España siempre fue un país de emigrantes. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo de vez en cuando, sobre todo ahora que hemos decidido que “migrante” es una palabra que sirve fundamentalmente para designar al señor de Senegal que se juega la vida en un cayuco y no a tu abuelo bajándose de un barco en Buenos Aires con una maleta de cartón, cuatro duros y la dirección de un primo escrita en un papel.
Allá se fueron muchos españoles. Muchísimos. A Argentina, a México, a Cuba, a Venezuela. A Francia, Alemania o Suiza. Unos porque habían perdido una guerra y quedarse aquí no parecía una idea particularmente saludable —tendrían alergia al plomo—. Y otros porque, sencillamente, en España no había nada para ellos que no fuera hambre y miseria. Allí tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y España acabó convirtiéndose para buena parte de esa gente en una cosa que contaban los abuelos, junto con las recetas de cocina, unas cuantas palabras que se pronunciaban raro y una foto amarillenta de un pueblo de Salamanca.
En 2022 decidimos que algunos de esos descendientes podían ser españoles. Hasta aquí, todo bien. El problema ha llegado cuando hemos descubierto que los españoles votan.
La llamada Ley de Nietos —que no se llama Ley de Nietos, naturalmente, porque las leyes nunca se llaman como las llama todo el mundo— es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma permite optar por la nacionalidad española a determinados nacidos fuera de España descendientes de quienes hubieran sido originariamente españoles y, entre otros supuestos, de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Después llegó una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública explicando cómo debía aplicarse aquello, y ahí está buena parte del lío que nos ocupa.
Porque las solicitudes empezaron a llegar por cientos de miles. Luego por millones. Y el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en el censo electoral empezó, lógicamente, a crecer. Esto último es importante porque uno de los efectos un tanto extravagantes que nuestro ordenamiento atribuye a tener la nacionalidad española es que uno puede votar en las elecciones españolas.
Y entonces, en la mente de quienes creen que el ladrón es de su condición, apareció el pucherazo.
No un pucherazo de los de toda la vida, porque aquí no tenemos urnas con doble fondo, sacos de papeletas apareciendo misteriosamente a las tres de la mañana, muertos votando en Buenos Aires ni funcionarios consulares rellenando sobres a escondidas. El fraude denunciado consiste, hasta donde sabemos, en que hay muchos nuevos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y esos españoles pueden votar.
Y, claro, a saber qué votan.
Vox e Iustitia Europa acudieron a los tribunales para pedir que se suspendieran esas inscripciones en el CERA. La Junta Electoral Central se había negado a hacerlo. La Fiscalía se opuso. La Abogacía del Estado también, planteando una cuestión que, a mí, qué quieren que les diga, me parece bastante razonable: si el Estado ha tramitado un expediente, ha concedido a una persona la nacionalidad española y esa persona es, por tanto, española, ¿cómo demonios le privamos después de uno de los derechos fundamentales que corresponden a los españoles sin revisar antes el acto que la convirtió en española?
Pues se puede.
Este martes 8 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones y las nuevas altas derivadas de estos procesos de nacionalización, salvo en los casos en los que los registros consulares certifiquen el cumplimiento de las condiciones relativas al exilio del ascendiente exigidas por el auto.
Y aquí hay que hacer una precisión porque, además de abogado, soy un señor bastante pesado con estas cosas y no quiero que dentro de tres días venga alguien a explicarme en Twitter algo que ya sé: el Tribunal Supremo no ha quitado la nacionalidad a nadie. Tampoco ha dicho todavía que esas nacionalidades fueran concedidas ilegalmente. Ni siquiera ha resuelto aún el fondo del asunto.
Estos señores siguen siendo españoles. Simplemente, y de momento, no pueden votar.
La distinción es jurídicamente importantísima y políticamente bastante divertida. Hemos inventado una nueva categoría de ciudadano: el español que es español para todo salvo para votar, momento en el que su nacionalidad entra en una especie de superposición cuántica hasta que el Supremo decida si es español del todo.
Y ojo, porque el problema jurídico existe. No pretendo hacerme trampas al solitario —aquí que no me contesta nadie—. Se puede discutir perfectamente si la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se pasó de frenada al interpretar la disposición adicional octava. Se puede discutir si el legislador quiso decir exactamente lo que después dijo la Administración que quería decir. Y los tribunales están, entre otras cosas, para controlar que la Administración no convierta mediante una instrucción una ley en otra cosa.
Pero resulta cada vez más difícil mirar cada uno de estos asuntos como si acabáramos de llegar a España esta mañana.
José María Aznar lo explicó mucho mejor de lo que podría hacerlo yo en noviembre de 2023, cuando Pedro Sánchez negociaba su investidura y la amnistía: «El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva».
Magnífica frase —pa’ enmarcarla—, sobre todo viniendo de gente que ha utilizado la palabra sedición con bastante más alegría por bastante menos.
No hace falta ninguna conspiración. No hace falta imaginar a Feijóo llamando a un magistrado del Supremo desde un teléfono rojo ni a un señor con gabardina entregando instrucciones en el aparcamiento de Génova. Ese tipo de caricatura, además de probablemente falsa, nos impide ver algo bastante más interesante.
Vox recurre. Iustitia Europa recurre. Manos Limpias denuncia. Hazte Oír se persona. El Partido Popular lleva al Constitucional lo que pierde en las Cortes. Cualquier denuncia se convierte inmediatamente en titular, cualquier imputación en condena y cualquier resolución favorable, aunque sea cautelar, en la demostración retrospectiva de que todo lo denunciado era verdad desde el principio.
Y no es que falten ejemplos.
