Al final ha tenido que ser el tema la vivienda la que precipitase el adelanto electoral. Después de meses de discusiones, propuestas, amenazas golpistas por parte de los jueces y que el gobierno no pudiese pasar ni unsa sola ley por culpa de la carcunda, ha sido precisamente el problema de encontrar un sitio donde vivir el que ha terminado llevándonos a las urnas antes de lo previsto. Y tiene cierta lógica, porque pocas cuestiones afectan de una manera tan directa a la vida cotidiana de los ciudadanos, aunque nuestros representantes hayan demostrado una notable capacidad para discutir sobre ella sin conseguir resolver gran cosa. Así que, ya que vamos a votar antes de tiempo por culpa de la vivienda, quizá sea un buen momento para explicar qué tendría que proponer un partido político en esta materia para merecer mi voto -ojo, el mío-.
Creo que fue @elhombremalo quien me dijo que votar es como coger un autobús. Uno tiene bastante claro adónde quiere ir, pero es difícil que exista una línea que le deje exactamente en la puerta de su casa, de manera que termina cogiendo la que pasa más cerca y andando el trecho que queda. A veces, incluso, hay que bajarse al otro lado de la calle, lo que tampoco constituye una tragedia, salvo que uno viva junto a una autopista. El problema empieza cuando el autobús lleva escrito en el frontal el nombre de nuestro destino, pero, una vez dentro, descubrimos que se dirige hacia otro sitio. Y el conductor, al que hemos preguntado si está seguro de conocer el recorrido, nos explica que debemos tener paciencia y que, por otra parte, el autobús de la competencia va todavía más lejos de nuestra casa.
Soy de izquierdas -¡Sopresa!-, lo que no significa que esté dispuesto a votar a cualquier partido que se presente como tal, ni que considere necesario coincidir con todas sus propuestas. Hay cuestiones que me importan mucho, otras bastante menos y algunas sobre las que ni siquiera tengo una opinión suficientemente formada, aunque esto último parece haberse convertido en una excentricidad en una época en la que todo el mundo tiene una opinión terminante sobre cualquier asunto cinco minutos después de descubrir que existe. Y entre las cuestiones que más me importan está la vivienda, porque hemos conseguido convertir algo tan elemental como tener un sitio donde vivir -y morir- en uno de los principales problemas de nuestra sociedad.
Tengo bastante claro qué tendría que ofrecerme un partido de izquierdas en esta materia para que considerase seriamente votarlo, aunque sospecho que algunas de mis propuestas provocarían una epidemia de artículos de opinión sobre Venezuela, la Unión Soviética y el peligro que corre la civilización occidental. La Constitución lleva desde 1978 diciendo, en su artículo 47, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.-esto no es un defensa de la Constitución del ’78, pero, eh, es la que tenemos, de momento-.
Empezaría por prohibir el alquiler turístico de viviendas. No por regularlo mejor, limitarlo a determinadas zonas o establecer un sistema de licencias que termine convirtiéndose en un activo que incrementa el precio de los inmuebles. Prohibirlo. Una vivienda construida para que viva gente debería utilizarse para que viva gente, y el hecho de que resulte más rentable alquilarla a unos turistas que a una familia no me parece un argumento a favor de permitirlo, sino una explicación bastante convincente de por qué hay que impedirlo. Me dirán que el turismo genera riqueza, naturalmente. También hay hoteles, hostales, pensiones y establecimientos construidos precisamente para alojar visitantes, que tienen que cumplir unas exigencias urbanísticas y administrativas que durante demasiado tiempo se han podido eludir colocando una cerradura electrónica en la puerta de un piso y anunciándolo en internet.
Algo parecido ocurre con el alquiler por habitaciones, aunque conviene precisar de qué estamos hablando, porque siempre aparece alguien que lleva la discusión al terreno de la pobre viuda que alquila el dormitorio de su hijo par, a completar una pensión miserable. No estoy pensando en ella, ni en cuatro estudiantes que comparten un piso. Me refiero a quienes compran o alquilan viviendas para dividirlas en habitaciones y comercializarlas individualmente, obteniendo una rentabilidad muy superior a la que conseguirían arrendando el inmueble completo alimentando el chabolismo vertical y multiplicar por tres la capacidad de nuestros barrios más populares – obreros, quiero decir, obreros-. Hemos llegado al punto de que se ofrecen habitaciones a precios que hace relativamente poco permitían alquilar un piso entero, y todavía hay quien presenta el fenómeno como una innovación empresarial con un nombre en inglés suficientemente moderna para describir el negocio. Yo prohibiría esa explotación empresarial de viviendas por habitaciones, con reglas que impidieran sortear la prohibición mediante contratos formalmente distintos.
