría innovar. No habría legislación sobre internet, ni inteligencia artificial, ni matrimonio igualitario, ni eutanasia. Nada de eso está “expresamente” previsto en la Constitución. Pero el legislador puede —y debe— regularlo, siempre que no vulnere sus principios.

Y aquí viene la segunda trampa del tuit de Muñoz. Dice que, como la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la CE, su legalización sería posible. Pero eso es falso. No con esas palabras, quizás, pero sí están prohibidos. Porque la Constitución no es una lista de delitos. Es un marco de principios. Y en ese marco, la esclavitud es incompatible con la dignidad de la persona (art. 10.1), con el derecho a la libertad (art. 17), al trabajo libre (art. 35), con la igualdad (art. 14), y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que la Constitución incorpora explícitamente en su artículo 10.2.

Así que no, no se puede legalizar la esclavitud. No porque lo diga la Constitución con esa palabra, sino porque todo su andamiaje lo impide. Lo mismo con el canibalismo, aunque uno tenga que hacer más pasos. Pero en ningún caso es cierto que “como no lo prohíbe expresamente, se puede”. Esa es una distorsión deliberada.

¿Para qué usa esa distorsión? No se trata de discutir la ponencia del TC, sino de deslegitimarla a base de chistes y memes jurídicos. Si el TC dice que una ley de amnistía es constitucional si no la prohíbe la CE, se responde no con argumentos, sino con reducciones al absurdo. “¿Entonces también esclavitud?”. Y así, lo que es una afirmación razonable —el legislador tiene libertad dentro del marco constitucional— se convierte en la antesala de un régimen de horrores.

La intención es clara: hacer pasar una doctrina jurídica sólida por una barbaridad, apelando a algo que repugna a cualquiera. Y hacerlo en nombre del “principio de legalidad”, como si el orden jurídico español funcionara por lista cerrada. Como si el legislador fuera un becario que no puede moverse sin permiso del vigilante de pasillo.

Pero eso no es el Estado de Derecho. Eso es una caricatura del legalismo, útil para incendiar el debate, pero inútil para gobernar.

Y lo más enervante es que esta lógica de “todo lo que no esté expresamente prohibido es una amenaza” es la misma que justifica los recortes de libertades. Porque si solo se puede hacer lo expresamente autorizado, entonces nadie tiene derecho a lo que no esté concedido. No tienes libertad de expresión si no está detallada palabra por palabra. No puedes fundar una asociación si no se te da permiso. No puedes vivir una vida que no haya sido prevista en el BOE.

Es curioso: el liberalismo, que históricamente defendía limitar el poder y empoderar al ciudadano, es hoy invocado para imponer una visión hiperformalista y literalista de la Constitución. Un liberalismo sin libertad. Una Constitución sin interpretación. Una democracia sin confianza.

Y claro, se puede estar a favor o en contra de la amnistía. Se puede discutir su encaje con el artículo 62.i CE, su oportunidad política o su impacto jurídico. Todo eso es legítimo. Lo que no lo es, es falsear el debate, distorsionar los argumentos y presentar al Tribunal Constitucional como una secta de caníbales filoesclavistas solo porque no ha dicho lo que uno quería.

Si lo que molesta es la amnistía, discutámosla con argumentos. Si lo que molesta es el TC, propongamos una reforma. Pero si lo que molesta es que el Derecho tenga interpretación —y no solo prohibiciones literales— entonces lo que se echa de menos no es el Estado de Derecho, sino otra cosa. Algo más rígido. Más obediente. Algo que se parezca más a las Leyes Fundamentales del Movimiento que a una Constitución democrática -aunque ya huela a naftalina-.

La AEMET ha dado la primera alerta por altas temperaturas de la temporada.

En el cosmos jurídico y sentimental de la comunidad de propietarios hay una figura ineludible: el vecino malasangre -salude, señor Semprún-. No es necesariamente el presidente ni el que más grita en las juntas, pero sí es el que ha decidido —por soberbia o por simple afición a la bronca— que tú no vas a poner ese aparato de aire acondicionado. Ni en la fachada, ni en el patio, ni en un hueco disimulado. Su cruzada no tiene que ver con el calor, sino con la norma como herramienta de castigo personal., porque tu eres el nuevo, y él, como diría Sabina, antes de volverse gilipollas, Capitán General de la Escalera.

El marco legal es claro: la instalación de un equipo de aire acondicionado en elementos comunes del edificio (como la fachada, cubiertas o patios interiores) requiere la aprobación de la comunidad de propietarios, tal como establece la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 7.1. Esta aprobación debe alcanzar las tres quintas partes del total de propietarios y cuotas, lo cual, en edificios grandes y tensos, es directamente pedirle velas a San Judas Tadeo.

Aquí es donde entra nuestro protagonista: ese vecino que no se opone por razones técnicas, ni porque el aparato le moleste, ni siquiera porque le afecte en lo más mínimo. No. Se opone porque puede y porque quiere. Porque la ley, con sus mayorías reforzadas y su retórica democrática, le otorga un poder de veto que ejerce con saña. Se opone porque sospecha que tú, al poner un compresor en la fachada, estás violando un orden estético milenario. Porque considera que el edificio “no es un mercadillo de tubos”, aunque tenga el cable de la antena parabólica de Canal plus colgando desde 1994. Porque, sencillamente, no quiere que te salgas con la tuya.