En diciembre de 2022 el Gobierno consiguió aprobar en el Congreso una reforma que modificaba la forma de renovación del Tribunal Constitucional. El PP no tenía los votos para impedirla, así que hizo otra cosa: recurrió al propio Tribunal Constitucional y le pidió que impidiera al Senado votar las enmiendas. Y el Constitucional, por seis votos contra cinco, lo hizo. Por primera vez en nuestra democracia el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes paralizó una reforma antes de que el Parlamento pudiera siquiera terminar de convertirla en ley. Y, para hacer la cosa un poquito más bonita, aquella reforma afectaba precisamente a la renovación del propio Tribunal Constitucional y en la decisión participaron magistrados con el mandato caducado a los que esa renovación afectaba.
Pero fue todo perfectamente normal.
Después vino Tsunami Democràtic. Una causa abierta desde 2019 que, justo mientras se negociaba la amnistía en 2023 —qué cosas tiene el calendario—, pasó a investigar a Puigdemont por terrorismo. Terrorismo, además, con su correspondiente directiva europea, lo que abría la posibilidad de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión y complicar bastante que la futura amnistía sirviera para amnistiar precisamente a Puigdemont. Durante meses tuvimos a Puigdemont, el terrorismo y la amnistía juntos en los titulares. Hasta que en julio de 2024 la Audiencia Nacional declaró inválidas las diligencias practicadas desde 2021 porque la instrucción se había prorrogado fuera de plazo. García-Castellón archivó la causa y el Supremo terminó archivando también la investigación por terrorismo contra Puigdemont.
Pero para entonces los titulares ya llevaban meses publicados.
Y tenemos a Begoña Gómez. Manos Limpias denuncia, el juez Peinado investiga y durante dos años vamos descubriendo sucesivamente que la mujer del presidente del Gobierno está un poco más cerca de sentarse en el banquillo. La causa sigue abierta y la Audiencia Provincial ha avalado parte de la investigación —ya he dicho que aquí no me hago trampas al solitario—, pero también ha tenido que ir poniendo límites al instructor: le ordenó excluir la investigación sobre el rescate de Globalia si no aparecían hechos nuevos, le tumbó la pretensión de hacerse con todos los correos enviados y recibidos por Gómez desde su cuenta institucional entre 2018 y 2025 por falta de proporcionalidad y ha anulado su intento de llevarla ante un jurado al considerar que no había indicios concluyentes y consistentes suficientes para dar ese paso.
Mientras tanto, dos años de portadas.
Y los jueces hacen —vaya si hacen—.
Desde hace años estamos viendo cómo la batalla política que se pierde en las Cortes continúa inmediatamente en los tribunales. Lo vimos literalmente en 2022, cuando el Partido Popular consiguió que un tribunal impidiera una votación que no podía ganar en el Parlamento. Lo vimos con la amnistía. Lo vemos con denuncias de organizaciones cuya actividad consiste en buena medida en judicializar la política. Y lo hemos visto ya en demasiados asuntos como para seguir fingiendo que cada uno ocurre en una habitación distinta y que es de pésimo gusto abrir las puertas y mirar el pasillo.
Por cierto, que en la vista sobre la Ley de Nietos el propio fiscal resumió bastante bien el asunto al acusar a Vox de presentar un «recurso contra todo» para «suspender todo el sistema». No es exactamente un peligroso bolchevique de Twitter diciendo que los jueces son fachas. Es el fiscal ante el Tribunal Supremo.
Esto no significa que los jueces reciban órdenes del Partido Popular. No digo eso —bueno, un poco sí—. No tengo ninguna prueba de que suceda y, francamente, tampoco hace falta para explicar lo que está pasando.
La derecha política española ha descubierto que perder unas elecciones o una votación parlamentaria no significa necesariamente perder la batalla. Siempre queda llevarla a los tribunales. Y para eso cuenta con asociaciones y partidos dispuestos a recurrir sistemáticamente cualquier decisión del Gobierno y con una judicatura que, por razones históricas, sociológicas e institucionales que quizá algún día deberíamos tener el valor de discutir sin que inmediatamente nos acusen de querer acabar con la separación de poderes, parece bastante dispuesta a convertirse en el terreno en el que esa batalla continúa.
Y las medidas cautelares son particularmente estupendas para esto.
Primero no votas.
Luego ya veremos si tenías derecho a votar.
Dentro de dos años, tres, cinco, cuando llegue la sentencia definitiva, podremos descubrir que efectivamente aquellas nacionalidades se concedieron conforme a Derecho, o que no, o que unas sí y otras no. Para entonces las elecciones para las que querían votar habrán pasado. El Derecho tiene estas cosas tan graciosas cuando los tiempos judiciales se encuentran con los tiempos políticos.
El Estado español examinó sus expedientes, dictó resoluciones, los inscribió en sus registros y les dijo que eran españoles. Después la Junta Electoral Central se negó a impedir que esos españoles ejercieran los derechos que corresponden a los españoles. Vox recurrió y el Tribunal Supremo ha decidido cautelarmente que no voten.
Feijóo ha tardado poquísimo en celebrarlo: «Teníamos razón».
Bueno.
No.
El Tribunal Supremo no ha dicho que tengan razón. Precisamente porque todavía no ha resuelto el recurso. Lo que ha dicho es que mientras decide si tienen razón, unos cuantos ciudadanos españoles no podrán votar.
Pero políticamente da igual. La fotografía está hecha. El titular está publicado. El supuesto pucherazo ha adquirido existencia y el objetivo inmediato está conseguido.
Ya llegará la sentencia. Dentro de dos años, cinco o diez. Y entonces sabremos si esos españoles tenían derecho a votar en unas elecciones que para entonces llevarán años celebradas.
El que pueda hacer, que haga.
Y vaya si hacen.