Begoña Gómez está condenada. Me juego quicos contra pesetas y no los pierdo. No sabemos todavía a cuántos años, porque para eso habrá que esperar al juicio. Es más, ni siquiera sabemos si será condenada a un solo día de prisión. Puede perfectamente ser absuelta. Puede que dentro de unos años el Tribunal Constitucional diga que durante el procedimiento se vulneró alguno de sus derechos fundamentales. Puede incluso que, agotada la larguísima procesión de recursos internos, algún tribunal europeo termine explicándonos que aquello no debió hacerse así. Para entonces será 2035 ó 2039. Para entonces, Juan Carlos Peinado llevará años jubilado, Pedro Sánchez probablemente habrá dejado de ser presidente del Gobierno y todos podremos felicitarnos por el magnífico funcionamiento del Estado de derecho.
Y antes de continuar, conviene dejar una cosa clara: a mí todo lo relacionado con la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno me produce bastante poca simpatía porque ahí también hay mucha mierda que mirar: Que la mujer del presidente mantenga reuniones con empresarios, participe en una cátedra universitaria, se reúna con el rector de la Complutense en La Moncloa, firme cartas relacionadas con esos mismos empresarios que después contratan con la Administración o disponga de una asistente pagada con dinero público que realiza gestiones relacionadas con sus actividades profesionales son cosas que merecen ser explicadas. Algunas tendrán una explicación perfectamente razonable. Otras quizá sean simplemente feas. Y alguna puede resultar delictiva. Precisamente para averiguarlo tenemos jueces.
La presunción de inocencia no obliga a presumir que una persona sea una Santa Mártir de la Democracia, ni tampoco exige considerar éticamente irreprochable cualquier conducta mientras no aparezca tipificada en el Código Penal. Existe una enorme extensión de terreno entre ser un ciudadano ejemplar y ser un delincuente, y buena parte de la vida pública sucede precisamente allí.
Por eso investigar a Begoña Gómez no sólo era legítimo, sino inevitable. Pero esto a lo que estamos asistiendo es otra cosa. El juez Peinado acaba de enviarla a juicio por tráfico de influencias y malversación después de casi dos años y medio de instrucción y apenas unos días antes de cumplir 72 años y jubilarse obligatoriamente. La causa comenzó en abril de 2024 a partir de una denuncia del “sindicato” Manos Limpias y llegó a extenderse por cinco posibles delitos. Al juicio llegan dos. Por el camino, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en numerosas ocasiones al instructor, ha eliminado partes de la investigación y ha levantado medidas cautelares que había impuesto a Gómez, incluida la retirada del pasaporte.
También ha hecho otra cosa que no debemos esconder: ha considerado que existen elementos suficientes para que Gómez sea juzgada por tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía pide su absolución y las acusaciones sostienen lo contrario. La Audiencia ha decidido que la discusión debe celebrarse delante de un jurado; Perfecto, que se celebre.
El problema es que durante demasiado tiempo hemos cometido el error de convertir a Peinado en una especie de personaje de sainete. El juez extravagante e iluminado: Un gañán que un día imagina que los policías encargados de proteger a la mujer del presidente pueden ayudarla a fugarse y al siguiente continúa tirando de algún hilo nuevo de una investigación que parecía no terminar nunca. Resulta tranquilizador pensarlo así porque transforma un problema institucional en uno biográfico. Hay cuarenta y tantos millones de españoles, unos cuantos miles de jueces y, por pura estadística, alguno tenía que salir peculiar. Pero Peinado no actúa en el vacío. Sus resoluciones producen efectos. Sus investigaciones y sus imputaciones producen efectos. Cada nuevo auto atraviesa en cuestión de minutos la frontera que separa un juzgado de instrucción de una portada de periódico, de ahí salta a una tertulia y termina convertido en arma parlamentaria.