Y ojocuidado: no hay defensa racional contra este tipo de oposición. Puedes presentar informes técnicos, demostrar que no afecta a la estructura, que el ruido es imperceptible, que el goteo se recoge en depósito sellado. Puedes incluso ofrecer pagar tú mismo el revestimiento para que quede integrado. Da igual. Él votará en contra. Lo anunciará con solemnidad. Y si es preciso, lo llevará a los tribunales. Porque no hay placer más refinado que judicializar el confort ajeno.

Pero aún hay más. La legislación municipal en Madrid añade una capa extra de complejidad (y cinismo) al asunto. El Ayuntamiento, en su cruzada por el orden urbanístico, obliga —en la medida de lo posible— a instalar los aparatos de aire acondicionado en las cubiertas del edificio. Esto figura en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM 1997). Las cubiertas son, según el consistorio, el lugar idóneo para concentrar estas unidades sin afectar la estética de la fachada ni el bienestar vecinal.

El problema es que, en la práctica, las cubiertas no siempre están disponibles. A menudo son inaccesibles, no tienen preinstalación alguna y, lo más frecuente: el acceso está limitado o directamente prohibido por los propios estatutos de la comunidad o por esa misma junta de propietarios que no quiere que toques ni una teja. Y si se propone una instalación colectiva (solución ideal), entonces el vecino malasangre se transforma en constitucionalista, defensor de la propiedad individual e invocador de costes imaginarios para vetar el proyecto.

Así que te ves atrapado. La ley estatal exige permiso para tocar la fachada. La municipal exige que no la toques, y que lo pongas en un sitio al que no te dejan subir. Y el vecino malasangre —que ya tiene aire desde hace años, pero lo instaló “cuando no se pedía tanto papeleo”— te niega la autorización con una sonrisa afilada.

¿Y si instalas sin permiso? Te arriesgas a que la comunidad te denuncie, te obligue a desmontarlo, te reclame daños y perjuicios y, si hay ganas, te lleve a juicio. ¿Y si esperas una mayoría favorable? Ya sabes quién la va a bloquear. ¿Y si te acoges a un supuesto de tolerancia generalizada? Harán limpieza selectiva, dejando solo tu aparato a la intemperie jurídica. En el ecosistema vecinal, la coherencia no cotiza.

Todo esto nos lleva a una conclusión tan previsible como deprimente: la Ley, cuando se combina con el espíritu rencoroso de ciertos propietarios, deja de ser garantía de convivencia y se convierte en instrumento de represión microdoméstica. La comunidad ya no decide qué es mejor para todos, sino qué es lo peor que puede hacerte sin salirse del marco legal. -Ya podía haberse ido este malnacido a vivir al campo-

La legislación pretende ordenar, pero habilita bloqueos absurdos. Las ordenanzas urbanas quieren preservar la estética, pero a costa del confort. Y el vecino malasangre, amparado por esa mezcla de derecho y desgana colectiva, impone su ley del hielo con una votación de voz firme y moral dudosa.

¿Soluciones? Sí, pero frágiles. Algunas comunidades permiten instalaciones si no hay oposición expresa durante un plazo razonable. Otras han reformado sus estatutos para permitir aires en patios o fachadas secundarias. También hay casos en los que los tribunales han reconocido el abuso de derecho cuando la oposición es manifiestamente injustificada. Pero no son la norma. Son la excepción judicial en un mar de reglamentismo vecinal.

Mientras tanto, tú sudas. Pero ya no es una metáfora. Porque los veranos en Madrid han dejado de ser una incomodidad estacional para convertirse en un riesgo sanitario. Porque en esta ciudad, como en tantas otras, vivir sin aire acondicionado empieza a ser un lujo que ya no se puede permitir. No hablamos de capricho ni de confort, sino de salud. De ancianos solos en pisos interiores. De niños que no duermen. De trabajadores que teletrabajan en un horno legal.

Y, aun así, la normativa parece redactada en otro siglo. Se exige una mayoría cualificada para colgar un compresor en la fachada, mientras las temperaturas baten récords año tras año. La ley no ha entendido aún que el clima ha cambiado. Pero el cuerpo sí. El cuerpo, que late lento, que se agota, que no regula más de 38 grados sin ayuda.

Así que no se trata de estética ni de reglamentos. Se trata de adaptarse o padecer. Y mientras haya vecinos dispuestos a vetar por costumbre y normativas que aún creen que el verano es una anécdota, seguirán muriendo más personas por olas de calor que por incendios.

Eso también debería estar en el acta.

Creo que el Estado de Israel se equivoca con el enfoque que está dando al genocidio que está cometiendo en Palestina. No porque las bombas en Gaza no estén resultando eficaces; sino porque como están demostrando en Cisjordania, las cosas se pueden hacer de una manera más eficaz —germánica, me atrevería a decir—, más civilizada, más perdurable, de exterminar a un pueblo. A veces no hacen falta guerras, ni drones, ni sangre. Basta con papel timbrado, un buen archivador y un Estado con vocación de orden.

En España, esa hazaña se intentó hace ya tres siglos, el 30 de julio de 1749, cuando el marqués de la Ensenada —ilustradísimo secretario del Despacho Universal de Fernando VI, experto en censos, racionalidad fiscal y armonía administrativa— activó lo que se llamó “Gran Redada”. Un operativo nacional, no contra insurgentes ni traidores, sino contra una comunidad entera: los gitanos, cuyo único crimen era existir al margen de la sociedad hispana de la época. No se les acusó de violencia, ni de desafiar al rey, ni de predicar herejías. Se les acusó de no encajar. De no obedecer la norma de vivir como los demás. Y eso, para un Estado ilustrado, era imperdonable.

