En 2015, Espa\u00f1a dio un paso que durante d\u00e9cadas se hab\u00eda considerado impropio de un sistema penal ilustrado: introdujo una pena de prisi\u00f3n permanente revisable, es decir, una cadena perpetua con otro nombre. Lo hizo sin grandes traumas, sin debate profundo y sin que la mayor\u00eda de la ciudadan\u00eda lo percibiera como una ruptura con los principios que hab\u00edan guiado el Derecho penal democr\u00e1tico desde la Transici\u00f3n. Fue, en efecto, una reforma silenciosa en lo jur\u00eddico, pero ruidosa en lo medi\u00e1tico, arrastrada por el dolor, el miedo y la emocionalidad colectiva.<\/p>\n\n\n\n
No estamos ante una reforma t\u00e9cnica m\u00e1s, sino ante el s\u00edmbolo m\u00e1s claro del giro conservador de la pol\u00edtica criminal espa\u00f1ola, que venimos sufriendo desde los a\u00f1os 80. Una victoria del populismo punitivo disfrazada de protecci\u00f3n social llevada en volandas por los medios e histeria de masas. Una muestra de hasta qu\u00e9 punto hemos normalizado renunciar a los valores ilustrados que en otro tiempo definieron nuestra identidad penal y que se hab\u00edan configurado como oposici\u00f3n a los principios que hab\u00edan configurado el derecho penal durante la dictadura.<\/p>\n\n\n\n
La Ley Org\u00e1nica 1\/2015, aprobada por el Gobierno del Partido Popular con mayor\u00eda absoluta, reform\u00f3 el C\u00f3digo Penal para introducir la prisi\u00f3n permanente revisable. La f\u00f3rmula era sencilla: una pena de duraci\u00f3n indefinida, sujeta a revisi\u00f3n judicial tras un n\u00famero m\u00ednimo de a\u00f1os (generalmente 25), solo para delitos \u00abexcepcionalmente graves\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En teor\u00eda, una soluci\u00f3n racional y moderada. En la pr\u00e1ctica, una cadena perpetua envuelta en papel de celof\u00e1n legal, dise\u00f1ada para satisfacer un clima social de angustia frente a cr\u00edmenes horribles. Su origen fue m\u00e1s emocional que jur\u00eddico: los casos de Mari Luz Cort\u00e9s, Sandra Palo, Marta del Castillo, entre otros, sirvieron como detonante perfecto para una reforma que habr\u00eda sido impensable d\u00e9cadas antes.<\/p>\n\n\n\n
El mensaje fue claro: hay personas que no merecen volver a la sociedad. La reinserci\u00f3n, principio constitucional, pas\u00f3 a segundo plano. Lo importante era garantizar que \u00abel monstruo\u00bb no volviera a salir. Como tantas veces en la historia del Derecho penal, el miedo fue m\u00e1s eficaz que cualquier argumento t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n
El cat\u00e1logo de cr\u00edmenes a los que se aplica la prisi\u00f3n permanente revisable es el espejo del nuevo Zeitgeist penal espa\u00f1ol. Nada sorprendente: asesinar a menores, cometer asesinatos m\u00faltiples, matar tras agredir sexualmente, matar como terrorista o matar a un jefe de Estado. Una colecci\u00f3n de horrores perfectamente escogida para que cualquier cr\u00edtica parezca una defensa de lo indefendible. \u00bfQui\u00e9n va a alzar la voz por los derechos del que mata a un ni\u00f1o tras violarlo? Nadie. El dise\u00f1o legal est\u00e1 blindado: su sola formulaci\u00f3n convierte cualquier cr\u00edtica en sospechosa de complicidad moral con el crimen. La pol\u00edtica criminal del siglo XXI se redacta con cortos del Programa de Ana Rosa, no con fundamentos.<\/p>\n\n\n\n
El proceso legislativo fue tan poco edificante como previsible. El Partido Popular la aprob\u00f3 en solitario, sin apoyo de ning\u00fan otro grupo parlamentario, pero sin una oposici\u00f3n lo suficientemente firme como para movilizar a la opini\u00f3n p\u00fablica. Los partidos contrarios alegaron que se trataba de una cadena perpetua camuflada, que contradec\u00eda la Constituci\u00f3n y la tradici\u00f3n humanista del Derecho penal espa\u00f1ol. Pero sus voces fueron r\u00e1pidamente acalladas por el ruido medi\u00e1tico y el temor a parecer blandos frente al crimen.<\/p>\n\n\n\n