La siguiente cuestión es la propiedad de las viviendas en manos de los fondos de inversión. Y aquí utilizaría una palabra que parece haber desaparecido del vocabulario de buena parte de nuestra izquierda parlamentaria: expropiación. Quiero que se expropien viviendas a los grandes fondos para incorporarlas permanentemente al parque público de alquiler. Con indemnización y todas las garantías legales, naturalmente, porque expropiar no es entrar en un edificio con una bandera anarcosindicalista y cambiar las cerraduras. El artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada, pero también su función social y la posibilidad de expropiar por causa justificada de utilidad pública o interés social. Llevamos toda la vida expropiando terrenos para construir carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, y a nadie se le ocurre sostener que el Estado debería renunciar a esas infraestructuras porque sus propietarios prefieren conservar las fincas. Habría que justificar cada actuación y pagar lo que legalmente corresponda, lo que supone un coste considerable que tampoco conviene esconder. Pero quizá deberíamos empezar a considerar la adquisición de viviendas que ya existen, en lugar de confiar exclusivamente en las que prometemos construir para dentro de quince años.
Aunque, naturalmente, también hay que construir. A mansalva. Todas las viviendas que hagan falta y unas cuantas más, porque resulta difícil resolver un problema de escasez limitándose a discutir cómo repartimos lo que ya tenemos. Pero con una condición que para mí sería irrenunciable: al menos el cincuenta por ciento de toda la vivienda nueva que se construya en España debe incorporarse al parque público. Y pública para siempre, que ya hemos tenido bastante con las viviendas de protección oficial, un sistema que en demasiadas ocasiones ha terminado sirviendo para que las administraciones faciliten la adquisición de inmuebles que, transcurridos determinados plazos, pueden acabar incorporándose al mercado libre, con la correspondiente plusvalía para sus propietarios. Magnífico negocio, especialmente si lo contemplamos desde la perspectiva de quienes pagaron la subvención y siguen sin tener dónde vivir.
Yo propongo algo bastante distinto. La vivienda pública pertenece a todos y se adjudica a quien la necesita para que viva en ella, durante toda su vida si hace falta, o hasta que decida marcharse. Que la disfrute como su casa, que tenga estabilidad y que nadie pueda echarle arbitrariamente, pero que no pueda venderla, especular con ella ni dejársela en herencia a sus hijos. Cuando muera o se marche, la vivienda vuelve a estar disponible para otra persona que la necesite. Naturalmente, habrá que regular qué ocurre con los familiares que conviven con el titular, especialmente menores y personas dependientes, porque tampoco se trata de sacar a una familia a la calle al día siguiente de un fallecimiento. Pero los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la vivienda deben seguir sirviendo para garantizar ese derecho dentro de cincuenta o cien años, en lugar de financiar patrimonios hereditarios privados.
También quiero controlar los precios del alquiler. No tengo inconveniente en reconocer que una regulación mal diseñada puede reducir la oferta disponible o fomentar prácticas destinadas a eludirla. Llevo suficientes años trabajando con contratos de arrendamiento como para saber que entre lo que pretende el legislador y lo que termina ocurriendo en el mercado hay a veces una distancia considerable, especialmente cuando la ley parece redactada por personas que jamás han visto uno. Pero la posibilidad de que una norma tenga consecuencias imprevistas obliga a redactarla mejor, no a renunciar a legislar.
Todo esto exige dinero, bastante dinero, y una política urbanística que permita construir sin convertir cada promoción en una aventura administrativa de duración imprevisible. También habrá que actuar sobre el suelo y las infraestructuras de transporte, educación y sanidad, porque ampliar las posibilidades residenciales de una ciudad sirve de poco si vivir a treinta kilómetros del trabajo obliga a dedicar tres horas diarias a desplazarse. Y convendría empezar a pensar en la vivienda pública como una infraestructura permanente del Estado, igual que un hospital o una escuela. A nadie se le ocurre que, después de veinte años utilizando un colegio público, los padres de los alumnos adquieran el derecho a venderlo.
Lo que me cuesta aceptar es que los partidos que se dicen de izquierdas hayan terminado acostumbrándose a discutir la vivienda dentro de los límites que les marca el propio mercado inmobiliario. Se anuncian ayudas al alquiler que acaban trasladándose a los precios, se prometen miles de viviendas que todavía no tienen suelo ni financiación y se presentan como grandes avances disposiciones legales cuya aplicación depende de que otra administración tenga a bien utilizarlas. Mientras tanto, la gente sigue buscando pisos que pueda pagar sin tener que elegir entre el alquiler y la comida.
No necesito que un partido acepte íntegramente estas propuestas para votarlo. Puedo discutir los plazos, los instrumentos y las excepciones. Soy consciente de que hay pequeños propietarios, intereses legítimos y problemas económicos que no desaparecen porque uno escriba un artículo furibundo en internet. Pero quiero saber en qué dirección pretende avanzar ese partido y qué intereses está dispuesto a contrariar para conseguirlo.
En fin, volvamos al autobús. No me importa caminar desde la parada hasta mi casa, ni siquiera cruzar la calle. Lo que me gustaría es que, antes de comprar el billete, alguien me dijera de una puñetera vez hacia dónde va.
¿Quién quiere mi voto?