No era la primera vez que lo intentábamos. Ya en 1499, apenas 100 años después de que las primeras comunidades gitanas comenzaran a asentarse en la Península Ibérica procedentes del este, los Reyes Católicos promulgaron la Pragmática de Medina del Campo, que exigía a los gitanos abandonar su lengua, sus costumbres, su nomadismo. España llevaba más de dos siglos intentando asimilarlos. Con amenazas, con leyes, con dispersión forzosa. Pero no funcionó. Los gitanos insistieron —pacíficamente, obstinadamente— en seguir siéndolo. Hablaban su lengua, vivían sin padrón, se desplazaban sin permiso, trabajaban sin gremios —y lo más grave, no pagaban impuestos—. No podían ser útiles al Estado porque no sabían ser invisibles.

La redada fue meticulosa. Hombres a galeras y arsenales. Mujeres a presidios. Niños a hospicios, para olvidar a quién pertenecían. No hubo necesidad de fuego. Fue una desaparición sin ruido, una operación administrativa. Una limpieza sin sangre. Y todo bajo la cobertura de la legalidad: órdenes firmadas, informes archivados, felicitaciones por el orden del operativo. Los corregidores hablaban del éxito como si hubieran reorganizado un archivo, no disuelto familias.

Pero —y esto es lo que no se subraya lo suficiente— la Gran Redada fracasó. No en su ejecución logística, sino en su propósito ideológico. No consiguió erradicar al pueblo gitano. No borró su lengua, ni su memoria, ni su capacidad de resistir.

El plan era claro: dispersión, trabajo forzado, separación de menores, reeducación forzosa. Pero la comunidad gitana sobrevivió, a pesar de todo. Porque el Estado no entendió que hay culturas que no se disuelven por decreto. Que la lengua puede esconderse, la música puede callarse, pero la identidad no se archiva ni se asigna por oficio. Muchos niños fueron “reeducados” y luego volvieron. Las mujeres encarceladas se organizaron para resistir en red. Las redes familiares se reconstruyeron a lo largo del siglo XIX. No se les venció entonces, y eso —quizás— es lo que más molestó.

En ese sentido, la Gran Redada no es solo un crimen, sino un fracaso de Estado. Porque no logró convertir la diferencia en obediencia. Se desplegó toda la maquinaria racional del despotismo ilustrado —fiscales, mapas, informes, carretas, conventos— y aun así, los gitanos siguen aquí.

La Gran Redada no es singular de la Leyenda Negra Española. En el resto de Europa, la situación tampoco era mejor. En Austria, la emperatriz María Teresa separaba niños y los entregaba a campesinos cristianos. Su hijo José II prohibió el romaní, impuso matrimonios forzosos y suprimió toda huella cultural. En Francia, los gitanos eran marcados con hierro y expulsados si se reunían en grupos. En Alemania, el nomadismo era punible con la muerte. En Rumanía, seguían siendo esclavos de monasterios. España no fue la excepción: solo lo hizo con más eficiencia y menos escándalo.

La consecuencia más grave de la redada no fue solo el dolor inmediato. Fue el mensaje que dejó: que una comunidad entera puede ser tratada como un problema técnico. Que los derechos se pueden suspender si los cuerpos no encajan en la norma. Que el racismo de Estado puede disfrazarse de celo administrativo. Y que un fracaso puede parecer orden si se documenta bien.

No hay monumentos que recuerden 1749. No hay día oficial de memoria. No hay disculpas de Estado. Solo un vacío, cubierto por frases como “marginalidad”, “conflictos vecinales”, “intervención social”. Como si el problema no fuera nuestro pasado, sino su presente.

Hoy, la redada continúa con formularios. Ya no se separan niños por decreto, pero hay colegios donde los alumnos gitanos están solos en las aulas. Ya no se les encarcela en grupo, pero se les ficha en bloque. No se les expulsa de pueblos, pero se les arrincona en barrios donde los servicios llegan tarde y el prejuicio llega antes. La persecución es más amable, más silenciosa. Pero sigue siendo persecución.

Y, sin embargo, ahí siguen. Más de medio millón de personas gitanas viven hoy en España. Muchos en condiciones duras, en el margen de la criminalidad. Muchos con orgullo. Muchos con la doble carga de tener que sobrevivir y justificarse al mismo tiempo. Se les exige integrarse, sin preguntarse por qué la sociedad que los margina tiene tanto miedo de que se integren sin disolverse. Se les corrige con planes, talleres, ONG. Pero no se les escucha. Solo se les tolera en la medida en que renuncien a su diferencia.

Lo que la Gran Redada no consiguió con cárceles, hoy se intenta con diagnósticos sociales. Pero el marco sigue intacto: el gitano sigue siendo un problema a resolver, no un sujeto con el que convivir. Y eso es lo que no ha cambiado.

La historia no absuelve, pero a veces se toma su tiempo en devolver el golpe. Lo cierto es que el fracaso de 1749 no borró a los gitanos, sino que los confirmó. Los empujó al margen, sí, pero también les forjó una memoria, una tenacidad, una cultura de resistencia que ni Ensenada ni sus papeles pudieron eliminar.

Si la Gran Redada ocurriera ahora, sería calificada de crimen de lesa humanidad. El artículo 7 del Estatuto de Roma lo cubriría casi todo: persecución étnica, separación de menores, esclavitud, destrucción cultural, deportaciones forzosas. Pero no hace falta ir a la óptica del siglo XXI. Incluso bajo la ley del siglo XIX, ya sería ilegal: el Código Penal español de 1822 requería delito individual probado. El Código Napoleónico establecía que la ley no castiga identidades, solo actos. Y el common law británico reconocía el habeas corpus. Es decir: ni siquiera con los criterios conservadores de su tiempo se puede justificar, y, sin embargo, se justificó.