En 2018 se intent\u00f3 su derogaci\u00f3n, con una proposici\u00f3n de ley impulsada por el PSOE. Fue admitida a tr\u00e1mite. Y luego, como tantas promesas, qued\u00f3 enterrada en la nada legislativa, disuelta por el oportunismo electoral y el c\u00e1lculo pol\u00edtico. Porque oponerse a esta pena no da votos. Los resta. Y en una democracia emocional, eso es suficiente para que nadie se atreva a tocarla.<\/p>\n\n\n\n
Hubo quienes lo intentaron. Diversos partidos y juristas presentaron recursos de inconstitucionalidad. Alegaron que la prisi\u00f3n permanente revisable atenta contra el principio de humanidad de las penas, rompe con el mandato constitucional de reinserci\u00f3n (art. 25.2 CE), genera inseguridad jur\u00eddica con criterios vagos como \u201cpeligrosidad social\u201d y representa, de facto, una cadena perpetua, inadmisible en un Estado democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n
Llegaron tarde. La sociedad ya hab\u00eda aceptado el nuevo paradigma: no importa si la pena es \u00fatil, racional o humanitaria; lo importante es que \u201cduela\u201d; que sea dura. Y si lo hace, entonces cumple su funci\u00f3n. Esa fue, en \u00faltima instancia, la l\u00f3gica que termin\u00f3 imponi\u00e9ndose.<\/p>\n\n\n\n
En 2021, el Tribunal Constitucional zanj\u00f3 el debate jur\u00eddico, al menos en lo formal: la prisi\u00f3n permanente revisable es constitucional. En su Sentencia 169\/2021, afirm\u00f3 que no se trata de una cadena perpetua porque incluye un mecanismo de revisi\u00f3n; que es proporcional para los delitos a los que se aplica; y que existe un procedimiento garantista para evaluar la reinserci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Lo que el Tribunal no abord\u00f3 \u2014porque tal vez no pod\u00eda\u2014 fue el fondo del asunto: que la norma representa un cambio de paradigma penal. Una renuncia al modelo ilustrado de la pena como herramienta de reinserci\u00f3n, en favor de un nuevo modelo de pena defensiva, perpetua y retributiva, que no aspira a recuperar al delincuente, sino a neutralizarlo de por vida.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia fue impecable en lo t\u00e9cnico. Y profundamente decepcionante en lo jur\u00eddico-filos\u00f3fico.<\/p>\n\n\n\n
Quiz\u00e1s lo m\u00e1s inquietante de todo este proceso no es la ley en s\u00ed, sino la tranquilidad con la que fue aceptada. La sociedad espa\u00f1ola, otrora orgullosa de su sistema penal garantista, aplaudi\u00f3 esta reforma como un acto de justicia po\u00e9tica. El dolor colectivo, amplificado por los medios, pidi\u00f3 venganza. Y la pol\u00edtica se la dio.<\/p>\n\n\n\n
Hubo muy poca resistencia. Ni movilizaci\u00f3n ciudadana, ni campa\u00f1as sostenidas desde la academia, ni una defensa firme del modelo penal ilustrado. La defensa de los principios fue sacrificada en el altar de la eficacia emocional. Al fin y al cabo, \u00bfQui\u00e9n va a salir a la calle para pedir que un asesino de ni\u00f1os tenga derecho a reinsertarse?<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed se consolid\u00f3 el nuevo consenso punitivo: no hay margen para el matiz cuando el crimen se convierte en espect\u00e1culo. La prisi\u00f3n permanente revisable no es solo una pena: es un s\u00edmbolo. Y como todo s\u00edmbolo, vive m\u00e1s en el imaginario colectivo que en el debate jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
Con la introducci\u00f3n de esta pena, Espa\u00f1a ha perdido algo m\u00e1s que un principio jur\u00eddico. Ha perdido una oportunidad de resistir la deriva punitivista que recorre todo el mundo. Ha perdido el valor de explicar a la ciudadan\u00eda que un sistema penal democr\u00e1tico no se construye sobre el miedo, sino sobre la raz\u00f3n. Y, sobre todo, ha perdido la fe en la idea de que incluso los peores criminales merecen ser tratados como seres humanos.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, el Derecho penal espa\u00f1ol es m\u00e1s largo, m\u00e1s duro y m\u00e1s simb\u00f3lico. Pero tambi\u00e9n es menos ilustrado, menos racional y m\u00e1s emocional. Y eso, aunque no d\u00e9 titulares, es una derrota silenciosa para el constitucionalismo penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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