Y aquí llegamos al problema que verdaderamente me preocupa. Una parte de la judicatura española parece haber olvidado que la independencia judicial no significa independencia del sistema institucional al que pertenece. Un juez no debe obediencia al Gobierno. Por supuesto que no. Pero sí debe lealtad a las reglas, a los límites de su función y a la posición que ocupa dentro de un Estado en el que existen otros poderes igualmente legítimos.
Un juez debe investigar al Gobierno cuando existan indicios de delito. Debe procesar a un ministro si corresponde. Debe condenarlo si se prueba su culpabilidad. Y debe hacer exactamente lo mismo con la mujer del presidente. Pero un juez no puede convertirse en oposición al Gobierno; y cuando determinados sectores judiciales empiezan a comportarse —o a ofrecer motivos razonables para que se perciba que se comportan— como un actor más del enfrentamiento político, el problema deja de ser Begoña Gómez. Tenemos entonces una cuestión institucional bastante más seria.
Como decía George Carlin, uno de los grandes filósofos políticos de nuestro tiempo que tuvo la desgracia de ganarse la vida como humorista, no hace falta ninguna conspiración. Las conspiraciones necesitan reuniones, órdenes y señores hablando en habitaciones oscuras. Las dinámicas institucionales son mucho más sencillas. Basta con que suficientes personas compartan una determinada concepción de cuál es su papel y encuentren alrededor un ecosistema político y mediático dispuesto a amplificar cada actuación. Nadie necesita llamar a Peinado para explicarle qué tiene que hacer, como tampoco es necesario que Peinado llame a nadie para saber cuáles serán las consecuencias de lo que haga.
El tiempo judicial es el aliado perfecto de esta clase de situaciones porque separa la acción de su corrección. Una resolución discutible se dicta hoy. El recurso se resuelve dentro de seis meses. El Constitucional llegará dentro de unos años. Y Estrasburgo, si alguna vez tiene que llegar, aparecerá cuando aquello que debía reparar pertenezca casi a la arqueología política. Entonces declararemos solemnemente que se vulneró un derecho y a otra cosa.
Somos extraordinariamente buenos reparando jurídicamente acontecimientos políticamente irreparables. Podemos anular una resolución, pero no podemos retirar las portadas que produjo. Podemos declarar vulnerado un derecho, pero no borrar los años durante los cuales aquella actuación produjo efectos políticos. Podemos concluir en 2033 que algo ocurrido en 2026 nunca debió ocurrir y felicitarnos porque finalmente las instituciones funcionaron.
Por eso la cuestión de Begoña Gómez importa bastante menos que Begoña Gómez. Puede haber utilizado su posición de una manera impropia. Puede haber confundido de forma poco edificante las posibilidades profesionales de Begoña Gómez con las posibilidades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Puede haber comportamientos que merezcan reproche aunque finalmente ningún tribunal encuentre en ellos un delito. Y también puede haber cometido un delito. Para eso celebramos juicios. Lo que no podemos hacer es escoger entre dos relatos infantiles: Begoña, santa mártir de la democracia, perseguida por jueces fascistas; o Begoña, Lady Macbeth de la Moncloa, dirigiendo desde una cátedra universitaria una gigantesca trama de corrupción.
Cabe una posibilidad mucho menos satisfactoria para todos: que en las actividades de Begoña Gómez haya cosas feas que investigar y que, al mismo tiempo, la forma en que se ha desarrollado parte de esa investigación revele algo todavía más preocupante: una degradación de la lealtad institucional de determinados sectores de nuestra judicatura. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
Peinado se jubila esta misma semana. Ha firmado el auto de apertura de juicio oral y deja a Begoña Gómez camino de un juicio con jurado – su herencia política-. Quizá el jurado la condene. Quizá la absuelva. Quizá dentro de cinco años el Constitucional tenga algo que decir. Quizá dentro de diez venga Europa a explicarnos que en algún momento del camino hicimos las cosas mal.
Y si Begoña Gómez ha cometido un delito, que pague por él.
Pero si no lo ha cometido, para cuando alguien termine de decirlo definitivamente habrá cumplido ya su condena.