Porque la ley no siempre protege lo que no considera persona. A los gitanos no se les pensaba como ciudadanos, sino como una anomalía móvil, sin categoría legal estable. No eran súbditos, ni enemigos. Ni criminales, ni vasallos; eran “los otros”.

Y si algo nos enseña todo esto, es que no basta con que exista el derecho para que se imponga la justicia. Que la existencia de tratados, convenios y tribunales internacionales no garantiza nada si no se aplican. Hoy, lo más inquietante no es solo que el Estado de Israel haya activado una maquinaria de expulsión, encierro y asfixia territorial contra el pueblo palestino, sino que el resto del mundo lo permita. Que organismos, gobiernos y diplomacias asistan a la destrucción con lenguaje técnico, notas de preocupación y nada más. Se condenan los excesos, pero no el método. Se lamentan los cuerpos, pero no el diseño. La complicidad no necesita firmas: a veces basta con el silencio. Con dejar que todo ocurra. Con no interrumpir.

Y cuando ya hayamos terminado de firmar, archivar, segregar, meteremos los bulldozers. Como en Gaza.

En España, cualquiera puede convertirse en juez, fiscal o notario si se esfuerza lo suficiente. La clave es la constancia, la disciplina, la fuerza de voluntad. No importa el origen, ni el apellido, ni el colegio. Solo es cuestión de enfrentarse al temario, al cronómetro, a los demás.

Una mierda.

Cuando empezamos a mirar de cerca y a conocer a quienes aprueban, empezamos también a entender que opositar no es solo estudiar mucho. Requiere poder hacerlo. Y ese poder no se mide en horas de esfuerzo, sino en capital económico y social. Porque el acceso real a las altas oposiciones del Estado —la judicatura, la fiscalía, la notaría o la abogacía del Estado— está reservado, de facto, a quienes pueden permitirse no trabajar durante años. No meses: años. Cinco, seis, siete. Estudiar a tiempo completo, memorizar cientos de temas, asistir a clases, presentarse a simulacros, repetir en voz alta una y otra vez, y no ingresar ni un euro durante todo ese proceso.

¿Quién puede hacer eso en España? Quien cuenta con una familia que lo financie todo: vivienda, comida, libros, preparador, transporte, suministros. Quien tiene un colchón económico —a menudo intergeneracional— que permite una vida monástica subvencionada, alejada del mundo laboral y de las urgencias cotidianas que marcan el ritmo de vida de la mayoría. No es solo que se necesiten recursos. Es que se necesita vivir sin ingresos, sin estabilidad externa, confiando en que ese sacrificio a largo plazo dará frutos.

Esto no aparece en los anuncios del Ministerio ni en los folletos informativos. Pero está en los datos. Según la Fundación Hay Derecho, más del 70% de los jueces actuales provienen de familias con rentas altas. La mayoría han estudiado en colegios privados o concertados. En muchas promociones abundan los hijos, nietos o sobrinos de jueces, notarios y fiscales. Algunos lo llaman tradición familiar. Otros, reproducción de élites y nepotismo. Y realmente no hace falta enchufe para que el sistema sea excluyente: le basta con su arquitectura. Aunque está claro que ayuda, porque casi un tercio de los que entran, ya tienen a un familiar dentro.

El filtro socioeconómico es evidente, pero no único. También hay un filtro cultural: códigos invisibles que se aprenden en casa —cómo hablar ante un tribunal, cómo estructurar un dictamen, cómo sonar a lo que se espera de un jurista—. La cultura jurídica, en gran medida, se hereda. A menudo no se enseña, sino que se absorbe. Por eso, quienes vienen de fuera del círculo suelen sentirse siempre un paso por detrás, aunque memoricen más, aunque estudien mejor. Se les nota que no son “de ahí”. Y eso, en espacios donde se evalúa lo implícito tanto como lo explícito, es crucial.

Hay una dimensión de clase que rara vez se aborda: la de los entornos. Mientras algunos opositores estudian en silencio, con biblioteca en casa y apoyo emocional a diario, otros lo hacen compartiendo piso, turnando habitaciones, cuidando hermanos, o trabajando media jornada para subsistir. El temario es el mismo, sí. Pero no se enfrenta igual. La desigualdad no es solo económica: es también de condiciones, de tranquilidad, de expectativas familiares.

En ese ecosistema cerrado, una figura central determina en buena medida quién avanza: el preparador. Una mezcla de tutor, guía y oráculo. A menudo determinan no solo la técnica, sino el tono, la estrategia y, sobre todo, el momento en que uno “está listo” para examinarse. Pero acceder a un buen preparador también es un privilegio. Algunos solo aceptan alumnos recomendados –“el chico de” o “viene de parte de”- o con determinados expedientes. Muchos cobran entre 200 y 400 euros al mes. Durante años. Y no existe regulación ni control sobre su actividad: ningún organismo los evalúa, ni acredita, ni fiscaliza. No hay garantía alguna de su formación ni de su método. Pero su influencia es absoluta.

Su palabra, a menudo, es ley. Si dice que no estás listo, no te presentas. Si dice que no vales, te lo crees. El tribunal podrá ser imparcial, pero si nunca llegas a sentarte frente a él, da igual lo justo que sea el proceso. El filtro ya se aplicó antes. Y es privado, arbitrario y de pago.

Este mercado informal de conocimiento —cerrado, jerárquico, carísimo— funciona como una academia paralela del privilegio. Una estructura invisible, pero decisiva. Y mientras tanto, miles de aspirantes se endeudan, se aíslan, arrastran frustraciones y culpas. Porque el relato meritocrático convierte cada fracaso en responsabilidad individual. Nunca se mira el sistema. Se personaliza el tropiezo: “no valías”, “no te lo tomaste en serio”. Nadie menciona que entre un hijo de notario con biblioteca propia y un hijo de camareros que estudia por las noches en una habitación compartida, el temario pesa igual, pero se carga muy distinto.

En muchas ocasiones, quienes no aprueban no fracasan por falta de capacidad, sino por agotamiento. Por la imposibilidad de sostener durante años una inversión sin retorno inmediato. Por la angustia de vivir en pausa mientras el resto avanza. Por el miedo a decepcionar a una familia que hizo todo lo que pudo, pero no pudo más. No hay becas suficientes, ni apoyos sostenidos. Y lo que hay, llega tarde o mal repartido.

Así, generación tras generación, se reproduce una casta funcionarial sin necesidad de alterar las reglas del juego. Todo parece limpio. Todo parece justo. Pero está sesgado. Porque no es lo mismo llegar desde arriba que escalar desde abajo. Y porque el tiempo —lo único realmente imprescindible en estas oposiciones— cuesta dinero. Y el dinero, como bien sabemos, no está repartido de forma equitativa.

Criticar el sistema suena a resentimiento, a derrota y excusa. Pero no hay mayor fidelidad a la justicia que señalar que su acceso está viciado. Que su legitimidad se erosiona cuando solo entran los hijos de quienes ya están dentro. Que la igualdad ante la ley exige también igualdad en el camino para interpretarla.

La legitimidad de la justicia no puede basarse únicamente en su neutralidad formal. Necesita legitimidad social. Necesita diversidad, experiencia de vida, conocimiento de lo que pasa fuera del juzgado. Un sistema donde todos los jueces provienen del mismo mundo difícilmente podrá juzgar con empatía a quienes vienen de otro.

No se trata de despreciar a quienes aprueban. Sino de dejar de fingir que todos podríamos hacerlo si quisiéramos. Se trata de reconocer las barreras que no aparecen en el BOE. De hablar del peaje de clase que nadie quiere ver. Y de exigir un sistema de becas digno, continuo y suficiente. De fiscalizar un mercado opaco de preparadores que actúan sin control. Y de recordar que una justicia donde todos visten toga, pero no todos conocen el precio que cuesta alcanzarla, no es justicia: es linaje.

Julián se despertó a las 7:14. No porque hubiera puesto el despertador, sino porque la pulsera que le regaló el Ayuntamiento de Manzanares —con logo de la Diputación y todo— empezó a vibrar como si le llamaran de la ITV. «Ventilación automática recomendada», decía. Que en cristiano quería decir: abre la ventana, que esto huele a cerrado. Desde que los sensores del «Plan Territorio Inteligente 2030» controlaban hasta el aliento, dormir era una actividad monitorizada. Su madre, si viviera, lo habría resumido mejor: «Te controlan hasta cuando sueñas, hijo».

Bajó a la calle Empedrada. Todo olía a zotal y a subvención europea. Donde antes había desvencijadas farolas de forja, ahora había columnas digitales que daban las gracias por tirar un papel en su sitio. En la pantalla de la parada del bus: «Gracias por circular con responsabilidad ecológica». Julián pensó en su tío, que se movía en un R4 desde 1974 sin saber que estaba salvando el planeta. Cada tres pasos, una cámara. Cada banco, un sensor. Cada farola, un router. Todo conectado. Todo chivato.

Tenía cuarenta y cinco años, había estudiado Filosofía por la UNED, y trabajaba como «facilitador digital de proximidad» en el Centro multiusos. Enseñaba a los abuelos a usar la app del ambulatorio, a configurar las alertas del Bando y a encontrar el botón del permiso de poda. Un trabajo pagado con fondos europeos, muy digno, pero más burocrático que humano. Decidió no ir. Por hastío. Por un cansancio que no venía del cuerpo, sino de vivir dentro de una aplicación.

Bajó a la plaza del Gran Teatro. Se sentó en un banco. Solo. Sin café. Sin ticket. Eran las 8:12 de un lunes, y eso ya era motivo de sospecha. A los cinco minutos, le sonó el móvil. «Zona de flujo eficiente. Por favor, mantenga la dinámica». A los diez, pasó el dron del Ayuntamiento —el que en el bar llamaban con sorna «el zángano del concejal»—. A los doce, la pulsera vibró de nuevo: «Inactividad prolongada detectada. Sugerimos retomar su jornada productiva».

Julián miró alrededor. Todo estaba limpio, eficiente, silencioso. Lo que antes era plaza ahora parecía el vestíbulo de una oficina de Silicon Valley: sin sombra, sin colillas, sin posibilidad de estar sin hacer nada. Recordó un artículo de un curso online: «Biopolítica del espacio cívico». En Manzanares eso significaba bancos sin respaldo y ruido blanco a volumen europeo.

Caminó hasta el parque de la Divina Pastora. Al cruzar la calle sin pasar por el paso peatonal QR, el móvil sonó: «Cruce no validado. Riesgo de pérdida de puntos de civismo». Abrió la app. Su «perfil de vecindad proactiva» había bajado de 4,7 a 3,9. Eso quería decir que perdía el 20% de descuento en la piscina climatizada municipal, que el autobús le llegaría con menos prioridad, y que su conexión WiFi en la biblioteca pasaría de «ultra» a «medio rural».

En la calle Toledo, un grupo de niños salía del cole concertado con mochilas que parecían routers. En el suelo, un mensaje: «Flujo escolar en curso. Activación de prioridad infantil». Las balizas surgieron de la acera como por arte de magia. Julián sintió un escalofrío. No por los críos, sino por la sensación de estar en un ensayo general que alguien dirigía desde Bruselas.

Entró a la biblioteca. Reconocimiento facial, mesa asignada. Intentó cambiarla. Imposible. El sistema detectó «comportamiento errático». Se sentó. Abrió un libro: «La sociedad del rendimiento». A los veinte minutos, un mensaje: «Lectura pasiva detectada. Sugerimos podcast municipal o experiencia interactiva». Pensó que igual se había muerto y estaba en una versión manchega del cielo para tecnócratas.

Esa noche decidió tomarse un respiro. No de Manzanares. De la interfaz. Buscó en el foro municipal con nombre de técnico jubilado: «Averías en zonas blancas». Allí leyó sobre un sitio cerca de la depuradora vieja, donde no había – o no funcionaban- sensores. Lo llamaban «La Sombra».

A la mañana siguiente salió sin pulsera y sin móvil. Usó caminos de tractor, bordeó un campo de cebada en barbecho, y por lo tanto, sin digitalizar, cruzó la acequia seca. Al llegar, solo quedaban un silo oxidado, cuatro gatos sentados y una paz que sabía a radio apagada.

—Pensé que era un bulo —dijo una chica.

—Lo es —dijo él. —Pero también es real.

Se sentó. Nadie lo midió. Nadie le mandó una notificación. Nadie le pidió una encuesta de satisfacción. Por primera vez en años, no era un perfil. Era una persona. Y mientras todo allá fuera seguía conectado, optimizado, medido y supuestamente inteligente, Julián solo quería comprobar si todavía quedaba algo que no necesitara estar encendido para tener sentido. No quería mejorar procesos, ni aportar feedback. Solo estar. Como antes. Como cuando las cosas no se evaluaban, solo se vivían.

En el Parlamento madrileño ya no se debate: se consagra. El presidente de la Cámara apaga micros como si fueran velas de cumpleaños, y su grupo mayoritario —el PP de Isabel Díaz Ayuso— ha convertido su mayoría absoluta en una apisonadora institucional. El último en sufrirlo ha sido Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid, al que Enrique Ossorio le retiró la palabra por atreverse a sugerir que hay jueces con intereses demasiado próximos a la derecha. Un escándalo, al parecer. Pero no por lo que se dijo, sino por haberse dicho.

Y sin embargo, no es raro. En Madrid, cortar la palabra se está convirtiendo en rutina. Lo que sí importa —y mucho— es quién corta, por qué, y desde dónde lo hace.

Enrique Ossorio no es nuevo. Lleva más de dos décadas en el PP madrileño y ha ocupado prácticamente todos los cargos que no requieren pasar por las urnas: director general, viceconsejero, consejero de Educación, de Economía, de Universidades. En tiempos recientes fue el funcionario de confianza de Ayuso durante la pandemia, cuando su función parecía ser reproducir cualquier consigna que bajara desde Sol sin levantar la voz ni la ceja. En el ecosistema del PP madrileño, la lealtad es más rentable que la competencia. Por eso terminó como presidente de la Asamblea: no porque se esperara imparcialidad, sino porque se esperaba obediencia.

Ese cargo, teóricamente neutral, se ha convertido en una extensión institucional del Ejecutivo autonómico. Ossorio no modera: interrumpe. No arbitra: ejecuta. No ampara el debate: lo vigila.

El caso de Martínez Abarca lo confirma. El diputado defendía una proposición razonable —que los jueces publiquen sus declaraciones de bienes, como hacen los políticos— cuando señaló la existencia de connivencia entre algunos jueces y el poder político conservador. No hubo insultos, ni lenguaje soez, ni ataques personales. Sólo crítica. Pero Ossorio le cerró el micro. Ni advertencia, ni llamada al orden. Directamente: silencio.

Y lo que estaba ejerciendo Martínez Abarca es un derecho constitucional. El artículo 71.1 de la Constitución Española reconoce la inviolabilidad parlamentaria: los diputados y senadores no pueden ser perseguidos por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. Lo mismo dice el artículo 12.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Y no es un privilegio: es una garantía. Su origen está en la tradición parlamentaria liberal del siglo XIX, concebida para evitar que los poderes dominantes (rey, ejecutivo, jueces) acallen a los representantes del pueblo.

Además, el reglamento establece un procedimiento claro para retirar la palabra a un diputado: el presidente debe llamarlo al orden al menos tres veces. Aquí, no hubo ni una. Ni una formalidad. Ni una excusa. Solo voluntad.

¿Y por qué lo hizo? Porque puede. Porque el PP tiene 70 escaños y no necesita pactar ni negociar nada. Porque la mayoría se ha transformado en monopolio. Y en ese modelo, el Parlamento ya no es un espacio de control al poder, sino un escenario de confirmación. Lo que se espera no es deliberación, sino asentimiento. Una institución que en vez de legislar a través del pluralismo, aplaude lo que ya se ha decidido fuera.

Ossorio no inventa nada. Sólo aplica la lógica que lleva años imponiéndose en las instituciones madrileñas: convertir órganos independientes en extensiones del Gobierno autonómico. Lo vimos en el control del Consejo de Transparencia, en la reconversión de Telemadrid y, ahora, en la Asamblea. Lo que debería ser la cuna del debate político, se transforma en corralito de obediencia.

Y claro, es fácil justificar la retirada de palabra diciendo que hay límites. Que la libertad de expresión, incluso la parlamentaria, no es absoluta. Y eso es cierto: hay límites al insulto, a la descalificación gratuita, a la injuria. Pero ¿acusar a parte del poder judicial de estar politizado es una injuria? ¿No es, acaso, una sospecha legítima, y compartida, incluso por juristas conservadores, por informes europeos y por los propios magistrados de la UE que han cuestionado la independencia de la justicia española?

No estamos hablando de llamar “corrupto” a un juez con nombre y apellidos, sino de señalar un problema estructural. Y si eso no puede hacerse en sede parlamentaria, ¿dónde? ¿En un plató con tertulianos gritones? ¿En Twitter, donde se arriesga una querella?

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también es clara: la libertad de expresión de los parlamentarios merece una protección reforzada. En el caso Castells c. España (1992), se condenó al Estado por sancionar a un senador que acusó al Gobierno de connivencia con los GAL. Porque las democracias maduras entienden que el Parlamento es el lugar para decir lo incómodo.

Pero no aquí. Aquí se corta el micrófono y se pasa al siguiente punto del orden del día. Como si no hubiera pasado nada. Como si eso no fuera una agresión institucional a la representación política. Como si silenciar a un diputado fuera parte del procedimiento. Y sin embargo, sí pasa algo. Porque cuando el presidente de la Cámara actúa como censor en lugar de árbitro, no se anula solo al parlamentario. Se anula a los votantes. Se rompe el pacto básico de la democracia: que todos tenemos derecho a ser representados, incluso cuando nuestras ideas no gustan a quien gobierna.

Lo más grave no es el gesto autoritario. Es su banalización. Su repetición sin consecuencias. Su normalización. Porque el mensaje es claro: si hablas fuera del marco aprobado por la mayoría, te callamos. Y si protestas, eres tú quien desestabiliza la institución. El respeto institucional convertido en obediencia ideológica. Lo que vimos en la Asamblea no fue un desliz. Es la norma. Un reflejo claro de cómo el poder, cuando no encuentra límites institucionales, acaba devorando incluso la palabra. Y cuando eso ocurre, todo lo demás —transparencia, rendición de cuentas, control democrático— queda en suspenso.

La democracia no se muere de un micrófono cortado. Pero puede empezar a asfixiarse si ese silencio se convierte en norma.

Libertad.

Hay algo en el pasado imperial español —con sus morriones, su himno de los tercios, sus mapas teñidos de un solo color en los que nunca se pone el sol— que sigue resultando cautivador para los críos. Algo que, sin haberlo vivido, causa añoranza y anhelo. No pueden hablar de lo que fue el imperio en términos exactos, claro, pero cuando idealizan al Duque de Alba, a Cortés o a Legazpi repiten aquello de que “antes España era respetada”; lo mismo pasa con la figura de Franco. Los chavales rescatan una fantasía de grandeza, de orden, de destino, que nunca fue. Les fascina esa España que parecía no pedir permiso, esa nación con voz grave -Gonzalo, ¡get the pike! -, sin titubeos ni parálisis. Una España inventada, en realidad, pero que en estos tiempos de incertidumbre y mediocridad puede parecer más real que el presente.

Yo lo veo en casa. Mi hija, catorce años, ha empezado a interesarse por la historia de la “España virreinal”. Como otros niños de su edad, va saltando entre conquistas y mapas coloreados. Un día me preguntó por qué España ya no era un imperio. Quería saber cuándo dejamos de ser “grandes”. Lo decía sin ironía, sin intención ideológica. Le fascinaba el gesto, el tamaño, las decisiones irrevocables. Esa visión de la historia como tablero de ajedrez donde alguien mueve las piezas con seguridad. Así que le hablé de la nefasta gestión del imperio, de las independencias americanas, de lo que significó el siglo XIX para nuestro país y de la violencia que suele quedar fuera de los libros. Pero ella se quedó más tiempo en la idea de los galeones, las universidades y las encomiendas que en la de los indios a los que Colón cortaba las manos por no llegar a la cuota de oro o las chavalas vendidas como concubinas. Es normal. A esa edad, la épica entra antes que la ética.

Para algunos, lo imperial tiene algo de refugio. Les atrae porque su presente es débil, inestable, poco ilusionante. Viven en un país con salarios bajos, alquileres imposibles, políticos gritones y un relato nacional hecho jirones. La España que viven es una España cansada, deshilachada, sin grandes gestas, sin horizonte común y asimilada por una Europa burocratizada. En cambio, esa otra —la de los discursos imperiales, de las plazas abarrotadas y los líderes que no dudan— ofrece algo muy distinto: identidad, propósito, dirección. Les promete ser parte de algo grande, aunque sea una ilusión retrospectiva. ¿Y quién no querría, al menos por un momento, sentirse parte de algo más poderoso que su propia vida?

Hay también un componente estético, simbólico. El franquismo, por ejemplo, no solo impuso un orden político, sino también una estética -aunque fuera un nazismo de Almacenes Arias. Uniformes, desfiles, arquitectura monumental y banderas sin matices. Frente al caos y la fragmentación del presente, esa estética del orden sigue teniendo fuerza. El fascismo se ha convertido en meme, en provocación pop, en ironía estética, pero detrás del chiste sigue latiendo una atracción genuina. La dictadura se ha convertido en contenido. Y en un mundo saturado de imágenes, la imagen de autoridad sigue compitiendo con éxito frente al caos de la realidad.

Lo que me preocupa no es solo el desconocimiento histórico —que también— sino el vacío simbólico. Muchos jóvenes no tienen una memoria familiar directa del franquismo – pasamos sobre él como muchos alemanes del nazismo, en el metro- ni un relato educativo sólido sobre qué significó realmente. No saben qué fue el imperio, ni cómo se sostuvo, ni qué se sacrificó para mantenerlo. Solo perciben su sombra gloriosa, no sus cadáveres en cunetas. Ven el poder, no la represión. Ven el orden, no el silencio asustado del disidente. El sistema educativo español trata su historia más reciente como si fuera un apéndice incómodo -si alguna vez llega en las jornadas acortadas del mes de junio-. Se pasa por el franquismo de puntillas, si queda tiempo al final del curso. El imperio se presenta con brillo, casi con orgullo, pero sin sangre. Y cuando la historia no se enseña, se reinventa.

A esto se suma la incapacidad de la política española para mirar atrás sin hipocresía. El Partido Popular no ha sido capaz de romper con ese pasado simbólico. No porque quiera restaurar la dictadura, sino porque le incomoda reconocer que parte de su imaginario —y de su base social— sigue considerando el franquismo como “un régimen con luces y sombras” en el mejor de los caso, cuando no directamente se enorgullecen de sus “logros”, sin llegar nunca a explicar la culpa que tuvo el régimen en el sustancial atraso que vivió España respecto del resto de Europa. Esa frase —tan manida y cobarde— se repite como coartada para no decir lo obvio: que fue una dictadura, una maquinaria de miedo y coerción. Pero decirlo con claridad implicaría romper vínculos, incomodar votantes, hacer pedagogía. Así que no se hace. Y mientras no se haga, el franquismo seguirá flotando como un tótem ambiguo: para unos, un tabú; para otros, una nostalgia.

La “izquierda” tampoco está exenta de culpa. A pesar de su defensa formal de la memoria democrática, no ha logrado construir un relato sólido que emocione. Ha impulsado leyes parciales, sin alma, sin narrativa. Ha hablado mucho del pasado, pero a menudo mal. No ha sabido hacerlo desde la emoción, desde el deseo. No ha conseguido contrarrestar el relato nacionalcatólico e imperialista con otro que enamore. Y cuando la ultraderecha irrumpió con fuerza -se atrevió a desgajarse del proyecto del Partido Popular-, muchos en la izquierda se quedaron repitiendo viejas consignas que ya no conmovían a nadie. Mientras unos gritaban “viva España” con vehemencia kitsch, los otros susurraban “República” como quien se disculpa por creer en algo.

En este vacío simbólico, los jóvenes buscan. Y encuentran en el imperio —o lo que imaginan que fue el imperio— una respuesta falsa, pero reconfortante. Es la lógica de toda reacción: el presente no funciona, el futuro da miedo, el pasado se idealiza. Da igual que ese pasado haya sido un espejismo sostenido por la propaganda nacionalista y el miedo. Da igual que fuera injusto, desigual, represivo. Lo que importa es que da forma a un sentimiento. Es un relato que reconforta porque simplifica. Porque no duda. Porque no exige matices ni preguntas a las que no nos atrevemos a dar respuesta.

Y tal vez también porque nosotros —sus padres, sus profesores, sus referentes— no siempre les hemos contado otra historia.

Hay algo profundamente humano en esa tentación. Lo imperial atrae porque elimina la ambigüedad. Porque promete fuerza en un mundo débil, unidad en una sociedad dividida. Y si nadie desmonta esa promesa con inteligencia y verdad, seguirá creciendo como un hongo en el sótano. No basta con ridiculizar al joven que dice que “con Franco se vivía mejor” sin preguntarse por qué lo dice. Quizá porque en su casa han perdido el trabajo -o porque efectivamente, en su casa, con Franco se vivía mejor-, o porque nunca ha oído una historia real de alguien que vivió con miedo, o porque la única España que conoce es la que se insulta en el Congreso y se rompe en las redes sociales.

Mi hija aún está a tiempo de aprender a mirar ese pasado con más profundidad – ¡sujetadme el cubata!-. Pero no será suficiente con que lo escuche en casa. Tendrá que encontrarlo también en los libros que lea en el colegio, en los relatos que escuche fuera, en las instituciones que le hablen con claridad. No se trata de prohibirle la fascinación, sino de darle herramientas para que distinga entre historia y mito, entre símbolo y verdad. Porque ese imperio que la deslumbra —como deslumbra a muchos— no fue un proyecto de grandeza, sino de dominio. Y eso hay que saberlo decir sin gritar -me va a costar, lo se-.

El imperio ya no existe, pero su fantasma sigue hablando. Habla en los silencios de los libros de texto. Habla en las palabras que los políticos no se atreven a pronunciar. Habla en los vídeos virales donde se agita una bandera con música épica y se proclama que “nos la han robado”. Y mientras ese relato tenga fuerza y nadie lo contradiga con algo más deseable, más libre, más digno, seguirá siendo atractivo para quienes no han conocido otra cosa que el desencanto que trae la democracia como el mejor de los peores sistemas de gobierno.

No creo que la respuesta a este problema sea tratar de disputar el pasado con más símbolos, sino de disputar el futuro con más verdad. Mientras la nostalgia se siga sintiendo más emocionante que la democracia, mientras la épica siga ganando a la ética en los patios de colegio y en los timelines, la historia seguirá siendo rehén del mito. No basta con señalar el error: hay que ofrecer una promesa mejor. Porque si no contamos otra España —una que emocione sin engañar— otros seguirán vendiendo la que nunca existió, pero consuela. Y en política, consolar a menudo pesa más que convencer.